Bolsonaro abre tierras indígenas a la minería con polémico proyecto de ley
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, multiplica iniciativas para construir lo que él llama “la Amazonía de sus sueños”, incluyendo un proyecto de ley que abre las tierras indígenas a la minería. Por su parte, los defensores del medio ambiente y de los pueblos originarios denuncian que se avecina una “pesadilla”.
Otras medidas, como la polémica designación del misionero evangélico Ricardo Lopes Dias, para ocuparse de asuntos relacionados con los indígenas aislados, muestran el deseo de Bolsonaro de avanzar con una agenda que mezcla los intereses de sectores del agronegocio con los de grupos ultraconservadores.
“Espero que ese sueño (...) se concrete. El indígena es un ser humano exactamente igual a nosotros, tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo, tiene necesidades, y es tan brasileño como nosotros”, dijo Bolsonaro al presentar este miércoles su proyecto de ley.
“Su sueño, Bolsonaro, es nuestra pesadilla y nuestro exterminio, porque la minería trae muerte, enfermedades, miseria y acaba con el futuro de nuestros hijos”, afirmó Sonia Guajajara, coordinadora de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
La determinación de Bolsonaro muestra que las críticas dentro y fuera de Brasil por la multiplicación de los incendios y el aumento de la deforestación no le han hecho efecto.
“Vamos a sufrir presiones de los ambientalistas. A esa gente ligada al medio ambiente, si un día pudiese, los confinaría en la Amazonía, ya que les gusta tanto el medio ambiente”, ironizó el mandatario, quien cree que en reclamos como estos, se esconden una serie de conspiraciones extranjeras para apoderarse de las riquezas de Brasil.
El proyecto de ley, que debe ser aprobado por el Congreso, es presentado como una reglamentación del artículo 231 de la Constitución, que trata del aprovechamiento de los recursos hidráulicos (energéticos) y de la búsqueda y extracción de riquezas minerales en tierras indígenas.
La falta de reglamentación, argumenta el gobierno, no ha hecho más que alentar “la inseguridad jurídica” y las actividades económicas ilegales.
Algunos puntos de ese proyecto prevén el “pago de indemnizaciones a las comunidades indígenas afectadas por la restricción del usufructo de sus tierras”, la “autonomía de los pueblos indígenas” para actividades mineras y la búsqueda de “consentimiento” de las comunidades locales para que terceros puedan llevar a cabo esas mismas actividades.
El gobierno también anunció este jueves una exclusión de representantes de la sociedad civil en el Fondo Nacional del Medio Ambiente (FNMA), que tiene un papel de estimulación de actividades económicas sostenidas.
Estas medidas “no son inesperadas, porque el gobierno actúa desde su inicio de forma distinta de lo que se venía haciendo, comprometiendo los intereses de los indígenas y de la preservación ambiental”, dijo a la AFP el exviceministro de Medio Ambiente y director del Instituto Democracia y Sustentabilidad, Joao Paulo Capobianco.