Hacienda: Frutos de ajustes en gasto se verán en 2024
Gobierno defiende balance en su propuesta al FMI
Las medidas para reducir el gasto del Gobierno Central, incluidas en la propuesta del Poder Ejecutivo al Fondo Monetario Internacional (FMI), serán más visibles en el mediano plazo, explicaron las autoridades económicas, las cuales también dejan la puerta abierta para discutir otras ideas.
El recorte que consiguen los ajustes propuestos es mayor a medida que pasan los años hasta llegar a un monto equivalente al 1,88% del producto interno bruto (PIB), en el 2024, incluyendo tanto aquellas de carácter temporal como las permanentes.
Aún así, del 2020 al 2024, el ahorro en gasto queda por debajo de lo que generaría el incremento en los impuestos, el cual llegaría a representar, en el 2024, 3,77% de la producción.
El Gobierno presentó su propuesta el jueves 17 de setiembre con el fin de discutirla e iniciar las conversaciones con el FMI, en la primera semana de octubre.
El sector empresarial criticó que las medidas de ajuste planteadas se recarguen sobre las empresas y ciudadanos y dejen de lado el gasto estatal.
Pese a los anterior, el Poder Ejecutivo defiende el balance entre nuevos ingresos y menores gastos que aporta el plan.
“Si analiza el periodo de cuatro años, se da cuenta que al inicio estará más concentrado en ingresos, pero conforme pasan los años, ese balance cambia y empieza ser muy importante el tema del gasto”, declaró el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
Para bajar el gasto. Las acciones permanentes para bajar el gasto propuestas por el Gobierno incluyen recortes al presupuesto ordinario del 2021 y la aplicación de la regla fiscal, que es un límite al crecimiento del gasto que varía según el comportamiento de la deuda y la producción.
En el proyecto de ley de presupuesto del 2021 el gasto primario, que es el aquel al cual se le restan la amortización y los intereses, baja en ¢368.644 millones, 5,3% respecto al presupuesto aprobado a agosto del 2020.
Otra medida es el proyecto de ley de empleo público (expediente 21.336), el cual introduce, entre otras reformas, el salario global para las nuevos servidores públicos.
“Esto permitirá eliminar la desigualdad salarial (de una institución a otra) en puestos que desempeñan las mismas funciones, así como la existencia de incentivos salariales”, señala el documento de la propuesta.
La tercera medida es la transformación, fusión o eliminación de los órganos desconcentrados. Se trata de entidades que pertenecen a los ministerios y que, hasta este 2020, tienen sus propias juntas directivas y manejan presupuestos aprobados por la Contraloría General de la República.
La cuarta es la restructuración de los departamentos de servicios de apoyo de los órganos desconcentrados (como los de recursos humanos).
La coordinadora del equipo económico y ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Pilar Garrido, explicó que el primer paso para las medidas con los órganos desconcentrados se dio con la incorporación de sus presupuestos al plan de gastos ordinario del Gobierno Central, para el año 2021.
Garrido detalló que con los cambios en los órganos calcularon inicialmente que se despedirían a 200 funcionarios.
“Esta es una medida que se compone de dos partes: la primera es la eliminación y fusión de órganos desconcentrados, y la segunda, que consolida los centros de servicios de apoyo para los ministerios, eso son, particularmente, servicios administrativos que estarían duplicados, proveeduría, legal, recursos humanos. Entonces la idea es concentrarlos y ahí estarían también algunos (puestos) que aportan a esos centros que serían desvinculados”, detalló Garrido.
La quinta medida es la eliminación de las nuevas anualidades durante cuatro años.
Por su parte, las medidas temporales para bajar el gasto serían dos: un proceso de movilidad voluntaria de funcionarios públicos para aproximadamente 7.000 personas y la reducción de la deuda política, en 50%. La deuda es el monto que aporta el Estado a los partidos políticos para realizar campaña para las elecciones nacionales y municipales.
Garrido explicó que como incentivo a los trabajadores para esta movilidad se les está ofreciendo 11 años de cesantía, en lugar de los ocho años.
