La falsa ilusión de la seguridad
Como parte del sano ejercicio de información que debe realizarse en beneficio de los ciudadanos y producto del trabajo de un medio de comunicación, se reveló la existencia de una inversión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en bonos emitidos por La Nación S. A., emisor cuya calificación de riesgo muestra un detrimento, sobre todo en el último año.
Este régimen, por ser uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema de jubilaciones, tiene sus inversiones reguladas y fiscalizadas.
Esta información produjo como reacción que se levantaran voces pidiendo una investigación de las causas y motivaciones de la inversión, tanto por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, gestora del fondo, como de la comisión de control de la Asamblea Legislativa.
La investigación sobre los procedimientos en la toma de decisiones que llevan a hacer las inversiones del IVM es siempre sana, por tratarse de fondos de los cuales la Caja es una simple administradora, que tiene el deber de ser diligente en la administración y debe cumplir las normas.
Reformas propuestas. Lo preocupante de la discusión de estos hechos es que derive, como se colige de algunas voces que se levantaron en las redes sociales, en la tentación de proponer reformas legislativas con el objetivo de que los recursos que entran al régimen de IVM se inviertan exclusivamente en valores emitidos por el Gobierno Central o en instituciones públicas.
Lo anterior bajo la ilusión de la supuesta seguridad de que el sector público es un cumplidor seguro de sus obligaciones y la inexistencia de riesgos de crédito cuando el emisor es el Estado o alguna de sus instituciones.
Nada más lejano de la realidad. Los fondos de los trabajadores se convertirían en el gran recurso de financiación del Estado, sin mayor provecho para los aportantes y con una concentración de sus riesgos.
Solamente revisando los datos de Fitch Ratings sobre deuda soberana se determina que se han registrado 23 incumplimientos de bonos soberanos en 14 países desde que comenzó la cobertura de este activo, a mediados de la década de los noventa; sin embargo, ha habido un marcado aumento en los casos desde el 2016 y es de particular relevancia Argentina, caída cinco veces en default entre el 2001 y el 2020.
Costa Rica, con un elevado déficit fiscal, constituye una amenaza constante sobre la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones.
Pérdida para el régimen. Un default del sector público se resuelve ordinariamente con reestructuraciones o canjes de deuda, donde el inversionista, de forma usual, debe sacrificar una parte de su capital en la reconversión o aceptar extensiones del plazo de la deuda a tasas de interés que hagan factible el repago al emisor.
Solo imaginar la concentración de la inversión de un régimen de pensiones en papel del sector público bajo una ilusión de seguridad, en caso de default, representaría pérdidas al régimen o un reajuste de su rentabilidad en perjuicio de los aportantes.
Más bien, en los regímenes de pensiones, debe propiciarse la diversificación de la cartera de inversiones, buscando la correlación de los activos que la componen, de tal forma que se muestre balanceada y que, aun en situaciones de comportamiento desfavorable de algunos de los valores en el mercado, cuente con posiciones en otros papeles o instrumentos financieros que compensen ese movimiento.
De ahí la certeza del viejo adagio de que no conviene colocar todos los huevos en la misma canasta, adoptado en fianzas para explicar magistralmente la necesidad de diversificación de los portafolios.
Calificaciones de riesgo. Es normal que los emisores y las emisiones a largo plazo puedan ver reducida su calificación, como un reflejo de condiciones que hacen que su riesgo de impago aumente; sin embargo, esta situación lo que debe llevar a los gestores de cartera es al análisis de la conveniencia de mantener la posición de inversión o no.
Los órganos decisores en materia de inversión de los fondos de pensiones actúan de conformidad con el análisis técnico en el momento de la toma de decisión, con la información disponible en el momento. No cuentan con elementos para anticipar el desempeño a largo plazo de los emisores, y para eso se da seguimiento a la calificación de riesgo y al desempeño financiero del emisor con periodicidad.
No hay que caer en la tentación de hablar de agua pasada o como si se pretendiera la omnisciencia de los órganos de análisis.
Para muestra veamos lo que sucedió de junio del 2013 a agosto del 2020: la calificación soberana otorgada a Costa Rica por las calificadoras de riesgo se ha deteriorado de grado de inversión a un grado altamente especulativo, situación que probablemente no era posible anticiparla para un inversionista a largo plazo que hubiera tomado su posición, por ejemplo, en el propio 2013.
¿Deben ponerse todos los huevos en la misma canasta del sector público?