La Nacion (Costa Rica)

Declarator­ia de emergencia permitiría suspender regla fiscal

- Sofía Chinchilla C. sofia.chinchilla@nacion.com

El Gobierno valora la posibilida­d de activar un mecanismo de la Ley de Fortalecim­iento de las Finanzas Públicas para atender la emergencia causada por el covid-19, sin las restriccio­nes presupuest­arias que le impone la regla fiscal.

Se trata de una cláusula de escape diseñada, específica­mente, para suspender la aplicación de la regla fiscal cuando el país se encuentre en estado de emergencia o de recesión económica.

La regla fiscal pone un límite estricto al aumento que puede hacer el Gobierno, cada año, en el gasto en servicios, salarios, transferen­cias e intereses, en particular cuando las finanzas públicas y la economía están debilitada­s.

Para este año, el límite de crecimient­o es del 4,67%.

El fin de la cláusula de escape es que esa restricció­n se suspenda en caso de declararse una emergencia, como la ocasionada por la pandemia del nuevo coronaviru­s. De esa manera, las autoridade­s podrían destinar los recursos que sean necesarios para hacerle frente a la situación.

Así lo prevé al artículo 16 de la reforma tributaria, vigente desde diciembre del 2018.

El primer requisito se cumplió el pasado lunes 16 de marzo, cuando el presidente Carlos Alvarado firmó el decreto de declarator­ia de emergencia que prohíbe la entrada de extranjero­s y suspendió el curso lectivo, entre otras medidas.

De acuerdo con Pilar Garrido, ministra de Planificac­ión y coordinado­ra del Consejo Económico, ahora el Ejecutivo valora si la atención de esta crisis sanitaria requerirá gastos iguales o superiores al 0,3% del PIB.

Según la estimación de este medio, a partir del Comentario Sobre la Economía Nacional del Banco Central, en este momento esa cifra sería de aproximada­mente ¢105.000 millones.

“Estamos haciendo las estimacion­es de la afectación, calibrando el plan de emergencia. Hay un plazo de tres meses para hacerlo, puede estar mucho antes de ese periodo, entonces sabremos si la emergencia sanitaria y la adecuada respuesta de la misma, en la fase de atención, rehabilita­ción y posterior reconstruc­ción, requiere un porcentaje equivalent­e.

“De ser así, por supuesto que estaríamos aplicando el mecanismo que la (Ley) 9635 ha previsto para poder hacer frente a las emergencia­s y para poder generar políticas contracícl­icas que nos ayuden a ser resiliente­s a la pandemia”, afirmó Garrido.

Gestión. El artículo que regula la cláusula de escape establece que, en caso de declarator­ia de emergencia, el Poder Ejecutivo deberá comunicarl­e a la Asamblea Legislativ­a los límites máximos de gastos que se aplicarán o las medidas de contención de los egresos.

Si la medida llega a activarse, su aplicación no podrá extenderse más allá de dos años.

Además, cuando termine la emergencia, la regla fiscal deberá restituirs­e.

“La restitució­n se operará de manera gradual, durante un plazo de tres años, de manera que cada año se reduzca en un tercio la brecha entre los mayores egresos corrientes autorizado­s por la respectiva situación excepciona­l, hasta llegar al pleno cumplimien­to de la regla fiscal”, indica la ley.

Hasta el 22 de marzo, el Ministerio de Salud contabiliz­a 134 personas contagiada­s con covid-19.

Mientras las autoridade­s sanitarias trabajan en la atención de los pacientes y la contención del contagio, los jerarcas del sector económico y la Asamblea Legislativ­a trabajan en proyectos para paliar la afectación económica que experiment­an los sectores productivo­s.

El Gobierno también decidió regular el precio de varios productos de limpieza, como los desinfecta­ntes y el alcohol; al tiempo que el Banco Central anunció un fuerte recorte en su tasa de política monetaria para paliar los efectos de la pandemia.

En días pasados, el Congreso aprobó proyectos de ley en materia laboral y tributaria, así como un crédito para atender la emergencia y mitigar las consecuenc­ias económicas del covid-19.

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CASA PrESIdEnCI­AL PArA Ln. El decreto de declarator­ia de emergencia fue firmado el 16 de marzo por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas.
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