Denuncias por fiestas suman 9.000 en 3 meses
Infractores de orden sanitaria se exponen a una multa de ¢450.000
Aunque el Ministerio de Salud insiste en la importancia de mantener el distanciamiento social para frenar el contagio del nuevo coronavirus, muchos ciudadanos continúan realizando fiestas de cumpleaños, tés de canastilla y reuniones sociales durante la pandemia.
De hecho, según datos del servicio 911, del 6 de marzo (día que se detectó el primer paciente con covid-19 en el país) al 10 de junio, se registraron 8.903 reportes por escándalo musical (fiestas), 3.667 casos más que en el mismo periodo del 2019.
Además, también se recibieron 573 reportes por consumo de licor en vía pública, 372 más que en los mismos meses del año pasado.
El ministro de Salud Daniel Salas, ha confirmado que de continuar estas actividades, en donde no se respetan las burbujas sociales, el país podría enfrentarse a “una transmisión comunitaria con muchas personas fallecidas”.
Quienes organizan este tipo de eventos se exponen a una multa de ¢450.000 (un salario base), según lo dispuesto en la última actualización de la Ley General de Salud.
Esta actualización se realizó con el fin de multar a las personas que incumplen órdenes sanitarias y hasta el momento se han ejecutado 21 procesos de cobro. Sin embargo, el Ministerio de Salud no detalló cuántos de esos procesos fueron por fiestas o actividades similares.
El último caso fue el sábado. A las 10:30 p. m. la Fuerza Pública sorprendió a 100 personas en plena fiesta en una propiedad particular en Santa Teresa, Cóbano, en Puntarenas. “a mayoría eran extranjeros de diversas nacionalidades, aparentemente consumiendo licor y bailando”, dijo la Policía.
En Pavas, un “baby shower” contagió a 15 personas hace una semana y en Alajuelita una fiesta acabó con 17 infectados.
Además, también hace una semana, los agentes tuvieron que detener un quinceaños
“LAMENTABLEMENTE, si Tenemos ese Tipo de Actividades, se DARÁN Muchos Fallecimientos Y de Personas Que Todos Queremos Y después es Cuando Vienen LAS LÁGRIMAS, Y LLEGAR A ese escenario TAN Triste es Lo Que no Queremos Como PAÍS”. Daniel Salas Ministro de salud
con 70 invitados en Alajuelita y otro fiestón con 30 personas en La Carpio.
La situación preocupa al ministro Salas, pues una sola fiesta donde se concentren 10 personas de diferentes burbujas sociales puede convertirse en multiplicador y afectar a centenares.
Penales. Las personas que incumplen las medidas sanitarias actuales no solo se enfrentan a sanciones administrativas del Ministerio de
Salud, sino que también a uno y hasta tres años de prisión.
El artículo 277 del Código Penal establece: “será reprimido con prisión de uno a tres años, o de 50 a 200 días multa, el que violare medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia”.
Milton Alvarado, director de Operaciones de la Fuerza Pública, dijo que los procesos solo se realizan cuando la persona ya fue notificada con una orden sanitaria.
Una situación de estas trascendió este viernes, cuando un hombre fue sentenciado a un año de cárcel por salir de su casa e incumplir la cuarentena que le fue impuesta.
El ciudadano ingresó a Costa Rica, procedente de Nicaragua, y no guardó los 14 días de aislamiento ordenados por las autoridades sanitarias.
El Ministerio Público, mediante su oficina de prensa, detalló que, hasta el viernes, acumulaba un total de 67 causas abiertas por incumplimiento de órdenes sanitarias.
Sin embargo, destacó que es posible que existan algunas causas que todavía no han sido comunicadas por parte de las fiscalías.
Agregó que no solamente se investigan casos por el artículo 277 del Código Penal. Empero, no fue posible mencionar cuántos de estos se tramitan bajo esta figura.
“Dado que nuestro sistema de gestión informático no delimita las causas penales según delito, no es posible informarle específicamente cuántos casos existen por presuntas conductas establecidas en dicho artículo”, indicó la institución.
Asimismo, argumentó que, por la duración de los procesos penales, es complicado sancionar a las personas en un corto periodo.
No obstante, cuando estos se tramitan en flagrancia, cuyos casos se resuelven en menos de 15 días, las causas suelen tener sentencia de manera más ágil.
Un ejemplo de esto, ocurrió el 4 de mayo, cuando la Fiscalía
de Flagrancia de Limón concluyó el proceso de investigación en contra de cuatro personas que incumplieron las órdenes sanitarias, tras permanecer en la playa, en Matina de Limón.
Doble sanción. El fiscal del Ministerio Público, Freddy Fallas, explicó que aunque una persona incumpla una medida sanitaria y se atenga a una sanción administrativa, también podría incurrir a un delito penal.
Estos casos se dan cuando el imputado no cumple la orden dictada e incurre en el delito de desobediencia, que se castiga con prisión de tres meses a seis años de cárcel.
Esa persona también podría intimidar o emplear la violencia contra la autoridad y entonces cometer delito de resistencia, que se penaliza con prisión de uno a tres años.
Otra situación es cuando se da la violación de sellos por parte del dueño de un local co
mercial que fue clausurado.
Hasta el momento, el Ministerio Público ha registrado 15 causas por este delito, el cual se castiga con tres meses a dos años de cárcel.
