Diputados abren puerta a negociación con el FMI
Aprobado préstamo por $508 millones para gasto público y abono a la CCSS
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en segundo debate, el crédito rápido de $508 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual ayudará a financiar el gasto público de este año y a hacer un abono a la deuda del Gobierno con la CCSS.
El plan recibió 40 votos a favor y 14 en contra.
Con el aval, se abre la puerta para que el país negocie un mayor financiamiento con el Fondo a cambio de un programa de estabilidad económica.
Para superar los 38 votos necesarios, fue determinante la adhesión sorpresa de la fabricista Marolin Azofeifa, en contraposición a la postura del bloque Nueva República, así como los apoyos de las independientes Zoila Rosa Volio e Ivonne Acuña.
En la aprobación también influyeron las disciplinas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN) y Restauración Nacional (PRN).
Los oficialistas aportaron la totalidad de sus votos y prohibieron las ausencias, mientras que Liberación y el PRN solo perdieron un voto cada uno.
En suma, votaron a favor 16 diputados del PLN, diez del PAC, seis del PRN, cuatro de la Unidad Social Cristiana (PUSC), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC), una fabricista de Nueva República y dos independientes.
En contra lo hicieron cinco de Nueva República, tres del PUSC, dos de Integración Nacional (PIN), una del PLN, uno del Frente Amplio y dos independientes. Se ausentaron María Inés Solís y Aracelly Salas, del PUSC, y Melvin Núñez, de Restauración. La diputada Salas tenía permiso médico y Núñez salió a una cita de salud.
Durante la discusión del crédito, legisladores del PLN, PUSC, PIN e independientes cuestionaron al Gobierno.
Los verdiblancos afirmaron que debían aprobar el préstamo por responsabilidad, para evitar una mayor crisis económica en el país, pero pidieron al Ejecutivo transparencia en las negociaciones venideras con el FMI y una definición clara de la ruta de reactivación económica.
Pedro Muñoz, quien votó en contra, argumentó que el PUSC apoyó la reforma fiscal del 2018, pero el Gobierno no ha respondido oportunamente con las reformas prometidas para alcanzar el equilibrio fiscal, como la reforma al empleo público.
Detalles. El crédito fue pedido al FMI por el Gobierno en marzo, al inicio de la pandemia, para cubrir una “necesidad urgente de balanza de pagos”. El Fondo lo aprobó en abril a través de un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) en condiciones blandas, a un interés anual del 1,55%.
El plazo para que el país pague es de cinco años, con pagos trimestrales a partir de los tres años y tres meses de haberse dado el desembolso. El Ministerio de Hacienda estima que el país se ahorraría $100 millones en intereses con este crédito, en comparación con obtener los recursos en el mercado local a una tasa del 7,5% anual.
El 90% de esos recursos deberá ser usado por el Gobierno para canje de deuda externa por interna, y el restante 10% será girado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como abono de la deuda que el Poder Ejecutivo tiene con la institución.
En julio pasado, el FMI adivirtió a los congresistas de que el atraso en la aprobación de este crédito pondría en riesgo el acceso del país a otros préstamos con organismos financieros.