Sepultada ley para penar a legisladores por faltas al deber de probidad
››norma sigue sin aplicarse 10 años después de orden de Sala Constitucional
“HAY UNA SERIE de POSIBLES VICIOS de Constitucionalidad Y VIOLACIÓN A Principios de SEGURIDAD JURÍDICA En EL TEXTO”. Xiomara Rodríguez diputada de Prn
Casi 10 años después de que la Sala Constitucional le giró una instrucción a la Asamblea Legislativa para implementar los mecanismos necesarios que permitan cancelar las credenciales a los diputados que falten al deber de probidad, dicha norma sigue sin poder aplicarse.
A ello contribuye la decisión tomada por los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, que este miércoles sepultaron uno de los tres proyectos de ley que permitiría sancionar efectivamente a los legisladores que falten a sus deberes.
Pero esa resolución de los miembros del foro tiene historia, pues en la Comisión de Asuntos Jurídicos, sus integrantes tampoco movieron un solo dedo para avanzar en el trámite del expediente 21.082, antes de que se le venciera el plazo reglamentario.
La legisladora Yorleny León presentó la iniciativa de Ley de Pérdida de Credencial de Diputado el 5 de noviembre del 2018, seis meses después de que se aprobó la reforma constitucional en el artículo 112, que introdujo la violación al deber de probidad como una causal para perder la curul.
Aunque ese mismo noviembre se le asignó el estudio del expediente a la Comisión de Jurídicos, no entró en el orden del día de ese foro hasta mayo del 2019, donde pasó un año completo sin que le hiciera un solo trámite.
Al foro de Sociales llegó el texto de León el 27 de mayo anterior y, desde ese momento, tampoco mostró avances.
Resolución. Este miércoles, los congresistas tomaron la decisión de archivar la iniciativa porque el plazo reglamentario para presentarle mociones vence el 28 de setiembre y, después de eso, tendrían muy poco tiempo para dictaminarlo y remitirlo al plenario.
El problema es que, en casi dos años, no se realizó una sola audiencia ni una sola petición de criterio a nadie sobre el texto del proyecto, como dijeron los miembros de Sociales antes de votar para archivarlo.
Pese al archivo de la iniciativa en Sociales, aún perviven dos expedientes más con una intención similar, ambos en la Comisión de Jurídicos: el 21.515, de la oficialista Carolina Hidalgo, y el 21.270, del frenteamplista José María Villalta.
La directriz girada por el tribunal constitucional, a finales del 2010, se dio luego de que resultara imposible sancionar a los exdiputados liberacionistas Fernando Sánchez, por su participación en un memorando que recomendaba acciones contra quienes estuvieran en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y Maureen Ballestero, quien utilizó una avioneta de la Fuerza Pública para asistir a actividades político-electorales.
“Es una vergüenza que en este cuatrienio no se defina el procedimiento para sancionar diputados”, opinó Hidalgo.