Nueve niños en casa del PANI: ‘No nos dejen, aquí nos pegan’
Dos ‘tías’ investigadas por maltrato físico a chiquitos de 7 a 12 años en un albergue
Otra hecho grave pone en la mira al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Dos funcionarias de un albergue en Cartago figuran como sospechosas de maltrato físico y psicológico contra nueve menores a su cargo, de entre 7 y 12 años.
La Fiscalía Adjunta de Cartago logró que se ordenaran medidas cautelares contra las sospechosas.
Así, por mandato del Juzgado Penal, ellas no podrán acercarse a las víctimas ni al albergue, además no podrán ser reinstaladas en ningún otro casa de cuido del PANI, durante todo el tiempo que se alargue la investigación.
Son dos trabajadoras de las llamadas “tías”, de apellidos López Castillo y Cruz Ruiz, quienes afrontan una investigación por la presunta comisión de los delitos de abuso o incumplimiento de patria potestad
Los hechos fueron descubiertos en una inspección sorpresa de la Defensoría de los Habitantes en uno de esos centros hogares temporales en Cartago. La visita tenía la intención de verificar las condiciones y la atención a los menores.
En esa gestión, personal de la Defensoría entrevistó a niños quienes revelaron los presuntos maltratos e incluso pidieron a los visitantes no dejarlos solos.
De inmediato, se informó al Ministerio Público y se solicitó la asistencia de agentes del Organismo de Investigación Judicial para las diligencias que culminaron con las detenciones y la apertura de la causa judicial.
“Ese día nos dijeron: ‘ No nos dejen solos aquí’, cuando preguntamos por qué, respondieron: ‘Es que aquí nos pegan’, relató la defensora de los habitantes, Catalina Crespo.
“Inmediatamente, llamé a la fiscala general (Emilia Navas). No los dejamos solos, nos quedamos ahí hasta que llegó la Fiscalía y hasta que llegaron las tías nuevas que mandó el PANI”, añadió Crespo.
Los menores también relataron que los dejaban sin merendar o sin comer, y los mandaban a dormir temprano, incluso, durante el día.
Crespo narró que las funcionarias no mostraron ninguna sorpresa con la inspección, pues aparentemente había un WhatsApp mediante el cual les informaron que el personal de la Defensoría llegaría a los albergues y “de alguna forma, estaban preparadas”.
Ante el caso, el PANI aseguró que tomó acciones en favor de los niños para “garantizar su protección y darles el acompañamiento y contención necesaria”.
Medidas administrativas. Contra las funcionarias, ordenó la apertura de un proceso disciplinario y el dictado de medidas cautelares vía administrativa, al tiempo que garantizó acompañamiento y colaboración con las autoridades judiciales.
“Vamos a ser enérgicos y actuar con la firmeza que se requiere para erradicar cualquier tipo de agresión hacia la niñez y la adolescencia y, mucho menos, permitir que a lo interno se den estas situaciones, donde no tiene cabida ningún tipo de violencia o trato degradante contra nuestra población.
”He dado órdenes para iniciar el proceso administrativo y facilitar el proceso judicial”, informó la nueva presidenta ejecutiva del PANI, Gladdys Jiménez.
La fiscala Navas anunció una nueva oficina adjunta para atender casos de maltrato contra menores ante lo que calificó como un agravamiento del fenómeno en últimos años.
“A lo largo de todos mis años de trabajo en el Ministerio Público, he visto casos similares, parecidos o más graves pero lo que impresiona son los niveles de violencia y número de casos que han tenido lugar en los últimos cinco años, en particular en el 2019”, explicó.
La reacción del Ministerio Público, agregó, es la creación desde el pasado 6 de enero de una fiscalía adjunta para atender de manera prioritaria y particular este tipo de fenómeno criminal.
“Estoy impulsando ya todas las gestiones ante la Unidad Administrativa del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para que se empiece a trabajar el próximo 10 de abril”, recalcó.
La creación de esa fiscalía adjunta sobrevino luego de una actualización de datos estadísticos de maltrato a menores recabados por la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Fiscalías.
Esos datos revelan que, desde el año 2014, en todo Costa Rica se atendieron 8.300 casos de agresiones contra menores.
La denuncia llega en la misma semana en que el Patronato estrena jerarca.
Ella es Gladys Jiménez, abogada y educadora proveniente de la Defensoría de los Habitantes, quien llegó en sustitución de Patricia Vega quien dejó el cargo el 16 de enero en medio de fuertes críticas hacia la entidad y su estilo de manejo en ellas.