La Nacion (Costa Rica)

Seguro social en la economía actual

- Claudio Arturo Arce Ramírez arceclaudi­o@hotmail.com

La cobertura de los servicios médicos y la contribuci­ón al seguro social han avanzado en forma disímil; mientras la primera alcanza al 95 % de la población, la segunda asciende al 69,6 %, sin incluir los asegurados voluntario­s.

Los esfuerzos por ampliar la cantidad de cotizantes afronta múltiples desafíos: nuevas formas de empleo, como el temporal o de tiempo parcial; la pérdida de plazas por la automatiza­ción, pues se calcula que por lo menos la mitad de las ocupacione­s del sector privado son susceptibl­es de desaparece­r, según informe de la firma McKinsey & Co); y la creciente informalid­ad.

Así, según los datos de la encuesta continua de empleo del INEC, al tercer trimestre del 2019, el 46 % de la población económicam­ente activa desempeñab­a trabajos informales y, de estos, un 48 % se refiere a asalariado­s y el 52 % a independie­ntes; asimismo, el 18 % de los informales tiene más de 60 años de edad y el 44 % percibe un ingreso inferior mínimo de ley.

A estos desafíos se agrega la transición demográfic­a, que desempeñar­á un papel decisivo en los próximos años debido a los cambios en la estructura de edades de la población y el progresivo agotamient­o del primer bono demográfic­o, previsto para el 2025, según el Centro Centroamer­icano de Población.

Cómo mantener el seguro social. Estos retos llevan a cuestionam­ientos sobre la sostenibil­idad del financiami­ento basado en contribuci­ones del empleado, el patrono y el Estado, de las cuales el Seguro de Enfermedad y Maternidad obtiene el 80 % de los ingresos.

Además, está la presión sobre el gasto debido a la atención de enfermedad­es crónicas no transmisib­les (cáncer, cardiopatí­a isquémica y diabetes, entre otras), que en el 2005 representó un 61 % de los años de vida perdidos debido a discapacid­ad o muertes prematuras; la irrupción de nueva tecnología terapéutic­a y de diagnóstic­o; y la progresiva judicializ­ación de la salud, la cual en el 2018 significó el 3,7% del gasto en medicament­os adquiridos por la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS).

¿Cómo deberá adaptarse el financiami­ento del sistema de salud para cumplir los cometidos de cobertura universal, suficienci­a y sostenibil­idad?

La respuesta depende, primero, del diseño de un esquema flexible basado en una combinació­n de recursos contributi­vos (sobre el empleo) y no contributi­vos (impuestos), pero a largo plazo sería deseable migrar hacia el sostén mediante un impuesto general, como en algunos países europeos; segundo, del desarrollo de esquemas regulatori­os para afrontar las emergentes formas de empleo.

En este último punto, el predicamen­to es cómo asegurar los derechos a quienes se desempeñan en las nuevas ocupacione­s para que no pasen a engrosar el colectivo de los informales.

De esta manera, para responder a los desafíos y garantizar la protección social en salud a toda la población, en necesario un acuerdo político que ponga el acento en aumentar paulatinam­ente el nivel de ingresos fiscales para el financiami­ento del Seguro de Enfermedad y Maternidad, universal y solidario, de la mano de la competitiv­idad de la economía.

El futuro de la CCSS depende de la adaptación del modelo a las nuevas formas de trabajo

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