Relaciones impropias
Uno de los más significativos avances en materia de protección de los derechos de los niños y adolescentes, de la legislatura del 2014-2018, fue la aprobación de la reforma que penaliza las relaciones impropias. Este instrumento legal castiga, aunque sean consentidas, las relaciones sexuales entre una persona mayor de edad y una con más de 15 años, pero menor de 18. La razón de dicha protección es que el menor o la menor, por su madurez, no está en capacidad de tomar una decisión de esa naturaleza cuando, además, existe tal diferencia de edad, madurez y, si se quiere, de control por parte de la persona mayor.
Como muchas veces sucede cuando se produce la aprobación de este tipo de proyectos, existió una fuerte oposición no directa, quizás la única que sí lo hizo fue la bancada libertaria, que, pese a que todos los estudios técnicos recomendaban una diferencia de cinco años entre la persona mayor de edad y la menor, se empeñó en que fuese de siete años. Los legisladores que apoyaban la propuesta debieron sopesar entre promulgar una ley imperfecta, con una diferencia de años distinta a la recomendada, o dejar pasar la oportunidad de aprobar un necesario instrumento de protección para nuestros menores bajo la máxima de que muchas veces “lo perfecto es enemigo de lo posible”. Tratándose de una ley, sorprende cómo un partido mantiene un candidato que ha incurrido en una relación impropia, argumentando que es una práctica en el área geográfica donde vive, ¡horror de horrores! Y si esto no fuera criticable, peor parado ha quedado el Poder Judicial porque su inacción permitió que una situación de estas se diera, y alegó que la menor no se había presentado a declarar.
Lo triste es que solo debido a la presión pública tanto el PANI como el Ministerio Público actuaron finalmente y el candidato renunció. La pregunta es qué pasará con los otros ocho casos mencionados por la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, ¿se actuará con igual “diligencia”? Aplaudo la decisión de la diputada Zoila Volio de renunciar a su partido por la defensa del orden legal y la inaceptable desprotección de la menor por su agrupación política. Y a los tribunales les digo: tenemos todos la obligación de proteger a nuestros menores.