Crimen sin castigo
La reducción de los niveles de impunidad es una labor fundamental para la vigencia del Estado de derecho
El conocimiento de la totalidad del delito en cualquier sociedad siempre resulta complejo. No todos los delitos son denunciados y no todos los delitos denunciados logran ser investigados y castigados.
Sobre estos delitos denunciados se produce en algunas ocasiones una grave realidad que resulta en impunidad, conductas graves que quedan sin una condena. Pero la impunidad va más allá de que todos los delitos sean castigados. Lo realmente importante es que la víctima tenga acceso a una justicia de calidad y el acusado, a un juicio justo.
La impunidad de los delitos es un fenómeno multicausal, pero evidencia por lo menos tres falencias: en la funcionalidad del sistema de justicia, en el acceso real a la justicia y en la vigencia del Estado de derecho.
La primera se refiere a la capacidad institucional y sistema legal que el Estado debe tener para dar respuesta al fenómeno delictivo. La segunda, a mecanismos que garanticen un verdadero acceso a la justicia a todos los ciudadanos, especialmente a las víctimas. Por último, si realmente se vive en un Estado de derecho, la justicia debe ser pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes, como reza nuestra Constitución Política.
Si bien todas las sociedades tienen niveles de impunidad del delito, ejemplos de alta impunidad se encuentran en muchos países de nuestra región latinoamericana. Costa Rica no destaca por una tradición o por elevados niveles de impunidad. Sin embargo, las comparaciones deben hacerse con los mejores y no los peores, ya que también es cierto que desde hace unos años recientes nuestro país tiene números de impunidad del delito significativos, y muy serios, sobre los cuales debe ponerse una especial atención.
Respuesta judicial. Todos los delitos son importantes individual y socialmente, por eso precisamente son delitos, porque se ha considerado que esas conductas afectan la convivencia pacífica en sociedad y requieren la respuesta más drástica en una sociedad democrática: la respuesta penal.
Desde el punto de vista de las víctimas, la importancia es mayor, ya que se consideran afectadas en su integridad, libertad, salud o en propiedad, de ahí que requieran una respuesta del sistema de justicia. Sin embargo, también es cierto que los recursos y medios en la mayoría de los países siempre son limitados y realmente no es posible dar una respuesta a la totalidad de los delitos.
Precisamente por esto último se han diseñado una serie de institutos procesales, para resolver los conflictos que siempre están en la base de todo delito, tales como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba, la reparación de los daños.
Institutos que tienen en común la búsqueda de las satisfacciones de las víctimas y que los delitos no queden impunes o sin una respuesta. Pero no necesariamente con un castigo o una pena; es lo que se conoce, en términos amplios, como una justicia más restaurativa, en lugar de la tradicional justicia retributiva.
Existe una gran cantidad de delitos, por ejemplo, contra la propiedad, que bien pueden ser resueltos por medio de estos institutos procesales, que también bajan la presión del sistema penitenciario.
Tres categorías. Probablemente exista impunidad en casi todos los delitos, pero resulta necesario mencionar tres categorías posibles de clasificación y en las que deben ser prioritarias las respuestas para que no queden en la impunidad por el daño social que producen.
En primer lugar los homicidios contra representantes de colectivos, grupos vulnerables, defensores de derechos humanos, que han sido las víctimas tradicionales de los delitos impunes en América Latina; si en nuestro país estos delitos quedarán sin castigo en nada nos diferenciarían de los perpetradores de tales delitos, que abundan en la región.
En Costa Rica tenemos dos ejemplos graves de este tipo de delitos. Dos líderes indígenas en nuestro país fueron asesinados recientemente, Sergio Rojas, en marzo del 2018, y Yehry Rivera, en febrero de este año, y ambos casos se mantienen impunes.
Crímenes sucedidos en el marco de disputas por reivindicaciones de tierras en el sur del país, con la gravedad de que Costa Rica tenía la obligación jurídica de proteger sus vidas, ya que medidas cautelares en ese sentido habían sido decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no solo los mecanismos regionales tienen la atención puesta en este caso, también Naciones Unidas, a través de dos relatorías de derechos humanos; la de defensores del ambiente y la de derechos de los pueblos indígenas han expresado su preocupación por la impunidad hasta ahora de estos crímenes y la falta de rendición de cuentas por la violencia contra defensores de derechos humanos en Costa Rica.
En segundo lugar, deberían ser prioridad todos los delitos graves que produzcan alarma social. Homicidios, feminicidios, infanticidios, crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, secuestros, delitos sexuales, delitos de odio (como el racismo o la discriminación), entre otros.
Cuando los recursos son escasos, como es la situación casi constante en nuestro país, deben priorizarse esos recursos, centrarlos en casos graves, que lleven al esclarecimiento de los hechos y se establezcan las responsabilidades por estos graves delitos, que requieren ser correctamente abordados desde un inicio con el objetivo de evitar errores generadores de impunidad.
La idoneidad, selección y capacitación del personal de justicia desempeña un papel fundamental en el éxito de las investigaciones y en el correcto funcionamiento de cualquier sistema, para que estos delitos no queden impunes y los responsables sean juzgados y condenados.
En tercer lugar, los delitos que no deberían quedar impunes por ningún motivo son los vinculados con la corrupción. Lamentablemente, el Tercer informe estado de la justicia, recién publicado, señala como ejemplo de impunidad precisamente los delitos de corrupción.
De 370 casos estudiados y cerrados en el 2017, solo 12 terminaron con una sentencia condenatoria; además, en 31 casos se declaró la prescripción de la acción penal.
Interesante que, en general, se observa lo que podría denominarse “corrupción de poca monta”, ya que los principales investigados son funcionarios de las fuerzas públicas de los ministerios de Seguridad Pública y de Obras Públicas y Transporte, además de empleados municipales.
Probablemente se trate de policías acusados de recibir sobornos, pero donde queda la “gran corrupción” es en casos emblemáticos, como la trocha, el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el cemento chino, para citar algunos.
Lo mismo en los abusos de autoridad, el otorgamiento de privilegios, el legislar en beneficio propio, el favoritismo, el tráfico de influencias, entre otras formas de corrupción que se mantienen impunes, lo que genera en forma justificada una sensación de impotencia de los ciudadanos.
Vínculo. Impunidad y corrupción muchas veces se encuentran vinculadas. Ambas producen un serio daño social, minan la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, aumentando la frustración y la desilusión social.
Por eso, también, son factores que favorecen la violencia y más delitos. Pero lo más grave es que reafirman la desigualdad, ya no económica o social, sino ante la justicia. Generan la sensación de dos tipos de justicia, una para la opulencia y otros para los pobres y débiles.
La impunidad no puede eliminarse, pero sí reducirla y, sobre eso, hay que trabajar. Disminuir la desigualdad con una educación de calidad, que lleve a mejores condiciones sociales y económicas, pero especialmente la formación de ciudadanía debe ser un objetivo prioritario.
Además debe haber un compromiso serio, real y efectivo del Estado de garantizar un verdadero acceso a la justicia, a fin de que las victimas puedan resolver sus conflictos en los que se originan los delitos. También una revisión profunda del diseño del proceso penal, principalmente para que las investigaciones por estos delitos se juzguen en un plazo razonable.
La reducción de los niveles de impunidad es una labor fundamental para la vigencia del Estado de derecho, pero particularmente para el respeto de los derechos de los ciudadanos cuando son víctimas de delitos. Dejar un delito impune es más grave que el mismo delito.