Legisladores avalan fondos para quienes pierdan su empleo
Así se usaría
Los diputados aprobaron este sábado un crédito por $500 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina para atender la emergencia del covid-19.
La iniciativa tuvo 46 votos afirmativos y solamente uno en contra, el del independiente Erick Rodríguez Steller.
Se trata de una línea de financiamientio que estaba dirigida a la deuda pública, pero que ahora será parte de una estrategia del Gobierno para destinar ¢1 billón (un millón de millones de colones) a la alerta sanitaria.
Los fondos se utilizarán, entre otros, para atender personas que pierdan sus empleos debido al coronavirus, empleadores y trabajadores independientes cuyos negocios se vean afectados y para apoyar a la CCSS en la compra de insumos y equipo.
Tras una intensa discusión de las fracciones parlamentarias sobre si se debía darle o no al Poder Ejecutivo tantos recursos, la iniciativa alcanzó un acuerdo.
Antes del primer debate, se desechó una moción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque de diputados independientes Nueva República, que pretendía limitar el dinero para atender la emergencia a un 40% del total del crédito.
La modificación que sí se aprobó fue una promovida por las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Acción Ciudadana
La ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, detalló ayer a los diputados las necesidades del plan para combatir la emergencia provocada por el covid-19 y los puntos específicos en que se podrán usar los $500 millones:
* Atención de personas que pierdan, disminuyan o vean suspendido sus empleos por el nuevo coronavirus.
* Atención de empleadores y trabajadores independientes que vean afectado negativamente su negocio.
* Apoyo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la compra de insumos y equipo necesario para la atención de la emergencia.
* Apoyo a los programas sociales que vean afectado su flujo de recursos por la baja actividad económica, a causa del covid-19.
* Pago o reestructuración en condiciones más favorables de la deuda del Estado.
* Políticas activas de empleo.
(PAC) para que la iniciativa incluya el permiso para “financiar la respuesta del Estado costarricense a la emergencia nacional provocada por el virus covid-19”.
Además, se estableció una obligación al Ministerio de Hacienda de presentar presupuestos extraordinarios, donde se indiquen claramente los destinos en que los que el Poder Ejecutivo empleará los fondos.
A la vez, la nueva redacción del artículo 2 del expediente 21.449 establece sanciones por la utilización de esos recursos con fines distintos a los expresados en la propuesta.
El plazo del crédito es de 18 años contados a partir de la fecha de entrada en rigor del contrato, con un periodo de gracia de tres años y 15 para la amortización.
La iniciativa aún no tiene fecha para su votación en segundo debate, pues el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, señaló que se definirá en el momento en que los diputados sesionen extraordinariamente la próxima semana, en el Museo de los Niños.
Combate a pobreza. Los congresistas también tomaron la decisión de dispensar de todos los trámites el proyecto de Ley para Fortalecer el Combate a la Pobreza Extrema, con el cual buscan destinar los recursos provenientes de las pensiones de lujo a las pensiones de la población más pobre.
La iniciativa, originalmente, establece modificaciones al destino de los dineros del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), con tal de liberar de amarras los destinos que actualmente la ley fija para el combate de la pobreza.
Se trata de una iniciativa que modifica los destinos específicos que actualmente tiene el Fodesaf, con el fin de hacer más flexible el reparto de los dineros para la población más pobre del país.