Regla fiscal congelará salarios públicos a partir del año 2022
›Iniciativa podría extenderse hasta una década a raíz de deuda estatal
A partir del año 2022, el sueldo de los trabajadores del sector público quedará congelado por un periodo indefinido, que podría extenderse hasta una década.
El elevadísimo nivel de endeudamiento público obligará a suspender todos los incrementos salariales de unos 325.000 funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las municipalidades y las instituciones autónomas.
A dichos trabajadores no se les otorgarán aumentos por costo de vida en los salarios base, ni tampoco en los incentivos salariales, hasta que la deuda pública baje del 60% del producto interno bruto (PIB).
Será un gran reto para el Gobierno, debido a que el Ministerio de Hacienda estima que, al finalizar el 2021, el endeudamiento alcanzará el 80,5% del PIB.
Especialistas consultados por La Nación afirman que regresar por debajo del margen del 60% será un proceso de años, que podría prolongarse por diez años.
Según el Gobierno, el aumento de la deuda será consecuencia de la crisis económica por la covid-19 y las monumentales sumas de dinero que el Estado requiere pedir prestado para financiar sus gastos.
Las erogaciones más costosas son, precisamente, los salarios públicos, las pensiones y los intereses de la misma deuda.
Este año, para pagar los sueldos de los tres poderes y el TSE, Hacienda presupuestó ¢2,67 billones, un 1,1% más que el año anterior.
El freno al crecimiento salarial será una de las cuatro medidas extraordinarias a las que obligatoriamente tendrá que ajustarse el país dentro de pocos meses, por orden de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario”, dice el artículo 13 de la regla fiscal.
La norma incluye otras tres disposiciones que evitarán gastos adicionales en pensiones, préstamos y subsidios a los sectores productivos.
Las medidas extraordinarias se complementarán con los acuerdos que firme el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de $2.250 millones.
Antecedente. La regla fiscal dicta cuánto puede aumentar el gasto público cada año, de acuerdo con el estado de salud de las finanzas públicas.
Los diputados establecieron cuatro niveles de rigurosidad, del más favorable al más crítico. Los parámetros para definir cuál aplica en cada periodo son la productividad de la economía y el grado de endeudamiento del Gobierno durante el año trasanterior.
Para el 2022 se tomará como referencia el nivel de deuda que se registre este año.
La regla se estrenó en el 2020, en el nivel tres. Este ya era un escenario de riesgo: la deuda estaba entre el 45% y el 60% de la producción.
El Gobierno tuvo que cuidarse de no aumentar sus gastos en salarios, servicios, transferencias e intereses en más de un 75% del crecimiento promedio de la producción de los últimos cuatro años; pero mantuvo la potestad de administrar el presupuesto a discreción.
Este año, el tope al crecimiento del gasto corriente fue de un 4,67%.
En ese nivel, tampoco se limitó el uso de recursos para la inversión en obras públicas como construcción de vías, centros educativos y modernización de aeropuertos.