LETRAS DE CAMBIO
La propuesta que el gobierno planea presentar al Fondo Monetario Internacional no cumple las expectativas que dejé planteadas en esta columna la semana pasada.
Está sumamente recargada sobre el aumento tributario: tres cuartas partes del ajuste. Si se contempla que dos terceras partes del ajuste en gastos provienen de la aplicación de la regla fiscal y de la aprobación de la reforma al empleo público, y, dado que la primera ya es ley y la segunda es una promesa vieja, en realidad el 87 % del ajuste se da por la vía de más impuestos.
Los nuevos tributos (impuesto a transacciones financieras) y el aumento de tasas a viejos impuestos (propiedades y rentas) lo que hacen es cobrar más a los que ya están pagando: los formales, los que dan factura, los que depositan su dinero en el sistema bancario formal, los que tienen propiedades registradas. Los informales y los evasores seguirán a la sombra y, más bien, aumentarán los incentivos para evadir, no entregar factura y manejar todo en efectivo.
Las propuestas de renta global, eliminar varias exoneraciones y reforzar la lucha contra la evasión son puntos que pretenden nivelar la cancha en el terreno tributario. Lástima que el gobierno no las impulse con más fuerza. Las reformas institucionales, las cuales podrían bajar el gasto y mejorar su eficiencia, son demasiado tímidas. Se plantean para instituciones de poca importancia. Se desaprovecha la oportunidad de hacer una verdadera reforma como, por ejemplo, la que propuso Ottón Solís para el sector social en el proyecto CERRAR. Pudo haberse incluido el sector de la vivienda y Japdeva, entre otras instituciones que, claramente, requieren cambios profundos. La de venta de activos se queda sumamente corta. Bicsa y Fanal valen poco. Se desperdicia la oportunidad de vender otras instituciones con más valor, y cuya venta ayudaría a mejorar el grado de competencia y de eficiencia en sectores clave como los de telecomunicaciones, banca o seguros.
La desbalanceada propuesta del gobierno tendrá un impacto recesivo profundo. Tanto por el desincentivo del consumo y la inversión como por la enorme pérdida de eficiencia económica. Al dilapidar la oportunidad para presentar propuestas más estructurales, sobre todo por el lado del gasto, el país se arriesga a carecer de la capacidad para pagar de vuelta los préstamos al Fondo y a otros más.