“Podríamos estar ante situaciones en las que se realice una fiesta, se da una orden por parte de una autoridad para detenerla y esa persona continúa con la fiesta. Ahí podríamos estar hablando de una desobediencia”, afirmó Fallas.
Ante la consulta de si es urgente sancionar por la vía penal la organización de actividades masivas, el fiscal dijo que eso solo le compete al Poder Legislativo.
El director de Operaciones de la Fuerza Pública indicó: “Eso habría que analizarlo. Si los legisladores toman la decisión de volver una sanción más drástica ante la situación que estamos viviendo, pues ellos serían los que tienen que desarrollarla”.
Para Alvarado, también es importante analizar las limitaciones que tiene la Fuerza Pública para intervenir este tipo de eventos, principalmente aquellos que se realizan en lugares cerrados como condominios o fincas.
“Nosotros tenemos algunas limitaciones con las que nos podemos enfrentar. Hay momentos en que recibimos denuncias de que se desarrolla una actividad y a la hora de llegar nos encontramos con que es un edificio, un condominio con un muro, con un portón, totalmente sin posibilidad de tener contacto con las personas que controlan los accesos de ese inmueble”, detalló.
Aclaró que, sin la autorización de la persona encargada del inmueble, no se puede ingresar para detener los eventos denunciados.
“Estos casos evidentemente son diferentes a aquellos otros en los que la Policía ha llegado y se ha encontrado la fiesta o actividad en media calle y es fácil de constatar porque hay un estado de flagrancia que es muy fácil percibir para la Policía”, agregó.
Alvarado cree conveniente tener la posibilidad de detener cualquier tipo de actividad sin importar el lugar donde se presente, más por la situación tan complicada que vive el país por la pandemia.
30 invitados y saloneros. La noche del lunes 22 de junio, las autoridades no pudieron detener una fiesta en el condominio Monteverde, en la comunidad de Jaboncillo, en San Rafael de Escazú, según denunció una vecina al medio Mundo Escazú.
La mujer, quien prefirió mantener su anonimato, confirmó a La Nación que alrededor de las 4 p. m. realizó la denuncia correspondiente por la fiesta, pero que no logró mucho con su acto, ya que la actividad siguió hasta las 10 p. m.
Aseguró que se trataba de una fiesta de 18 años y que no es la primera vez que realizan eventos de este tipo en ese lugar, ya que es un salón especial para festividades.
“Eran alrededor de 30 invitados, más varios saloneros y personas de servicio. Aquí en Escazú es lo mismo que fuera en Alajuelita o Pavas y es injusto que en esos lugares sí se detengan los eventos y aquí no”, alegó la denunciante.
Este jueves, el alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, le solicitó por vía escrita al Ministerio de Seguridad reforzar a la Fuerza Pública del cantón para que pueda atender las fiestas y aglomeraciones en propiedades privadas.
“Escazú es vecino de Pavas y Alajuelita, ambos con alerta naranja, y ya presenta un crecimiento importante de casos. Necesitamos que las instituciones gubernamentales asuman un rol más activo en los esfuerzos por prevenir un crecimiento en el contagio”, subrayó el ayuntamiento.
“Vienen las lágrimas”. El ministro de Salud recalcó que en ningún lugar deberían darse fiestas o actividades que impliquen un grupo de personas que vengan de diferentes burbujas sociales. Ni en un barrio humilde ni en un condominio.
También fue enfático en que no se trata de clases sociales, la advertencia es para todos y también lo serán las sanciones.
“Si tenemos estas actividades, se darán muchos fallecimientos y de personas que todos queremos y después es cuando vienen las lágrimas, y llegar a ese escenario tan triste es lo que no queremos como país (...) y llamo a esa colaboración, porque estar haciendo esas actividades, donde se rompen burbujas, la covid no está invitada pero llega y es un multiplicador”, recalcó.
El alcalde de Desamparados, Gilberth Jiménez, dijo que han utilizado las redes sociales municipales para comunicar la prohibición total de eventos recreativos, comunales o sociales en el cantón por temor a la transmisión comunitaria.
“Un día nos notificaron de una actividad que se iba a realizar en San Antonio y entonces fuimos con nuestra policía municipal y se les hizo la advertencia de que si había una situación pues iban a ser debidamente denunciados. Al final suspendieron todo”, dijo.
El 19 de junio, el Ministerio de Salud elevó a Desamparados a alerta naranja por el aumento de enfermos.
Con 242.000 personas en febrero de este año, este cantón es uno de los de mayor densidad poblacional del país. Hasta el momento acumula un total de 164 casos de coronavirus; de ellos, 110 activos.
“NOSOTROS TENEMOS ALGUNAS LIMITACIONES CON LAS QUE NOS PODEMOS ENFRENTAR. HAY MOMENTOS En QUE RECIBIMOS DENUNCIAS DE QUE SE DESARROLLA UNA ACTIVIDAD Y A LA HORA DE LLEGAR NOS ENCONTRAMOS CON QUE ES Un EDIFICIO, Un CONDOMINIO CON Un MURO, CON Un PORTÓN, TOTALMENTE SIN POSIBILIDAD DE TENER CONTACTO CON LAS PERSONAS QUE CONTROLAN LOS ACCESOS DE ESE INMUEBLE”. Milton Alvarado Fuerza Pública