“El tema de movilidad laboral el primer año es negativo, más bien hay que poner -0,02% (del PIB); pero a partir del segundo año empieza a generar 0,38%, 0,37% y 0,35% para el cuarto año. Entonces, ahí se ve el efecto del control del gasto”, explicó Elian Villegas.
Evaluación de entidades. ¿Por qué no hay medidas para evaluar las instituciones? ¿Cuáles deberían seguir funcionando y cuáles no? ¿Cuáles deberían fusionarse?
“Nosotros tenemos una línea de trabajo que pasa por reforma administrativa y en este momento no hace parte de la primera versión del plan porque también tiene que ser una opción políticamente viable”, respondió Garrido.
“No obstante, estaríamos valorando en las conversaciones de las próximas semanas, en conjunto con las diferentes fracciones legislativas, la posibilidad de incorporar este trabajo que ya viene haciendo Mideplán, de diseño institucional y de reingeniería de sectores específicos dentro de la propuesta final que se lleve al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, valorando con ellas la pertinencia y la oportunidad para poder hacerlo”, añadió.
Ella apuntó que si se considera de manera conjunta con las fracciones legislativas que es el momento oportuno de hacer la reforma administrativa en el marco de la negociación con el FMI, se estaría incorporando.
“Lo que se trata también es evitar entorpecer el acuerdo con el Fondo y, sobre todo, el ajuste que se necesita hacer porque es sumamente urgente, y evitar bloquear la discusión con otras iniciativas que no permitan responder con mayor eficacia a la urgencia, que es contar con ese ajuste, y poder tener acceso a los recursos para que nuestro país vaya por una senda de estabilidad macroeconómica y bienestar de las familias”, dijo Garrido.
La nueva reforma fiscal presentada por el Gobierno de Carlos Alvarado, clave para pactar la facilidad de fondo ampliada (en inglés, Extended Fund Facility o EFF) con el FMI, es equilibrada entre medidas del lado de los ingresos y del gasto, asegura Elian Villegas, ministro de Hacienda.
Esa es la visión del jerarca, ante las fuertes críticas que surgieron una vez que se conoció el paquete de ajustes que prevén negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir del 5 de octubre, y plantear al Congreso, a finales de este año.
El ministro reconoce que en los dos primeros años de la iniciativa, 2021 y 2022, las medidas estarán más del lado de los impuestos, sean temporales o permanentes. Pero hacia el final del plazo, en el 2024, el acento recaerá en la contención del gasto, afirma.
Aquí un extracto de la entrevista con La Nación.
––¿La propuesta está muy enfocada en nuevos tributos y alza en tasas; y menos en recorte al gasto?
—El esfuerzo en el gasto se ha hecho desde hace rato. A partir de la Ley 9635 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) se dio todo el tema de la nominalización de incentivos. En los últimos años, las negociaciones de las convenciones colectivas han sido a la baja.
”Para todo el tema de salario integral para el sector público necesitamos una ley que defina ese tema. Esa es la Ley de Empleo Público que está en la Asamblea Legislativa y que, precisamente, se incorpora como parte del paquete al FMI.
”Además, la regla fiscal agarra el gasto y lo aprieta y no lo deja crecer. Nosotros teníamos posibilidad de crecer un 4,13% en este Presupuesto del 2021 y crecemos 0,77% (de gasto corriente).
”Si hubiera posibilidad de hacer más en esa área (el gasto) con gusto lo haría porque me quitaría mucho trabajo. No tengo que ir a buscar financiamiento, no tendría que buscar más impuestos”.
––Frente al Fondo lo que interesará son los puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) generados por las medidas. ¿Dónde está lo más relevante, en los nuevos impuestos o en el gasto?
—Si analiza el periodo de cuatro años, se da cuenta de que al inicio estará más concentrado en ingresos, pero conforme pasan los años, ese balance cambia y empieza ser muy importante el tema del gasto.
”En el tema de movilidad laboral, el primer año es negativo, más bien hay que poner -0,02% (del PIB); pero a partir del segundo año empieza a generar 0,38%, 0,37% y 0,35% para el cuarto año. Entonces, ahí se ve el efecto del control del gasto.
