‘No puedo descartar que exista responsabilidad de funcionarios de más rango’
El auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ólger Sánchez, manifestó este jueves ante los diputados la imposibilidad de descartar que funcionarios de mayor rango estén involucrados en presuntas irregularidades, relacionadas con las millonarias compras de mascarillas médicas descartables para proteger al personal de salud en medio de la pandemia.
Esa fue la respuesta ante consultas de legisladores miembros de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, ante la cual compareció como parte de la investigación que abrió ese foro en torno a la adjudicación, realizada el 27 de mayo, de 12 millones de mascarillas por $4 millones a favor del contador público costarricense, David Landergren Castro, y de MR Comunicaciones Políticas, empresa de asesorías propiedad de la periodista española Miren Martínez Ruiz.
Landergren entregó los 7 millones de mascarillas con meses de atraso y MR Comunicaciones Políticas no proporcionó ni una sola de los 5 millones de unidades que se requerían.
“Yo no podría descartar que, eventualmente, exista responsabilidad de otros funcionarios de mayor rango, porque hay un elemento fundamental: nosotros no tenemos dominio del hecho en el sentido de que pueden existir elementos que se están investigando que trascienden las competencias de la Auditoría Interna.
”Nosotros no tenemos acceso a, por ejemplo, cuentas bancarias o a información privada entre funcionarios, y esto es lo que hemos trasladado, como parte de nuestro deber, al Ministerio Público, para que ellos actúen en el ámbito de sus competencias”, dijo Sánchez frente a preguntas de varios congresistas sobre la posible participación de otros funcionarios de la CCSS.
Añadió que, en la actualidad, el caso está en manos del Centro de Instrucción del Procedimiento Administrativo de la institución y este deberá emitir una resolución para determinar si las personas involucradas faltaron a su deber como funcionarios.
Eventuales sanciones. “Lo que señalamos en nuestros informes es que deben establecerse acciones sancionatorias; si se demuestra falta grave, debe procederse con el despido, y en sede penal estamos señalando al Ministerio Público que deberá actuarse conforme al legajo probatorio y, eventualmente, elevar al juez penal los hechos si se determina la existencia de un delito”, expresó el auditor de la entidad.
Sánchez informó de que desde que trasladaron el informe de investigación preliminar al Ministerio Público, el 18 de agosto, han atendido 21 requerimientos de traslado de documentos y pruebas.