Expertos sugieren blindar reforma a empleo público con ajustes a leyes
Abogados especialistas en Derecho Laboral les recomendaron a los diputados que la reforma al empleo público incluya ajustes a otras leyes que rigen instituciones, con el fin de evitar conflictos y choques con entidades.
Este criterio lo brindaron los abogados Marco Durante y Ronald Gutiérrez, este miércoles, en una audiencia en la Comisión de Gobierno y Administración.
Gutiérrez explicó que “en nuestro país hablamos de un sector público, pero lo cierto del caso es que, en materia laboral, ese sector público no es solo uno”.
“Esto quiere decir que no son las mismas condiciones de empleo que puedan presentarse, por ejemplo, en un ministerio de la República cuando lo comparamos con una institución descentralizada”, acotó.
Ejemplos. Aunque el expediente 21.366 ya modifica algunas leyes, Marco Durante puso de ejemplo tres artículos que chocarían con normas actuales de empleo público.
Uno de ellos es el numeral 33, el cual estipula que la Autoridad Presupuestaria establecerá los salarios de presidentes ejecutivos, alcaldes y jerarcas universitarios.
Este fragmento, explicó, generaría conflicto con la Ley de Administración Financiera, que indica que las universidades, municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no están sujetas a la Autoridad Presupuestaria.
Además, adujo que los artículos 29 y 30 mencionan la creación de una columna salarial global. Advirtió de que ese sistema entraría en disputa con las escalas salariales definidas en el Código Municipal, la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley de Incentivos a Profesionales en
Ciencias Médicas.
“Si lo que queremos es una rectoría recomendativa, tal vez muchas de estas leyes no tendrían que reformarse, pero ¿sería suficiente con una rectoría recomendativa? Que cuando llegue a un sector en específico le digan: ‘No, muchas gracias por la recomendación, pero no la voy a adoptar’ (...). Probablemente, quedaríamos con una ley con un contenido vacío”, declaró Durante.