Funcionarios critican ‘trabas’ de Justicia para el teletrabajo
››al 20 de marzo, esta institución había dado tal beneficio a solo 133 personas
La emergencia nacional que se vive por el nuevo coronavirus provocó que el gobierno obligara a todas las entidades públicas a organizar el teletrabajo con su personal.
Con base en lo indicado en la directriz N.° 073-S-MTSS, emitida el 9 de marzo, el Ministerio de Justicia y Paz supera el centenar de autorizaciones. Empero, más funcionarios buscan acogerse a esa modalidad de trabajo para, entre otras cosas, evitar la propagación del covid-19.
Tal es el caso de Manuel Delgado, quien labora en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, en Heredia. Según indicó, él solicitó trabajar desde su casa desde el 16 de marzo, debido a que reúne los requisitos para poder acogerse a dicha modalidad.
Mencionó que la viceministra Viviana Boza le concedió el permiso; sin embargo, luego se lo denegaron. Se intentó conocer la razón, pero la oficina de prensa de ese ministerio solo indicó que son decisiones de la jefatura.
Esa poca flexibilidad de Justicia, pese a la emergencia nacional, queda demostrada también en los datos: ante una consulta de este medio, la oficina de prensa informó de que, hasta el viernes 20 de marzo, solo 133 personas gozaban de ese beneficio.
Esa cifra es mínima si se considera que solamente en las 21 cárceles del país trabajan casi 1.500 personas, entre administrativos y técnicos. De estos datos se excluyen los cerca de 2.700 policías penitenciarios que hay, puesto que es un servicio esencial.
A esos 1.500 funcionarios debe sumarse el personal de oficinas centrales de la cartera, del Viceministerio de Paz, el Instituto Nacional de Criminología (INC), el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes Construcciones (PCIAB) y la Dirección de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana (Digepaz), entre otras entidades adscritas.
Se intentó conocer cuántos empleados públicos laboran para esa institución, pero al cierre de esta edición, la oficina de prensa dijo que no tenía los datos y que se acogería al plazo que otorga la ley (10 días hábiles) para responder.
Unos cuantos. Una de las quejas de los funcionarios es que la mayoría de personas que puede hacer teletrabajo es de oficinas centrales.
Eso consta, también, en la lista facilitada por la oficina de prensa puesto que, por ejemplo, 22 de los funcionarios con teletrabajo laboran en el PCIAB; 15 son de informática; 10 están en los despachos de la ministra o viceministras; y nueve son de recursos humanos, entre otros.
Algunos de esos ya trabajaban desde la casa mucho antes de que llegara el nuevo coronavirus al país.
En cambio, el personal de las cárceles que pudo optar por esta modalidad son solo 17 personas, distribuidos entre las prisiones Vilma Curling (exclusiva de mujeres), Jorge de Bravo (Cartago), Antonio Bastida de Paz y la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi (ambas en Pérez Zeledón) y la Jorge Arturo Montero y la Gerardo Rodríguez Echeverría, las dos en Alajuela.
En la información solicitada no se explica cuáles son las funciones que realizan estas personas dentro de esos centros penales.
En la Unidad de Monitoreo, siete funcionarios pudieron librarse de ir hasta la institución, mientras que en el régimen semiinstitucional, solo tres (dos de San José y uno de Pérez Zeledón).
A raíz del poco acceso al teletrabajo, se le consultó a Justicia, desde el 19 de marzo, que, más allá del lavado de manos, cuáles protocolos tenían para que los funcionarios que trabajan en las cárceles del país no se contagien. No se obtuvo respuesta.
Se intentó obtener un criterio del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, ente adscrito a la Defensoría de los Habitantes, pero tampoco se pronunciaron.
Gran preocupación. Esa poca facilidad de teletrabajo mantiene preocupados a muchos funcionarios, principalmente los del área de Trabajo Social y Orientación.
En una carta firmada por Alexandra Espinoza y Melissa González, coordinadora de Trabajo Social y encargada de Orientación de la cárcel La Reforma, respectivamente, se le solicita a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, suspender y reprogramar las visitas de campo y entrevistas a familiares de los reclusos.
Lo anterior, porque consideran que va en contra del aislamiento social que pide el gobierno y porque estar trasladándose de un lugar a otro los expone a mayor riesgo.
“Estas funciones ponen en riesgo a las y los profesionales, personal de seguridad, población privada de libertad, familiares de los privados y familiares del personal en Trabajo Social”, dijeron las funcionarias en el escrito, del cual La Nación tiene copia.
Además, solicitaron saber si se ha “considerado alguna forma alterna de teletrabajo, que fomente la prevención del contagio a la población por medio de las funcionarias”.
Sin embargo, trascendió que, hasta este lunes, no han recibido respuesta sobre este tema por parte de la jerarca.
Este pronunciamiento es respaldado por el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, el cual indicó que era importante suspender las visitas domiciliares y los trabajos de campo para evitar contagios. Esa misma institución instó a que se valorara cuáles puestos eran teletrabajables.