Puertas giratorias en el ICE
Empresas públicas concebidas para beneficiar a la ciudadanía no deben terminar capturadas por sus servidores.
El concepto de puertas giratorias (revolving doors) es bien conocido por los expertos en gobierno corporativo. Es una práctica potencialmente dañina, consistente en el traslado de ejecutivos de una institución estatal a una empresa privada cuya actividad plantea un conflicto de intereses por tener una relación de complemento o es regulada por la de origen del funcionario.
Eso podría ocurrir, por ejemplo, si uno o varios funcionarios del departamento de compras de la Caja Costarricense de Seguro Social renuncian y constituyen empresas para ofrecerle productos. El conflicto de intereses reside en la posibilidad de que algunos exploten, para su beneficio, información privilegiada a la cual tuvieron acceso o cuenten con amistades al servicio de su expatrono, que podrían dar trato especial a sus ofertas.
Para evitar la contraposición de intereses y asegurar que las contrataciones públicas sean realmente competitivas, las mejores prácticas de gobierno corporativo exigen a los funcionarios someterse a un “período de enfriamiento” razonable; es decir, abstenerse de tratos con su antiguo empleador por periodos de dos a cinco y hasta más años.
En un editorial anterior comentamos el caso de Bernardo Alfaro, titular de altos cargos en el Banco Nacional de Costa Rica, que pasó a regularlo como superintendente general de entidades financieras y ahora vuelve a ocupar la gerencia del banco regulado. También informamos de otro caso de puertas giratorias, en que funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se acogieron a la movilidad laboral, por lo cual recibieron el pago de sus prestaciones legales y otros beneficios ofrecidos, y crearon en el 2005 una empresa de consultoría que dio servicios técnicos a su expatrono, el Instituto Costarricense de Electricidad. Del 2006 a la fecha, la empresa GIP recibió contratos por $17,6 millones, en algunos casos sin mediar concursos (“Contraloría ordena a ICE y Jasec anular contratación hecha a dedo”, La Nación, 16/9/2020).
Entre los socios de GIP, con un 20 % del capital accionario, estuvo la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, quien en mayo del 2010 cedió, sin que mediara paga, sus acciones, pues la semana siguiente volvería a ser la directora jurídica del ICE, cargo que ocupó hasta el 30 de junio del 2018, cuando optó por la jubilación. Como ocurrió con Bernardo Alfaro, salió del ICE para pasar a ser suplidora de servicios a su exempleador, y luego volvió al ICE. En el ínterin medió una serie numerosa de pagos por servicios contratados de manera no competitiva.
Las situaciones en que puedan mediar conflictos de intereses presentan características que exigen detenido análisis. Los profesionales de una empresa, como el ICE, tienen gran conocimiento técnico sobre la construcción y administración de plantas hidroeléctricas, como Cariblanco, Peñas Blancas, Garabito y Toro III. Cuando dejan la institución, pueden suplir buenos servicios a los administradores de fideicomisos involucrados en este tipo de plantas.
No por eso ha de obviarse la realización de licitaciones competitivas para la contratación de servicios. Y, cada vez que medien puertas giratorias, el proceso de adjudicación debe someterse a un análisis doblemente rigoroso, del cual debe quedar constancia.
Empresas públicas concebidas para beneficiar a la ciudadanía con sus servicios no deben correr el riesgo de terminar capturadas por sus servidores ni ser utilizadas para obtener beneficios particulares. Las puertas giratorias, los conflictos de intereses en general y las entidades estatales donde suelen darse deben ser objeto de un riguroso análisis de las autoridades, entre ellas la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa, pues la confianza en la labor del sector público exige acabar con toda semilla de duda.
Empresas públicas concebidas para beneficiar a la ciudadanía con sus servicios no deben correr el riesgo de terminar capturadas por sus servidores ni ser utilizadas para obtener beneficios particulares
Para evitar conflictos de intereses y asegurar que las contrataciones públicas sean realmente competitivas, las mejores prácticas exigen a los funcionarios someterse a un ‘período de enfriamiento’