Enmascarados

La Embajada de China y cuatro partidos políticos se involucraron en una reprobable operación enmascarada. Uso el término en dos sentidos: el literal, porque su objeto fueron lotes de mascarillas quirúrgicas, y el simbólico, porque se ha pretendido ocultar su real naturaleza con justificaciones veladas. Y aunque la parte material no sea significativa, la legal, la política y la diplomática sí lo son.

Al entregar China, y recibir directamente los partidos Nueva República, Restauración Nacional, Republicano Socialcristiano y PUSC, cuatro lotes de mascarillas, violaron claramente el Código Electoral. No es asunto de interpretación; es que su artículo 128 prohíbe a los extranjeros “otorgar préstamos, adquirir títulos o realizar cualquier otra operación que implique beneficio de cualquier clase para los partidos políticos”. Un regalo es un claro beneficio y si, en este caso, el extranjero es una representación estatal, peor aún.

Aunque no existiera una prohibición tan expresa, que esos partidos acepten regalías casuísticas de un Gobierno que, además, viola sistemáticamente los derechos humanos, deja mucho que desear. Lo mismo ocurre con el diputado David Gourzong, del PLN. Decir que se trató de una acción humanitaria es parte del enmascaramiento. De ser ese el propósito, la donación debió hacerse a las autoridades de Salud, representantes del Estado y encargadas de las estrategias contra la covid-19, no a entidades políticas que actúan en otra esfera.

Mi conclusión, nada aguda, por obvia, es otra: se trató de un tácito intercambio de favores. Del lado chino, el propósito fue ganar simpatía y agradecimiento de agrupaciones que inciden en la toma de decisiones clave para ellos; del partidista, complacer a esa fuente de donativos (que también incluyen viajes), disponer libremente de bienes para distribuir entre distintas clientelas y quedar bien con ellas: una nueva modalidad de partidas específicas.

No me atrevería a calificar el asunto como tráfico de influencias, pero anda cerca, huele mal y puede crear pésimos precedentes. Por esto, además de la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Elecciones debería emprender una investigación y nuestra Cancillería, por lo menos, expresar a los diplomáticos chinos su molestia. Es lo que corresponde en un Estado de derecho.