Impuesto gravaría todas las transacciones salvo las del Gobierno
El impuesto a las transacciones financieras está incluido en la propuesta de Costa Rica al Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que este contempla todas las transacciones financieras, excepto las que realice el Gobierno.
Así, incluye cualquier traslado de dinero de una persona a otra. Por ejemplo, cuando le pagan el salario, cuando hace compras de supermercado, cuando paga impuestos, cuando saca dinero de un cajero o cuando hace una transferencia bancaria.
Algunos países que lo aplican exoneran transacciones, como detalla el Banco Mundial (BM) en el documento Represión Financiera y el Costo del Financiamiento en Colombia, suministrado por la empresa Deloitte. Esta propuesta no incluye excepciones, solo los pagos que hace el Estado.
El tributo sería de 0,3% en los dos primeros años, lo que equivale a ¢3.000 por cada ¢1 millón. Durante los dos años siguientes, la tasa bajaría a 0,2% (¢2.000 por ¢1millón).
Las autoridades locales explicaron que parte de la recaudación del tributo iría a compensar la baja en ingresos que generaría la reducción de las cargas sociales a las empresas para combatir la informalidad, y el resto al Gobierno, para cambiar la trayectoria ascendente de la deuda pública.
“Durante los primeros dos años de vigencia del tributo al 0,3%, la tercera parte de lo recaudado se destinaría íntegramente al subsidio de cargas sociales para fomentar el empleo; en los dos años restantes, el 50% se destinaría a ese fin”, dice la propuesta.
Este tipo de impuesto fue propuesto para mercados cambiarios por el economista estadounidense James Tobin, en 1971. Por eso, se le conoce también como la tasa Tobin.
La idea original era aplicar un pequeño gravamen en cada cambio de una moneda en otra, para frenar la inestabilidad en los mercados cambiarios.
“La experiencia internacional con el uso de los impuestos a las transacciones financieras es extensa, tanto en países industrializados como en países en vías de desarrollo. A pesar de que su impacto distorsivo ha sido documentado, estos impuestos han sido utilizados frecuentemente”, indica el documento del BM.
Y añade: “La modalidad más empleada es la de los tributos a todos los débitos bancarios, lo cual, en la práctica, los convierte en una mezcla de impuestos a las transacciones financieras y un impuesto a las ventas”.
Adrián Torrealba, socio de Impuestos de Facio & Cañas y exdirector general de Tributación, explicó que el tributo se ha planteado generalmente como un impuesto temporal y de destino específico, aunque ha habido prórrogas.
El tributo se ha aplicado en ocho países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, México y Bolivia; en casi todos, en medio de situaciones de emergencia fiscal.
Lo bueno, lo malo. Ventajas que se le señalan a este gravamen son que tiene una base muy amplia, es muy bajo el costo de recaudación y es difícil de evadir. Según Villegas, este tributo tiene gran poder recaudatorio. Detalló que generaría un monto equivalente a lo que daría subir el impuesto al valor agregado (IVA) de 13% a 20%.
Empero, son varias las críticas que recibe. En un comunicado de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) enviado este jueves, se dice que desincentiva la bancarización, favorece el uso de efectivo y, por ende, pone en riesgo la seguridad de los clientes.
Además, citó la ABC, con el tiempo, las personas y empresas aprenden a eludir el pago del impuesto, genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero (offshore), conduce a un crecimiento en el sector informal, lo que termina por perjudicar también a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Hacienda y, según como se plantee el impuesto, podría tener un impacto en cascada sobre los costos de producción y los precios al consumidor final.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, reconoció que el impuesto puede generar desintermediación financiera cuando la mayor bancarización y la inclusión financiera son objetivos estratégicos del Banco Central.
Para evitar esos efectos, dijo, es necesario hacer dos cosas: que la tasa sea baja y que sea temporal, porque la evidencia indica que, con el tiempo, la gente empieza a salirse del sistema financiero, lo cual afecta las propias finanzas del Estado, porque se pierde el rastro de las transacciones.
Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense, explicó que el impuesto, no importa su diseño, tiene un problema conceptual, porque fue creado para otra cosa, que era evitar crisis cambiarias. Además, subrayó, se utiliza el tributo para eludir la discusión fundamental, que es bajar el gasto.
La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) lo describió como “un impuesto cruel para los consumidores”. Danilo Montero, su director general, declaró que la propuesta es contradictoria con los esfuerzos del país en educación financiera y bancarización o uso de las entidades financieras por parte de la mayor cantidad de gente.
Entretanto, José Luis Arce, director de FCS Capital, indicó que, con su aplicación, podrían llegar a aumentar los costos de intermediación financiera (de captar y prestar) y se deterioraría el acceso al crédito, porque los bancos trasladan a las tasas para préstamos el impuesto que deben pagar.
Arce afirma que los resultados de la implementación de este tipo de impuestos en América Latina son mixtos. “Son una fuente importante de recaudación al principio y son fáciles de administrar, por lo que se han usado en situaciones fiscales difíciles”, detalló.
Dijo que la evidencia muestra resultados no deseados, como que la recaudación tiende a erosionar pronto, pues personas y empresas se pasan al pago en efectivo o a cheques con varios endosos (en donde es posible, legalmente).