Errores libran de condena a red de lavado de $4 millones
Tribunal atribuye a fiscales y policías actos ‘ilícitos’ durante la investigación
El Tribunal Penal de Juicio de San José señaló al menos cuatro acciones ilícitas cometidas por fiscales y policías, durante una investigación que llevó a las autoridades a desarticular una banda, a la cual se le atribuyó lavar más de $4 millones (¢1.800 millones).
Los señalamientos constan en la sentencia número 0518-2020, en la cual se absolvió, el pasado 6 de julio, a cuatro ciudadanos chinos del delito de legitimación de capitales.
En el documento, los jueces también criticaron al Ministerio Público porque, “faltando al principio de objetividad, decidió sostener una causa ayuna de prueba, tratando de falsear la verdad con invenciones de vigilancias y seguimientos que no ocurrieron”.
En la parte dispositiva, el tribunal, además de ordenar la inmediata liberación de los acusados Jing Feng Weng, de 26 años; Huahui Feng, de 27; Cai Ying Li (mujer) y Shuhong Hu, ambos de 50, quienes permanecían en prisión preventiva, dispuso dejar el dinero decomisado en esta causa (cerca de $4 millones) a la orden del Juzgado Penal de San José.
Argumentaron que el proceso todavía no se puede cerrar, pues hay dos imputados que están en fuga y deben ser juzgados por los mismos hechos y, por tanto, no se puede disponer del dinero.
El fallo lo dictaron los jueces Mercedes Jiménez Rojas, Laura Sánchez Sánchez y Freddy Arias Robles.
Respecto a las acciones ilícitas mencionadas por el Tribunal Penal agregó: “Esta Fiscalía rechaza, absolutamente, las afirmaciones que señalan fallas en la investigación y eso forma parte de los puntos de la impugnación que se está formulando. A criterio de este despacho, la sentencia absolutoria contiene vicios de fundamentación”.
‘Errores procesales’. Entre tanto, Luis Alonso Salazar Rodríguez, defensor de uno de los imputados dijo: “En este caso, el Ministerio Público cometió serios y gravísimos errores procesales. No se si se puede atribuir a una novatada del fiscal a cargo del caso”.
El abogado solo cuestionó al tribunal por no resolver nada en relación con el dinero.
Recuento del caso. Las pesquisas sobre este caso se iniciaron en junio del 2018 y se cerraron el 30 de abril del 2019.
Según la sentencia, a los imputados se le atribuyó, presuntamente, reclutar en Estados Unidos y México a personas para que trasladaran alijos de dinero, producto de actividades como el narcotráfico, a Costa Rica. Luego, ese dinero era distribuido a personas desconocidas para que lo introdujeran a la economía.
Para las autoridades, el líder del grupo era Ruiquan Weng, actualmente en fuga.
Las pesquisas tomaron impulso cuando, el 8 de agosto del 2018, fue capturado en el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, Li Gong-su Chang, de nacionalidad mexicana, con $70.000. Su esposa, Alejandra Rojel Urquidi, quien lo acompañaba, traía $8.000.
A esa pareja no se le informó de que podrían tener un abogado y tenían el derecho de abstenerse de declarar. Ambos fueron llevados a la Fiscalía de Alajuela y, horas después, quedaron en libertad.
Sin embargo, de nuevo, los detuvieron el 21 de agosto del 2018, cuando pretendían salir del país.
Faltas. Precisamente, es con la detención de esa pareja que el tribunal señala que se produjo la primera de las acciones anómalas en el proceso.
Al respecto, precisan que el 8 de agosto del 2018, cuando los capturan en el aeropuerto Juan Santamaría, se les dejó sin el derecho de defensa, pues nunca se les dijo que tenían derecho a un abogado y a abstenerse de declarar.
“Eso perjudicó y los colocó en una condición autoincriminatoria sin posibilidad de contar con los medios que la ley otorga para ser asesorados e informados previo a decidir si declaraban o no”, dice la sentencia.
A consecuencia de lo anterior, los jueces consideraron ilícita la declaración rendida por Li Gong-su Chang, pues “se le ocultó que ya era sospechoso y se utilizó un ardid policial, al dejarlo en libertad, sin indicarle que había una investigación en su contra”.
El tercer elemento mencionado por el tribunal fue la falta de un traductor oficial en dos allanamientos realizados, uno el 24 de agosto, en una torre de apartamentos en el paseo Colón, y el otro el 30 de abril del 2019, en un local comercial en el barrio chino.
En esas acciones policiales se detuvo a las personas que fueron juzgadas y en aquel momento no se tenía un traductor que les dijera a los imputados de sus derechos, ni qué acciones estaban ejecutando las autoridades judiciales, dice la sentencia.
Otro de los hechos ilícitos mencionados fue “la utilización de información privada de naturaleza bancaria por parte del Ministerio Público, sin contar con una orden de levantamiento de secreto bancario”.
En esta causa hubo otros dos acusados que están en fuga.
Son Ruiquan Weng y Hailong Hu, quienes tienen orden de captura internacional.
“en este Caso, el MINISTERIO PÚBLICO COMETIÓ serios Y gravísimos errores Procesales. No sé si se Puede ATRIBUIR a una Novatada del Fiscal a Cargo del Caso”. Luis Alonso Salazar defensor de imputado