La Nacion (Costa Rica)

Cobro al PAC por estafa al Estado podría aumentar en ¢163 millones

- Rebeca Madrigal Q. rebeca.madrigal@nacion.com

La condena civil al Partido Acción Ciudadana (PAC) por estafar al Estado podría aumentar en ¢163 millones, luego de que el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José aceptó parte de la apelación presentada por la Procuradur­ía General de la República (PGR).

Así lo informó este viernes la oficina de prensa de la Procuradur­ía.

La entidad apeló la sentencia que, en diciembre del 2016, estableció que autoridade­s de la agrupación oficialist­a eran responsabl­es de haber estafado al Estado por ¢353 millones, al haber cobrado 179 contratos falsos de servicios especiales, luego de las elecciones del 2010.

El reclamo de la PGR busca que se declare con lugar la demanda civil por otros 81 contratos de servicios especiales.

El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal ordenó un reenvío de la resolución al Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, para una sustanciac­ión.

El Tribunal Penal había condenado al PAC y a dos de sus personeros por aproximada­mente ¢353 millones. A ese monto hay que sumar intereses y costas personales, que en primera instancia ascendían a unos ¢250 millones.

Esta sentencia fue impugnada por la PGR ante el Tribunal de Apelación, donde se reclamó que el juzgado penal se había equivocado al excluir 81 contratos del monto de la condena. En diciembre del 2017, se resolvió elevar la condena a ¢516 millones.

No obstante, el PAC apeló ante la Sala III y allí se ordenó al Tribunal de Apelación, en setiembre del 2016, revisar su última resolución.

Ahora, el Tribunal de Apelación resolvió que el recurso que había presentado la PGR llevaba razón en cuanto al reclamo del aumento de la condena y ordenó un juicio de reenvío, para que nuevamente un tribunal penal revise el aumento solicitado por la PGR y se evalúe la firmeza del cobro por ¢516 millones.

Randall Aguirre, procurador penal a cargo del caso, explicó que el proceso no requiere la presentaci­ón de prueba documental ni testimonia­l.

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MAYELA LÓPEZ En la foto, la fiscal Greysa Barrientos Núñez y el procurador Randall Aguirre.

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