13 aspirantes a cargo de subcontralor superan 1.a prueba en el Congreso
Un total de 13 personas superó la etapa de revisión de atestados en la Asamblea Legislativa como parte del proceso para elegir al nuevo subcontralor general de la República.
Los aspirantes, entre ellos cinco mujeres y ocho hombres, obtuvieron una calificación que oscila entre 80 y 100 en esta fase. Otros dos postulantes no alcanzaron la nota mínima requerida (75).
Solo uno de los candidatos obtuvo el puntaje máximo (100). Se trata de Sergio Ramírez Acuña, actual director del Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa.
Luego, con un 95, se ubicaron la actual subcontralora Sylvia Solís Mora; Paulina Ramírez Portuguez, tesorera del Partido Liberación Nacional (PLN), y la economista Katherine Berdugo Recio.
Por otra parte, Bernal Aragón Barquero, Fiorella Rojas Ballestero, Luis Gerardo Fallas Acosta y Mauricio Gómez Franceshi recibieron una nota de 90.
Mientras, Alfredo Bruno Muñoz, David Salas Aguilar y Gustavo Fernández Paoli alcanzaron un 85, y Jeanine Herrera Arias y Luis Araya Carranza sacaron un 80.
Ramírez Acuña, Rojas Ballestero, Fernández Paoli, Gómez Franceshi y Araya Carranza también se habían postulado, a finales de abril, para ocupar el cargo de contralor general.
Los resultados de esta etapa fueron suministrados por el diputado liberacionista Jorge Fonseca, presidente de la Comisión legislativa de Nombramientos.
La elección del nuevo subcontralor se realizará en una sesión que todavía no tiene fecha definida. El nombramiento será por un periodo de ocho años.
Requisitos. Fonseca detalló que entre los requerimientos solicitados para el puesto figuran una sólida formación académica, así como capacidad de interpretar, razonar y argumentar sus decisiones.
También se solicitan conocimientos de carácter gerencial o administrativos para la gestión de recursos materiales y humanos que le son asignados para realizar su labor.
Además, se pide formación en valores éticos y morales para emprender su trabajo de manera independiente y autónoma, así como una trayectoria de vida personal y profesional intachable.
Otros requisitos eran gozar de probidad en la función pública; liderazgo, sensibilidad y humanismo, y ser costarricense o naturalizado mayor de 35 años y residente en el país.
Los postulantes también debieron comprometerse a que, en caso de resultar electos, renunciarían a cualquier cargo público que ostenten.
Si el elegido o elegida ejerce como litigante, debe presentar una lista de los clientes con los que ha mantenido relación profesional durante los últimos dos años.
También, debe estar al día con el pago de sus obligaciones tributarias con el Ministerio de Hacienda y las municipalidades, y estar al día con el pago de otras obligaciones, como pensiones alimentarias.
Finalmente, cada postulante fue evaluado según sus títulos y grados académicos, experiencia profesional en cargos públicos y privados. También se tomó en consideración si cuentan con libros o artículos de su autoría.