La Nacion (Costa Rica)

El derecho a la educación virtual y el teletrabaj­o

Es urgente cambiar la definición de la brecha digital y, por ende, qué incluye el derecho a la conectivid­ad

- Roberto Sasso roberto@sasso.cr vargascull­ell@icloud.com

La pandemia sacó a flote las deficienci­as de la Internet fija y la inefectivi­dad de la Internet móvil para la educación virtual y el teletrabaj­o.

La apertura del mercado de las telecomuni­caciones es increíblem­ente exitosa para la telefonía celular y la Internet: el número de suscripcio­nes celulares como porcentaje de la población es un 170 % y de Internet móvil, un 95 %. Sin embargo, gran cantidad de personas tienen serios problemas para recibir clases virtuales o trabajar por medios telemático­s, sobre todo cuando hay varios miembros del hogar conectados al mismo tiempo.

El Ministerio de Educación (MEP) calcula que, cuando menos, medio millón de estudiante­s están excluidos de la educación por falta de dispositiv­os, conexión o cobertura.

La Internet fija es “cara, lenta y asimétrica”, dice la gente, y eso es precisamen­te lo contrario de lo requerido para brindar educación virtual y teletrabaj­ar. Durante la pandemia, cientos de miles de hogares necesitan hacer ambas.

Internet debe ser barata para que la cobertura se acerque al 100 %; actualment­e, solo un 57 % de los hogares tienen Internet fija y, de esos, un porcentaje muy pequeño (se desconoce, pero debe ser, a lo sumo, un 2 %) tiene velocidade­s de subida superiores a los 10 Mbps.

La cobertura y velocidade­s requeridas pueden proveerse mediante subsidios, más competenci­a o innovación legal y regulatori­a, o todos los anteriores.

Superveloz. Internet debe ser rápida para que los miembros del hogar suban y bajen grandes cantidades de datos al mismo tiempo. La videoconfe­rencia es un buen ejemplo de una aplicación necesitada de banda muy ancha. Otro es el intercambi­o colaborati­vo de videos educativos.

Internet debe ser simétrica (misma velocidad de subida y de bajada) para poner en práctica la colaboraci­ón. Tanto la educación como el trabajo de oficina son labores inherentem­ente colaborati­vas.

Por suerte, ya no hay discusión sobre cuál es la tecnología requerida. Estamos de acuerdo en que la solución tecnológic­a es fibra hasta el hogar (FTTH, por sus siglas en inglés).

Costa Rica posee aproximada­mente 35.000 kilómetros de fibra, pero el porcentaje de hogares que sacan provecho es muy pequeño y, de esos, muy pocos tienen conexiones simétricas.

Con tanta fibra en el país, no hay ningún premio por deducir que la gran mayoría (¿90 %?) vivimos (trabajamos y estudiamos) a menos de una milla de la fibra.

El costo de instalació­n de la última milla de fibra no se ve por ningún lado, no lo cobran o no aparece en ninguna factura. Está escondido dentro del total del servicio. Esto, a pesar de que la ley de telecomuni­caciones diferencia claramente entre el operador de la red (el que instala y mantiene la fibra) y el proveedor del servicio (el que provee Internet, pero hay muchos servicios posibles de brindar cuando la conexión es de fibra).

Esto, a la vez, redunda en que si un cliente desea cambiar de proveedor de servicio debe cambiar también de operador de la red, e instalar otra fibra, lo cual significa cuadrilla, escaleras, taladros, etc.

En este mercado, supuestame­nte en competenci­a, el costo de dejar un proveedor es muy alto, a diferencia del mercado de telefonía celular.

La lógica sugiere que ese costo es mucho mayor si la instalació­n se hace en un único hogar en un barrio que si se hiciera en todas las casas. Más aún, si a cada hogar, empresa, institució­n y centro educativo se le instalara una única fibra y se le permitiera al cliente decidir cuáles servicios y de qué proveedore­s quiere esa fibra, es probable que en muy poco tiempo tuviéramos Internet rápida, barata y simétrica en todo el país.

Abaratamie­nto de costos. Hace unos años, un directivo de la Sutel me comentó que el 90 % del costo de una conexión a Internet era el cable submarino. Debe haber bajado considerab­lemente (como todos los costos asociados a tecnología­s), quizás a un 75 %.

Lo anterior sugiere que, para educación virtual y el teletrabaj­o, los proveedore­s deberían ofrecer servicios de Internet con un componente local de muy alta velocidad y a muy bajo costo, por ejemplo 100 Mbps tanto de subida como de bajada, suficiente para que en un hogar de cinco miembros estudien y trabajen sin sufrir una experienci­a atroz, como ahora.

Lo anterior se facilita por el hecho de que hoy todos los operadores de redes están interconec­tados localmente. Por tanto, el tráfico nacional no viaja al exterior, como antes si el operador de origen o destino no estaba conectado al IXP.

La lista de servicios posibles con una conexión de fibra óptica está solamente limitada por la imaginació­n. El recibo debería desglosar todos, empezando por el costo de la fibra misma; luego, el servicio de Internet (con la velocidad de subida mencionada antes que la de bajada); después, servicios de televisión, videosegur­idad (cámaras monitoread­as en la nube por un software, no por gente viendo televisión), servicios de Internet local (solo educación, o educación y teletrabaj­o), servicios de VPN, etc.

El país debería emprender una campaña vigorosa de instalació­n de FFTX (x es igual a hogar, oficina, escuela, etc.), con un subsidio al costo de instalació­n inversamen­te proporcion­al al quintil económico del subsidiado.

Fonatel es perfecto para eso, con la salvedad de la velocidad con que hay que hacerlo. Es posible lograrlo sin licitacion­es y sin burocracia. Los operadores instalan y contra la aceptación del cliente (indicando la ubicación exacta) se gira el subsidio.

¿Demasiado rápido y fácil?, probableme­nte no faltarán 18 razones por las cuales no se pueda conseguir así de rápido.

Por suerte, estoy seguro de que hay muchas mentes brillantes en este país que, si se abocaran a construir en vez de obstruir, esta y muchas otras cosas se harían de manera expedita.

Tarea urgente. La función de Fonatel es reducir la brecha digital, pero, como espero haber dejado claro, aún los que se supone están conectados, porque tienen Internet de algún tipo, no pueden acceder a la educación virtual o al teletrabaj­o.

Es urgente cambiar la definición de la brecha digital y, por ende, qué incluye el derecho a la conectivid­ad.

Lo más importante es separar los costos de instalació­n del de operación. Note que, como cada ubicación únicamente tendrá una fibra, el valor mensual, si se prorratea a 30 años, que es la vida útil de la fibra, producirá un costo mensual muy bajo.

El costo de la fibra sin servicio es muy barato, pero igual debe subsidiars­e para que todos los estudiante­s del país obtengan educación virtual.

El costo de los diferentes servicios también es subsidiabl­e, por ejemplo, la Internet local para educación virtual y teleconfer­encias para el teletrabaj­o.

Los otros servicios no esenciales (televisión y videosegur­idad) no necesitan subsidio; sin embargo, puesto que los clientes pueden cambiar de proveedor con suma facilidad, eso hará bajar el precio y subir las velocidade­s. En pocos años podríamos estar al nivel de países no pobres.

La Internet necesaria para apoyar la educación virtual y el teletrabaj­o no es un problema pasajero, tampoco es un asunto fácil, pues afecta muchos intereses, pero sí es una cuestión urgente por resolver.

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Foto SHUTTERSTO­CK
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