Reo rebelde inscrito como candidato a vicealcalde
Le achacan peculado en la construcción de un parque local
Un hombre al que la justicia no ha podido localizar, pese a que lo declaró reo rebelde y emitió una orden de captura en su contra, está inscrito como candidato a vicealcalde del cantón de Abangares, por el Partido Liberación Nacional (PLN) para las elecciones de mañana.
Se trata del exintendente del Concejo de Distrito de Colorado de Abangares, Juan Luis Matarrita Gómez, a quien la Fiscalía atribuye los delitos de peculado e influencia contra la hacienda pública, por presuntas anomalías en la construcción de un parque con fondos donados por China en el 2008.
En ese año, la obra se gestó, planeó y adjudicó en menos de cinco meses por un monto de ¢100 millones, dinero que hoy equivale a unos ¢157 millones.
Las labores se ejecutaron en octubre del 2008. Sin embargo, hubo atrasos y la remodelación fue entregada, con evidentes deficiencias, el 30 de junio del 2009.
Un informe de la Contraloría General de la República develó las pifias y permitió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción sustentar la investigación penal que se tramita en el expediente 09201106-0413-PE.
Para la Fiscalía, durante la construcción del parque, se autorizaron pagos por obras que no se realizaron.
Sin embargo, una posible extinción de la acción penal se podría traer abajo la investigación judicial.
Luego de 10 años de pesquisas, el 18 de junio del 2019, el Ministerio Público presentó una acusación por supuesta corrupción contra Matarrita Gómez, un arquitecto de apellidos González Chaves y contra un empresario apellidado Sancho Rojas.
A ellos se les atribuyeron siete delitos de peculado, hecho que acarrea de tres a 12 años de cárcel por la distracción o sustracción bienes públicos.
Además, al exintendente Matarrita lo vinculan con un delito de influencia contra la hacienda pública, es decir, influir en un resultado que lesione recursos públicos, lo que es castigado con dos a ocho años de prisión.
En tanto, a González y a Sancho también les achacaron un delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, o sea, falsear la información sobre la ejecución de una obra pública, lo que también es penado con dos a ocho años.
La Nación trató de localizar a Matarrita, pero no aparecen registros telefónicos a su nombre, sin embargo, él se refirió al caso en una carta enviada a su partido. (Ver nota aparte). Anteayer, la oficina de Prensa de la Fiscalía confirmó que Matarrita Gómez no ha sido ubicado por la Policía Judicial y que se mantiene vigente la orden de captura girada en su contra.
Lleno de obstáculos. El proceso penal empezó a tener tropiezos el 3 de setiembre del 2019 cuando el Juzgado Penal de Hacienda determinó que al imputado Matarrita Gómez no se le podía localizar y no atendía los llamados de las autoridades.
La jueza penal, Carolina Castro Salazar, decidió declararlo reo rebelde al tiempo que emitió una orden de captura para el exintendente.
Al día siguiente, la misma jueza, al analizar el expediente con la finalidad de determinar si el asunto era elevado a juicio, encontró que la acción civil presentada por la Contraloría General de la República no fue notificada a los demandados, lo cual constituía una lesión al derecho de defensa.
Asimismo, hizo ver que, desde el 28 de noviembre del 2013, el exintendente no cuenta con defensor y tampoco se le notificaron la querella ni las acciones civiles. Debido a lo anterior, declaró una actividad procesal defectuosa para subsanar las deficiencias.
Además, resolvió devolver el expediente al Ministerio Público para que corrija los defectos y que, incluso, separe del expediente principal a Matarrita Gómez, con el fin de evitar alguna posible prescripción de la acción penal.
La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que la Fiscalía de Cañas está subsanando los defectos y espera de que el Organismo de Investigación Judicial o la Fuerza Pública de Abangares detengan al exintendente.