Caja se contradice sobre mascarillas ineficaces enviadas a UCI del México
Hace un mes, gerente negó tenerlas en inventario; sindicato probó ingreso
¿Cómo llegaron mascarillas de uso industrial a la unidad de cuidados intensivos y sala de operaciones del Hospital México? Por el momento, no hay una respuesta clara, sino una contradición de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Se trata de una cantidad no precisada de equipos, de marca china Disen, con una rotulación de “non medical”, que llegaron a inicios de junio a ese centro médico procedentes del almacén general de la Caja, confirmó la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) ante consulta de La Nación.
Ese sindicato planteó su preocupación al ministro de Salud, Daniel Salas, en un documento enviado el 12 de junio, donde le solicitaba certificar el registro de ese producto.
El secretario general de ANPE, Rodrigo López, dice que son dispositivos que puede usar un obrero, o bien, un empleado de administración que mantiene distancia de otras personas, pero no personal de salud en contacto permanente con enfermos, especialmente de covid-19.
El gerente de Logística de la CCSS, Luis Fernando Porras Meléndez, aseguró a La Nación, en una respuesta escrita del 8 de julio, que esa marca no es parte del inventario del almacén.
“El día de hoy se verificaron el 100% de las existencias físicas en el Área de Almacenamiento y Distribución, y esta marca Disen no es parte de nuestro inventario actual”, manifestó el ingeniero Porras, quien en el mismo mensaje defendió la seguridad de esas mascarillas.
“Siempre y cuando dicho implemento cumpla con la norma de desempeño de GB2626-2006, son equipos eficaces, certificados y que brindan protección a nuestros apreciados colaboradores y pacientes”, alegó.
Esta semana, cuando La Nación volvió a consultar sobre este mismo caso, la CCSS respondió, inicialmente, que esa compra es una de las que está en investigación.
“Sobre esta solicitud en particular, le comunico que, en virtud de que estas compras se encuentran en procesos de investigación por parte del Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna de la institución, entre otros, la CCSS no se referirá más por el momento a estas investigaciones por respeto a las mismas (sic)”, respondió la oficina de prensa de la institución.
Entonces, se volvió a preguntar, ¿hubo compra de mascarillas Disen de uso industrial y se distribuyeron en los hospitales?
La respuesta de la oficina de prensa institucional fue una solicitud a La Nación para omitir la respuesta anterior.
Los funcionarios de prensa prometieron una llamada telefónica que, al cierre de esta edición, no se dio, a pesar de que se pidió información sobre este caso desde el martes 4 de agosto.
Este caso es aparte de otro error de la CCSS con la compra de 700.000 mascarillas de uso no médico que fueron entregadas a hospitales y clínicas el 30 de junio. Claramente, la etiqueta decía “non medical”, pero, nunca se supo cuántos trabajadores las pudieron llegar a utilizar.
En todos los hospitales y clínicas, los trabajadores consumen 800.000 mascarillas cada dos semanas.
‘Non medical’. De acuerdo con Rodrigo López, las mascarillas Disen KN95 con la etiqueta “non medical” que llegaron al México, fueron parte del equipo de protección personal (EPP) utilizado por al menos dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en la atención de los enfermos más graves por covid-19.
También las usó personal de sala de operaciones, antes de que la institución tuviera que retirar las mascarillas por la protesta de los trabajadores, preocupados por el riesgo de contagio que entrañan.
La alerta la encendieron los anestesiólogos del centro médico de la Uruca, a quienes luego se sumó personal de Enfermería, que acudieron por ayuda a ANPE, confirmó a La Nación Rodrigo López.
El sindicalista solo tiene certeza de que este implemento fue distribuido en el México; no ha recibido información de que algún otro centro de salud lo haya recibido y utilizado.
ANPE remitió el caso al Ministerio de Salud el 12 de junio, cuando solicitó al jerarca, Daniel Salas, certificar el registro sanitario de estas mascarillas. Días después, el 24 de junio, Salud contesta que el producto no requiere registro.
En la misiva enviada a Salud, ANPE afirma que se desconoce si estas mascarillas forman parte de una donación o si fueron compradas por la CCSS.
Salas toma como base la solicitud de ANPE para pedir cuentas sobre este caso al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya Hayes.
