Contralora cuestiona la falta de criterios al fijar salarios
››sostiene que reforma al empleo público mantiene disparidades
La contralora general de la República, Marta Acosta, cuestionó este miércoles la ausencia de criterios técnicos que sustenten la creación de las ocho familias de puestos que el gobierno plantea en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Acosta explicó que conservar las ocho familias equivale a mantener los subrregímenes que cuestionó un año atrás, los cuales provocan disparidades en la función pública.
“Esto aumenta las disparidades existentes entre entidades. No se logra identificar la forma en que ese esquema permita un modelo de empleo público con un nivel óptimo de eficiencia y eficacia en los servicios públicos”, dijo la jerarca de forma virtual frente a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso.
Para ella, la idea de las ocho familias es uno de los factores que fragmenta el modelo de empleo público que propone el plan de ley impulsado por Pilar Garrido, cabeza del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
El texto presentado por el Ejecutivo a mediados de mayo, propone que los futuros funcionarios reciban salarios competitivos por sí mismos sin necesidad de pluses. Sin embargo, plantea una diferenciación entre ocho familias de puestos: profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universitarios, judiciales, Servicio Exterior, personal de confianza.
Según lo propuesto, el Gobierno se ahorraría ¢70.000 millones al año con la implementación de ese sistema.
“El enfoque de legalizar las diferencias de acuerdo con las
“el enfoque de legalizar las DIFERENCIAS de acuerdo CON las Familias, en lugar de subrregímenes, Mantiene las Mismas limitaciones”. Marta Acosta Contralora de la República
familias, en lugar de subrregímenes, mantiene las mismas limitaciones. La Contraloría considera que es posible avanzar en el diseño del modelo de empleo público con un enfoque de reglas generales”, apuntó.
La jerarca añadió que, en un modelo de ese tipo, que permita la convergencia de los diferentes regímenes actuales, sería innecesaria la definición de familias.
Acosta también cuestionó los principios rectores y la metodología para el esquema de remuneraciones y alegó que también incide en la fragmentación y complejidad del modelo.
La Contraloría General de la República (CGR) estima que la idea se aparta del enfoque fijado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, además de que le falta precisión jurídica y técnica.
Además, Acosta reiteró nuevamente que la Ley Marco de Empleo Público debe ser para todo el sector público y no dejar por fuera a instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Costarricense de Electricidad (ICE) y los bancos.
Aunque la jerarca del órgano contralor alabó que se adopte el salario global y recalcó que es una mejora respecto a la versión anterior del proyecto, apuntó que sus ventajas serían limitadas si su conceptualización es imprecisa, su implementación compleja y no toma en cuenta los criterios de sostenibilidad financiera.
Específicamente sobre la necesidad de una legislación para regular el empleo público, la contralora explicó que el esquema de remuneraciones debe ser transparente y equitativo, además de fortalecer la eficiencia y el control de la gestión.
Ajustes. La responsable de la CGR sugirió varias mejoras al plan, por cuanto considera fundamental una ley general para el empleo público.
Entre ellas, pidió delimitar al máximo las funciones del ente rector, que según la iniciativa sería el Mideplán, para considerar el alcance de esa rectoría, los niveles de autonomía y las funciones técnicas de otras instancias.
“La actuación del Mideplán debe permanecer en el campo del diseño de políticas, lineamientos y directrices generales, orientadas a cumplir la ley”, manifestó Acosta.
Indicó que, por eso, es necesario asegurar que realmente sea una ley que cobije a todas las entidades públicas.
Aparte de que ya ICE, INS y los bancos quedarían por fuera, el socialcristiano Rodolfo Peña le consultó a Acosta sobre las posibilidades de que otras instituciones también quieran escaparse de su aplicación por el argumento de la autonomía.
En ese sentido, ella enfatizó en que, en criterio de la Contraloría, “la ley debería ser para todos” y, por tanto, no se debería excluir a las empresas en competencia.
“No se trata de limitar autonomías ni mucho menos. Los postulados serían tan generales que todos los vamos a poder cumplir”, concluyó.