Cálculo político
No nos llamemos a engaño: el mejor negocio para los partidos de oposición es que la administración Alvarado logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con las finanzas públicas haciendo aguas por el crecimiento galopante del déficit fiscal y la deuda pública, todos los sectores pensantes del país saben que se requieren medidas dolorosas.
Lo que ocurre, claro, es que nadie que tenga aspiraciones para la próxima campaña electoral querrá decirlo abiertamente para ganarse la antipatía del electorado y de las redes sociales. Sin embargo, los precandidatos que aún se mantienen a la sombra, las cúpulas de los partidos políticos y sus bancadas legislativas tienen claro que ese acuerdo es inevitable. Pero, además, para ellos hasta resulta deseable que se logre una negociación por dos factores principales.
En primer lugar, el hecho de que este gobierno deba aprobar una segunda reforma fiscal sin duda minará aún más las pretensiones del Partido Acción Ciudadana (PAC) de un tercer mandato consecutivo.
En segundo lugar, si no se obtiene el financiamiento del FMI y no se toman medidas de ajuste, ¿a quién le convendrá gobernar a partir del 2022 un país sumido en la recesión? Por ello, considero que las circunstancias obligan a cambiar las reglas tradicionales del cálculo político para buscar una solución equilibrada, justa y esperanzadora.
La propuesta de ajuste fiscal del Poder Ejecutivo ha sido acribillada por venir cargada de impuestos y por carecer de suficientes acciones para reducir el gasto público y promover la reactivación. Debido al paso en falso dado por la administración Alvarado, resultaría todavía más grave que los partidos se queden en sus habituales e insípidos discursos incendiarios.
No, señoras y señores, los tiempos demandan predicar con la acción. El país necesita que enderecemos el barco consensuando medidas que ayuden a balancear la propuesta para el FMI. Se trata, sin duda, de una tarea titánica que exige dialogar, ceder y apechugar. Es un reto que el país no ha encarado desde que se aprobó nuestra Constitución Política, en 1949.
En vista de las negociaciones que se avecinan entre la Casa Presidencial y los sectores, no cabe duda de que el mejor cálculo político es apostar por la estabilidad.