El jerarca de esa institución, a través de una de sus asesoras de despacho, Lyza Vásquez Umaña, prometió remitir a Salud un informe sobre este asunto “a la brevedad posible”, de lo cual deja constancia en un oficio del 13 de julio.
Hasta este 5 de agosto, el último documento recibido sobre este caso en el despacho ministerial es el oficio firmado por Vásquez.
ANPE ha manifestado su preocupación porque la mascarilla KN95 de marca Disen que llegó al Hospital México, entre otras cosas no tiene el ajuste hermético del respirador a la cara, un factor importante para garantizar que las partículas infectadas no se filtren.
“La puede utilizar un funcionario que esté atendiendo en administración, con metro y medio de distancia, pero no quienes estén con pacientes infectados. ¡Es muy peligroso! Van a provocar una falsa confianza en el funcionario, quien obviamente está desprotegido.
”Son mascarillas de uso industrial. La usa el muchacho que pule una puerta, el obrero en una demolición de una pared, pero no están específicamente indicadas para uso dentro de la atención de salud. Por eso dicen ‘non medical’”, afirmó Rodrigo López.
El sindicalista agregó que ese hospital recibió directamente esos insumos del almacén de suministros de la Caja, adonde luego fueron devueltas.
En el Hospital, dijo López, personal de Salud Ocupacional aseguró a los trabajadores lo mismo que el gerente de Logística mencionó en su respuesta a La Nación: que podrían utilizar este equipo sin problemas.
“Nuestra condición de elevar consulta al ministro de Salud era para evidenciar si existía registro sanitario de uso para las mascarillas en mención, marca DISEN.
“La respuesta esquiva y omisa del ministro ahora concuerda con aspectos publicados por ustedes y que van dando una fea forma a lo que pareciera un escándalo mayor, sin importar qué tipo de mascarilla, respirador y su origen, se estén negociando”, agregó López.
Según el dirigente, “lo que la Caja haga y diga para sacudirse de la marca o calidad del producto, no altera nuestra labor de seguir denunciando
y procurando que se retiren equipos inseguros del campo de atención de los pacientes covid-19 positivos”.
Así como ANPE, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) ha planteado denuncias en relación con los equipos de protección que recibe los funcionarios de salud.
“Nos encontramos en una etapa de contagio comunitario en el que, prácticamente, cualquier paciente que llegue para ser atendido puede ser positivo.
”Ahí es donde se han incrementado los contagios por parte del personal de salud. Tenemos reportadas más de 23.000 incapacidades entre los compañeros que han dado positivo y aquellos que han estado en contacto directo con un caso positivo”, dijo Lenín Hernández, secretario de la organización, en una entrevista concedida a este medio.
Al 12 de julio, según datos de la Caja, 5.141 empleados de hospitales de la Caja se habían incapacitado por esta causa. De ellos, 186 fue por infección comprobada con el nuevo coronavirus, 2.838 como sospechosos y 2.177 más por contacto o exposición a casos positivos.
Para entonces, no se habían presentado los 394 del Hospital San Juan de Dios (75 de ellos contagiados), los 70 del San Rafael de Alajuela, 45 más del Hospital San Carlos o 52 del centro médico de Guápiles.
Cuestionamientos. En los últimos días, la Caja ha sido cuestionada por impulsar compras de emergencia de equipos de protección personal y adjudicar montos millonarios a empresas que, primero, no tienen la experiencia en el manejo de este tipo de adquisiciones, y segundo, no han cumplido con los plazos de entrega pactados.
Por esta razón, el Ministerio Público ya abrió una investigación de oficio para determinar eventuales responsabilidades.
La Auditoría Interna de la Caja, por su parte, anunció que investigará todas las compras realizadas en el marco de la pandemia por covid-19, las cuales se han dado por medio de contratación directa.
Además, la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa aprobó de forma unánime una moción para investigar la compra de 12 millones de mascarillas, por lo cual Macaya deberá comparecer ante los diputados. También fueron convocados el contador David Landergren, y la periodista española Miren Martínez, a quienes se les adjudicaron compras por un total de $4 millones.
Por su parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo este jueves que esa adquisición se debe investigar para dar tranquilidad a los costarricenses sobre el uso de los fondos.
Frente a los cuestionamientos, Macaya ha dicho en conferencia de prensa que esperará los resultados de las auditorías, al tiempo en que insistió en las dificultades logísticas que encara la entidad, comparables a “tiempos de guerra”.