”Sí entiendo una cosa, es mucho más fácil visualizar el efecto de la parte de impuestos e ingresos, que la parte del gasto. Pero, la parte de gasto se trabaja muy fuerte.
”Ahora, ¿cuál es el gasto más importante que tenemos en el Presupuesto? Los intereses. Los intereses consumen 25% del Presupuesto (...) Lo que estamos planteando aquí (en la propuesta) es golpear esa curva ascendente de los intereses y poder hacer que se empareje y baje. Entonces, desde ese punto de vista, es un elemento importante que debemos considerar”.
––Usted menciona que al inicio lo más fuerte está en impuestos, en especial, en los dos primeros años.
—Sí.
––¿Por qué del lado del gasto no es posible hacer lo mismo al inicio?
—Creo que a veces, de alguna forma, vemos esto como una competencia entre ingreso y gasto.
”Aquí hablamos de una economía que era de un tamaño y se nos hizo más pequeña, pero el gasto no lo podemos hacer igual (...) Si pudiéramos tomar y decir: se cayeron ¢1,2 billones el ingreso. Voy a recortar el gasto en ¢1,2 billones. No tendríamos mayor problema. El tema es dónde recortamos ¢1,2 billones.
”La operación de recorte puede realizarse, por ejemplo, en gasto de capital, pero de inmediato un sector dice, eso afectará la recuperación económica y tiene razón.
”Podríamos recortar el gasto social, pero otro sector dirá que eso afectará el tejido social y la paz social y tiene razón.
”Podríamos decir, procedamos con una salida importante de empleados públicos, pero de inmediato nos dirán que afectará el sector financiero y el tejido social y también tienen razón.
”Entonces, andamos buscando una solución que sea lo más equilibrada posible y que afecte menos a las clases más populares del país. Y por eso es la solución que presentamos”.
––¿La propuesta presentada es la misma que entregarán al Fondo?
—El 5 de octubre se presenta al Fondo, con mucho más detalle. Si hay algún cambio, igual se informaría. Pero la idea sería que esa negociación sea de dos semanas. El Fondo se lleva el acuerdo a Washington, para el directorio, y nosotros saldríamos con el proyecto de ley para la Asamblea Legislativa.
”Probablemente para diciembre (2020) o enero, estaríamos presentando el proyecto del empréstito con el Fondo, en la Asamblea Legislativa”.
––¿Cómo será el intercambio con el FMI?
—Será una valoración de ellos, en el entendido de que tenemos una situación compleja desde el punto de vista fiscal. Ocupamos hacer un cierre de superávit primario, al 2024, y luego una reducción de deuda, al 2034.
”A partir de ahí, lo que harán es la valoración de las medidas para ver si nos funcionan en términos de las metas pretendidas o no”.
––¿Cuándo comenzaría el giro del dinero?
—Con el Fondo se llega al acuerdo, se requieren las aprobaciones allá y aquí, y habría que ver cuáles serán las condiciones establecidas para el primer desembolso. Aquí no hablamos de un solo desembolso, sino de tres.
”Si las condiciones se cumplieron, se solicita el desembolso correspondiente”.
––A nivel político, en el Congreso, ¿sería un megaproyecto de ley, porque son muchos cambios o serán varias iniciativas a la vez?
—Inicialmente, la idea sería presentar un solo proyecto. Habrá que conversar con la Asamblea para ver si determinan que es mejor presentar dos o tres proyectos. Pero no se debería presentar proyecto por proyecto porque eso haría complejo el tema.
––Un tema es la propuesta del Gobierno y otra el resultado final en la Asamblea. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la propuesta de pasar el tramo de renta de 30% a 36% no se acepta y termina en 33%?
—En casos así, habría que buscar una fuente de sustitución para el ingreso. Si la Asamblea decide que en vez de 10 sea cinco, pues habrá que buscar una fuente que nos dé la diferencia. Ahí apelaríamos, más bien, que nos indiquen cuál sería la fuente alterna para sustituir ese fondo.
“Para no pagar cuatro años continuos las anualidades, ocupamos una ley que nos autorice”.