Contratación sin concurso
La contratación de la unidad ejecutora de Toro III es viva imagen de las negociaciones que deben ser erradicadas.
La contratación sin concurso de una empresa fundada por exfuncionarios del Instituto Costarricense de Electricidad para brindar servicios de unidad ejecutora en la planta hidroeléctrica Toro III, inaugurada en el 2013 en Venecia de San Carlos, es viva imagen de las negociaciones que deben ser erradicadas de la Administración Pública.
La contratación directa de Consultores en Infraestructura GIP Ltda., fundada en el 2005 por cinco exfuncionarios del ICE, generó honorarios de $60.000 mensuales durante la etapa preoperativa y otros $30.000 al mes durante la etapa operativa, hasta junio del 2028. A la fecha, GIP ha recibido pagos por $4,4 millones.
La Contraloría General de la República pide ahora anular el contrato y examinar si caben otras responsabilidades, pero la atípica contratación fue objeto de cuestionamientos desde el inicio. En octubre del 2010, el Banco de Costa Rica, en su papel de administrador del fideicomiso empleado para desarrollar el proyecto, cuestionó la orden del ICE y la Junta de Administración de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) de contratar sin concurso a la empresa de los exfuncionarios.
Pocos días después, el entonces gerente del BCR, Mario Rivera, pidió argumentar de forma “más amplia y detallada” las razones para escoger a la empresa sin analizar otras ofertas. El ICE y la Jasec solo alegaron su satisfacción con contrataciones previas, motivo a todas luces insuficiente para recontratar.
La discusión trascendió las comunicaciones entre fideicomisario y fideicomitentes. El 11 de octubre del 2012, La Nación informó de la carta fechada en noviembre del 2010 con instrucciones para el Banco: “Los fideicomitentes del PH Toro III ratificamos nuestra instrucción de contratar a la firma GIP Ltda. como unidad ejecutora del proyecto hidroeléctrico Toro III”, dice la misiva firmada por el gerente de electricidad Gravin Mayorga y el gerente general de la Jasec Óscar Meneses, ninguno de los cuales sigue en el puesto.
En el 2016, la Asamblea Legislativa también se ocupó de las contrataciones con la empresa por $17,6 millones, entre el 2006 y el 2011, para brindar servicios relacionados con los proyectos hidroeléctricos Cariblanco, Peñas Blancas, Garabito y Toro III.
En la publicación del 2012, este diario informó de que en el 2007 los dueños de Consultores en Infraestructura GIP Ltda. definieron los honorarios de la futura unidad ejecutora de Toro III. La Jasec los había contratado por $28.000 para diseñar y estructurar las finanzas del proyecto. Cuatro años más tarde, les encargó fungir como la unidad ejecutora recomendada en el punto 6.2.4 del diseño producto de aquella asesoría. No obstante, los honorarios finalmente pactados en el 2011 superan en un 29,3 % ($978.000) la suma fijada cuatro años antes.
Ninguno de los detalles paulatinamente conocidos desviaron a la Jasec y al ICE del curso fijado. La contratación siguió adelante y ahora la anulación del contrato según las exigencias de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría exigirá acudir a un juicio de lesividad. La posibilidad de recuperar lo que se hubiera pagado de forma indebida, si se llegara a acreditar, es incierta.
Sorprende, a estas alturas del desarrollo institucional del país, la celebración de un contrato tan cuestionado en tantas instancias. Nadie pudo, y quien pudo no quiso poner freno al proceso. Si las autoridades llegaran a establecer responsabilidades, ojalá fueran más allá de los actores inmediatos para exigir respuestas de todos los involucrados por acción y por omisión.
La contratación de la unidad ejecutora del proyecto Toro III es viva imagen de las negociaciones que deben ser erradicadas de la Administración Pública
Sorprende, a estas alturas del desarrollo institucional, la celebración de un contrato tan cuestionado en tantas instancias. Nadie pudo, y quien pudo no quiso poner freno al proceso