Emergencia desnuda incapacidad de AyA ante desperdicio de agua
Por años no logró solucionar fugas y conexiones ilegales
En promedio, en Costa Rica el 50% del agua que produce el sistema de acueductos no se contabiliza debido a fugas, tomas ilegales, abastecimiento de precarios que no pagan factura y atención de emergencias como incendios.
Esa información no es noticia nueva, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) lo sabe desde hace más de una década. Sin embargo, la emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus que también afecta a Costa Rica, desnudó la incapacidad de esa entidad para resolver el problema, evitar racionamientos y mejorar la distribución del líquido vital.
Desde 2015, el AyA consiguió un crédito con el banco alemán KFW por $130 millones para desarrollar el proyecto Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) y bajar el porcentaje de líquido no registrado al 33%.
La obra incluye un diagnóstico para precisar los sitios de fugas, sustituir 700 kilómetros de tuberías, reorganizar el sistema de acueductos, instalar reguladores de presión para medir en tiempo real las filtraciones, aumentar el número de medidores inteligentes y colocar válvulas automáticas para controlar los caudales desde un centro de monitoreo.
Cinco años después, RANC solo tiene un avance físico del 19% y de ejecución financiera de un 5%.
Según la presidenta ejecutiva del Instituto, Yamileth Astorga, con la reducción del agua no contabilizada y la ampliación del sistema de acueducto metropolitano quedarían en el olvido los racionamientos de agua que padecen 14 cantones del centro del país; esos cortes afectan, en medio de la crisis por el covid-19, a más de 300.000 personas.
Al ritmo que va, el Instituto estima que RANC estaría finalizado en 2023.
¿Por qué avanza tan lento si es tan importante?
Astorga afirma que el financiamiento con los alemanes se gestionó por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica y eso los obliga a pasar por un doble filtro. Ese requisito atrasó principalmente la conformación de la unidad ejecutora, la elaboración de los términos de referencia, la publicación de la licitación internacional y la adjudicación de la obra.
“Se tardó mucho, fue una mala experiencia ese modelo de pasar por dos bancos (...) eso fue muy lento, para mi gusto fue lentísimo”, enfatizó la jerarca del AyA.
Además, argumentó que para contratar a los 50 funcionarios de la unidad ejecutora tuvieron que pasar por la aprobación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, del Ministerio de Hacienda.
Esos 50 funcionarios le cues