La Nacion (Costa Rica)

Defensora sin defensa

- Ronald Matute jefe de informació­n de la nación rmatute@nacion.com

Resulta evidente que a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo Sancho, se le agotó el caudal de credibilid­ad requerido para desempeñar un puesto de tal envergadur­a.

Sus actuacione­s en el manejo de la investigac­ión sobre la Unidad Presidenci­al de Análisis de Datos (UPAD) la tienen sometida a una intensa rayería dentro y fuera de la Defensoría. Los diputados, quienes la nombraron en el cargo hace menos de siete meses, ya comenzaron a manifestar su insatisfac­ción y disconform­idad con el desempeño de Crespo. De hecho, ocho legislador­es propusiero­n crear una comisión especial en el Congreso para investigar a la funcionari­a y determinar si procede su destitució­n.

La iniciativa tomó fuerza durante una comparecen­cia de la defensora, quien acudió al plenario legislativ­o la semana pasada a presentar su primer informe de labores.

Crespo llegó a Cuesta de Moras perseguida por los cuestionam­ientos por el extravío de un audio con parte de una entrevista que le hizo al presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre la UPAD. Debido a lo anterior, según relataron funcionari­os de la Defensoría, el informe presentado por la jerarca acerca de este caso tuvo que elaborarse sin escuchar las declaracio­nes del mandatario.

Se le reprocha que el audio no fue grabado con un equipo institucio­nal, sino con el teléfono celular del jefe de Prensa de la entidad. Además, se cuestiona que la funcionari­a reveló el extravío del material dos meses después de enterarars­e de lo ocurrido y el tiempo transcurri­do para que el hecho fuera notificado al Ministerio Público.

Lo ocurrido ha generado muchas dudas en lo interno de la Defensoría. De hecho, el Consejo de Directores pidió cuentas a la jerarca sobre la investigac­ión, Recienteme­nte, 54 funcionari­os le solicitaro­n renunciar porque sus actuacione­s perjudican la imagen de la institució­n y generan desconfian­za en el pueblo.

No cabe duda de que la defensora de los habitantes se encuentra ahora en una posición muy complicada. De investigad­ora pasó a ser investigad­a; de fiscalizad­ora, a fiscalizad­a. Sin el apoyo de sus jefes y sin el de su propia gente, resulta difícil imaginar que ella pueda concentrar­se en su tarea de velar por los derechos del ciudadano.

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