Acreedores pagarían un impuesto al cobrar deudas
8 diputados acuerpan imponer tasa para trámites judiciales
Ocho diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron positivamente este martes un proyecto de ley que obligaría a los acreedores a pagar un nuevo impuesto si necesitan acudir a los tribunales de Justicia a cobrar una deuda.
El texto fue pasado al plenario pese a las advertencias de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual consideró que el plan tiene roces de inconstitucionalidad.
El plan fue impulsado por el diputado socialcristiano Rodolfo Peña y consiste en crear una tasa impositiva escalonada de entre el 2% y el 7% del valor de la demanda en siete tipos de trámite de cobro judicial en los juzgados.
El pago, según la iniciativa, lo tendría que hacer el acreedor con solo iniciar las gestiones de cobro en un juzgado, o mediante la presentación de la demanda de los siguientes procesos: trámites de monitorios dinerarios; ejecuciones hipotecarias, prendarias y de garantías mobiliarias; reposesión de garantías mobiliarias; embargos preventivos, y procesos sumarios de cobro judicial.
El proyecto excluiría del pago del impuesto a las instituciones públicas, salvo aquellas dedicadas a la actividad comercial, y a personas físicas o jurídicas “que no hagan del otorgamiento o cobro de créditos su ocupación habitual”.
En una opinión jurídica firmada el 21 de agosto por el procurador tributario Juan Luis Montoya, la Procuraduría afirmó que “el proyecto propuesto atenta contra lo dispuesto en el artículo 41, 33 y 185 de la Constitución Política”.
El primero de esos artículos citados se refiere al acceso a la justicia pronta y cumplida; el 33, a la igualdad ante la ley de las personas, y el 185 al principio de caja única del Estado.
Apoyos. Respaldaron el dictamen afirmativo las diputadas Laura Guido y Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Rodolfo Peña y Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN); Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), y el independiente Harllan Hoepelman.
En contra votaron los tres diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) en esa comisión: Silvia Hernández, presidenta del foro, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales.
El objetivo de Peña, quien propuso la iniciativa, es que se use lo recaudado, a través del giro de recursos mediante la norma legal de destino específico, al mejoramiento de la justicia cobratoria con la creación de nuevas plazas y tribunales que ayuden a reducir la mora en los juzgados.
La elaboración del reglamento estaría a cargo del Poder Ejecutivo, pero el porcentaje a cobrar podría ser ajustado anualmente por la Corte Plena del Poder Judicial o a quien esta delegue, con base en un estudio técnico.
La Procuraduría también observó que el texto rebasa los alcances de la definición de tributo contenida en el artículo 4 del Código Tributario y, añade, “constituye una discriminación odiosa con respecto a otros ciudadanos que tienen derecho a acceder a la justicia de manera gratuita”.
Por otra parte, advirtió de que, si bien el artículo 18 de la Carta Magna establece la obligación de los costarricenses de contribuir con los gastos públicos, lo cierto es que ese financiamiento debe salir de los impuestos de los ciudadanos y de los cuales se hacen las asignaciones presupuestarias, incluidas las del Poder Judicial.