El derecho a reparar
Por una vez, después de muchos años de estar sumidos en un desenfrenado estilo de vida, el coronavirus nos ha obligado a parar en seco. Hoy, hay más tiempo para leer, reflexionar y descubrir.
Vemos cómo la reducción del número y la frecuencia de vuelos entre distintos destinos, así como del tráfico vehicular en algunas ciudades, ha bajado el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos no solo malas noticias, sino también buenas.
Otra es el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular publicado el 11 de marzo por la Comisión Europea, el cual facilitará que los productos en Europa sean cada vez más reciclables y reparables, y diseñados para durar. Aunque la transformación está ocurriendo al otro lado del Atlántico, vale la pena preguntarse si la propuesta nos favorecerá en el futuro.
El mercado europeo proporciona una masa crítica capaz de sentar las pautas mundiales en materia de sostenibilidad de los productos. No sería la primera ocasión en que una iniciativa europea repercute en otras latitudes.
La directriz europea RoHS, del 2003, limita la cantidad de plomo, cadmio, níquel y otras sustancias tóxicas incorporadas a productos eléctricos y electrónicos comercializados en países de la Unión y ha conducido a cambios en las características de estos productos a escala mundial. Es fácil suponer que las directrices surgidas a partir del plan tendrán un futuro similar.
El plan reta el modelo lineal económico de tomar, hacer, usar y descartar, y trabaja sobre uno circular, el cual toma en cuenta el ciclo
de vida de los materiales y procura optimizar el uso y reducir los residuos. Trata dos interrogantes: cómo están hechas las cosas que compramos y cómo hacer para que estas duren más.
Ajustar los hábitos. La justificación es irrefutable: solo tenemos una Tierra, pero, según datos de las Naciones Unidas, si no cambiamos drásticamente, en el 2050, el consumo mundial será el equivalente al de tres planetas. Por tanto, debemos dejar de satisfacer necesidades o deseos de la misma manera.
Estamos habituados a la lógica de un mercado que acostrumbra a las personas a consumir constantemente. Hemos permitido el diseño no para perdurar, sino para comprar con frecuencia.
El comportamiento se relaciona con la obsolescencia programada, concepto acuñado hace más de un siglo. El primer ejemplo de este fenómeno es el de la bombilla incandescente,
Estos días deberían servirnos para moderar nuestros hábitos de consumo
fabricada en sus inicios por Thomas Alva Edison para durar 1.500 horas, pero luego se le impuso una duración máxima de 1.000 horas debido a intereses lucrativos de quienes tenían el control sobre la comercialización.
Otro ejemplo es el de las medias de nailon, rediseñadas por los fabricantes en los años cuarenta del siglo pasado con el propósito de disminuir la vida útil e incentivar las ventas. Es decir, hemos vivido motivando el descarte. Esa idea debe cambiar.
Arreglo casero. El Plan de Acción para la Economía Circular pretende que el usuario de un artículo pueda repararlo, no descartarlo, lo cual se logra, por ejemplo, ofreciendo al consumidor información sobre la vida útil de los productos y la disponibilidad de repuestos y manuales de reparación.
La ONG australiana Choice llevó a cabo un estudio en el 2018 sobre la expectativa de vida de varios electrodomésticos. La primera conclusión es predecible: lo barato sale caro.
Una tostadora de baja calidad dura dos años y la de mejor calidad, hasta seis. Toda tostadora está destinada a volverse desecho después de ese período porque si intentáramos repararla no podríamos; está sellada o el técnico de la esquina no tiene el repuesto necesario.
No tiene sentido preguntarse por qué no fabrican electrodomésticos con tornillos para poder abrirlos y por qué no nos brindan los repuestos para hacer las reparaciones nosotros mismos. Las empresas manufactureras desean acaparar el lucrativo negocio de las reparaciones u obligar a las personas a comprar la nueva versión del producto en cuanto salga al mercado.
Diecisiete estados de los Estados Unidos han promovido legislación para reconocer el derecho de los consumidores a arreglar sus aparatos electrónicos. Sin embargo, ninguna ha sido aprobada.
Empresas como Apple, Toyota y John Deere están en contra porque dar acceso a información de sus productos promueve la falsificación y les resultaría extremadamente complejo lidiar con las garantías.
Aquí y ahora. En Costa Rica, no se vislumbra una ley para instituir la economía circular. En junio del 2019, la Fundación Omina organizó un seminario para persuadir a actores locales a adoptar modelos circulares como un forma de crear prosperidad y reducir la dependencia energética y de materias primas. Empresas como Florex, Florida Ice and Farm (Fifco) y Holcim comparten la meta.
El Plan de Acción para la Economía Circular surge, justamente, cuando las autoridades sanitarias de todos los países piden a la gente quedarse en la casa.
Estos días deberían servirnos para moderar nuestros hábitos de consumo y salir solo por lo necesario. De todos modos, con mucha frecuencia compramos artículos que no necesitamos y terminan, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario.
Los días complicados de hoy podrían servirnos para colocar las cosas en perspectiva: ¿Necesitamos ir todos los días a la oficina o nos es posible quedarnos en la casa de vez en cuando para limitar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Compramos el modelo de teléfono celular más reciente o conservamos el que todavía funciona?
Durante largos años, hemos abusado y dañado la Tierra. Hoy, el coronavirus nos da algo positivo: una pausa para reflexionar, generar el cambio y reparar. Es un derecho del planeta.