Popular presenta recurso contra ley de usura por afectación a clientes
El Banco Popular presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV en contra de la nueva ley que regula la usura en los préstamos de dinero (N.° 9.859), por, aparentemente, generar una exclusión financiera de casi 30.000 de sus clientes.
La entidad señala que la forma en que está redactado el artículo 44 ter de la ley impide que los bancos otorguen créditos a personas con salarios inferiores a ¢200.000 e impone sanciones a quienes incumplan ese artículo.
“Una gran cantidad de personas quedarían excluidas de recibir un crédito, de poder realizar un arreglo de pago en sus operaciones financieras, comprometiendo no solo la situación financiera de sus hogares, sino también generando presión sobre los indicadores de los intermediarios”, argumentó el banco.
En la acción, planteda el pasado 24 de agosto, el Popular incluyó un análisis de sus clientes con niveles de ingresos menores al salario mínimo inembargable, en donde detalló que 29.338 personas tienen un salario líquido menor a ¢197.760,7 (salario mínimo inembargable), con un saldo de crédito de ¢574.028,7 millones.
El ente mencionó que realizar un arreglo de pago a esos clientes implicaría incurrir en un incumplimiento de la ley, por lo que estos quedarían excluidos de realizarlo. Esto les impediría enfrentar la situación por un tiempo prudencial, hasta que sus condiciones se normalicen.
El Banco subrayó que la sanción que exige la ley por este asunto es desproporcionada, “como desproporcionado y carente de razonabilidad es dejar por fuera del Sistema Bancario Nacional a los clientes más vulnerables”.
La oficina de prensa de la Sala Constitucional indicó que la acción de inconstitucionalidad aún se encuentra en estudio de admisibilidad.
Similar.
El 24 de julio, el Banco Promérica también presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma a la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N.° 9.859), legislación que pone topes a las tasas de interés.
El criterio también fue que la norma infringe los derechos de razonabilidad y proporcionalidad contemplados en la Constitución Política.
La acción se planteó luego de que la institución bancaria hiciera una “evaluación rigurosa” en que concluyó que la ley, conocida como de “tasas de usura”, es arbitraria al proponer metodologías de cálculo no sustentadas en normas técnicas de la disciplina financiera, limita la libertad de contratación y ha tenido un grave efecto de exclusión financiera para los consumidores, según un comunicado de prensa de Promérica.
VIGENTE
La nueva ley que regula la usura, en el país, rige desde el pasado 20 de junio.
Dentro de los alegatos que presentó ese banco, ante la Sala Constituciona, están que ley carece de sustento técnico para hacerla efectiva y que durante la discusión parlamentaria se ignoraron las recomendaciones técnicas de varias instituciones financieras como el BCCR, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y hasta la solicitud de precaución del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según la ley, los intereses en colones no pueden superar el 39% anual y, en dólares, pasar del 31,35%, incluyendo el dinero prestado con tarjetas de crédito.▪