Fallo de tribunal agrario frena plan de indígenas para rescatar sus tierras
››16 familias residen en propiedad en cuestión; líderes lamentan resolución emitida por jueces
Una resolución del Tribunal Agrario de Goicoechea puso freno a un plan de recuperación de tierras que por la vía de hecho (invadiéndola y obligando al no indígena a salir), impulsan los indígenas en los 24 territorios distribuidos en todo el país.
La medida se conoció luego de que la sociedad Hacienda La China R. L., propietaria de una finca ganadera de 234 hectáreas en la zona indígena cabécar de China Kichá, en Pejibaye de Pérez Zeledón, demandó el desalojo de 16 familias indígenas, que desde el 25 de mayo del 2019 invadieron el terreno. La propiedad se denomina Kono Jú.
La orden está paralizada mientras se realiza un estudio de vulnerabilidad social, pues en la finca habitan niños y adultos mayores. Además, se debe esperar a que el Ministerio de Seguridad Pública cuente con el personal necesario para ejecutar la medida.
Efraín Fernández Zúñiga, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá, consideró la decisión judicial como un rudo golpe en la lucha que mantienen por rescatar las tierras que les otorgaron mediante la Ley Indígena (6.172) del 29 de noviembre de 1977.
“Primero tristeza, y, en parte rabia, saber que nos quieren desalojar de nuestra propia tierra, de lo que es nuestro. Uno se siente triste porque creo que venimos siendo enajenados de parte del Gobierno desde hace mucho; 43 años de estar sufriendo.
”Es muy duro para nosotros. No lo superamos, algunos hemos llorado, otros vemos la injusticia que se sigue haciendo. Es difícil comprender esto, ser desalojado de nuestra propia casa, de nuestra propia tierra. Entonces no se llega a entender hasta dónde llegará esto”, expresó el dirigente, que es una de las personas que debe salir de la finca.
Por su parte, Pablo Sivar Sivar, líder indígena Brörán, establecido en la Reserva Indígena de Térraba, aseguró que este fallo del tribunal agrario viene a decirles que deben parar el programa de recuperación que iniciaron ellos, debido a la lentitud del PLAN-RTI, desarrollado por el Gobierno y que también procura devolver los terrenos a ese sector de la población.
“Para mí es un gran problema, es una situación muy complicada que los jueces estén sacando a los indígenas de su propia tierra. Esto realmente se convierte en una situación difícil; las comunidades indígenas ya no aguantamos más. La lucha tenemos que continuarla, si nos están sacando de nuestras tierra, dónde nos van a ubicar, cuál es la alternativa, qué nos van a dar”, cuestionó.
El viceministro de la Presidencia en Diálogo Ciudadano, Rándall Otárola, en un comunicado emitido tras la resolución del Tribunal, aseveró que el Ejecutivo no es parte en el proceso. La definición de la propiedad de la tierra es facultad del Poder Judicial, por lo que cualquier decisión no puede ser interferida por ninguna institución fuera de ese poder, señaló.
Mientras, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), encargado de aplicar el PLAN-RTI, manifestó: “La decisión fue ordenada por una autoridad
“los Jueces Deberían De castigar Al estado, no castigar A los indígenas. Si ese Señor (la Sociedad DUEÑA De la Finca) tiene Derecho A Que le Paguen, bueno Que le Paguen, Pero Por QUÉ los Jueces Dicen Que ese Señor tiene Derecho A ese PASTO Y los indígenas DÓNDE Quedamos. Por QUÉ unas VACAS Valen MÁS De Que nosotros”. Pablo Sivar Sivar líder indígena brörán
judicial y está en firme sin posibilidad de ulterior recurso. Por lo tanto, en el marco de las competencias asignadas al Inder y respetando la división de poderes establecida por la Constitución y la legislación nacional, la institución se ve impedida de accionar de alguna forma”.
La Nación intentó conocer el criterio de una abogada de apellido Vidal, que figura en el proceso como representante legal de Hacienda La China, pero no atendió los llamados a los teléfonos registrados a su nombre. Tampoco fue posible contactar al presidente de la sociedad, un empresario de apellido Marín.
Controversia. Los conflictos por la tierra en los 24 territorios indígenas del país vienen desde hace muchos años, pero se acrecentaron desde el 29 de noviembre del 1977, cuando la Ley Indígena estableció que
LAMENTO
las tierras de los territorios indígenas eran de su propiedad.
Nunca se estableció una forma concreta para hacer que ellos asumieran las propiedades y cómo se iba a indemnizar a las personas no indígenas que tuvieran fincas en esos territorios.
La situación generó enfrentamientos como quemas de ranchos, plantaciones y agresiones con armas, que se incrementaron a partir del 2010.
Incluso, en los últimos dos años se registran dos homicidios. Primero fue el del líder bribrí Sergio Rojas Ortíz, perpetrado la noche del 18 de marzo del 2019 en el territorio indígena de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas. La investigación de este caso está desestimada.
El otro crimen es el de Gehry Helmut Rivera Rivera, ocurrido el 25 de febrero pasado en Mano de Tigre de Boruca, también en Buenos Aires. El crimen se dio en un enfrentamiento entre finqueros e indígenas.
Tanto Rojas como Rivera habían recibido amenazas de muerte y se había ordenado darles medidas de protección, por parte de entes gubernamentales.
El 1.° de marzo del 2016, el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) puso en marcha un ambicioso proyecto denominado PLAN-RTI para devolver a las personas autóctonas las tierras que todavía están en manos de personas no indígenas. Sin embargo, la ejecución del proyecto se ha complicado por diversos motivos.
Debido a ese atraso, los indígenas se organizaron para recuperar las fincas en manos de otros. Ese proyecto lo denominan recuperaciones de hecho, que consiste en hacer una notificación escrita al dueño de que debe dejar la propiedad, para lo cual se otorga un plazo y luego ingresan a ella.
La propiedad Kono Jú fue invadida por 16 familias, el 25 de mayo del 2019. En aquel momento, la sociedad Hacienda La China sacó del lugar 280 cabezas de ganado. Los indígenas dedicaron parte del terreno a la agricultura.
Razones. El tribunal Agrario de Goicoechea, al ordenar el desalojo de la finca Kono Jú, fue enfático al decir que se trata de “un bien particular (...) inmerso dentro del territorio Indígena de China Kicha”.
Los jueces que analizaron el asunto, Antonio Darcia Carranza, Carlos Adolfo Picado Vargas y Enrique Ulate Chacón, explicaron: “No se está resolviendo el fondo del asunto (quién es el dueño del terreno), se trata de una medida cautelar tendiente a la protección de la actividad productiva desarrollada en el fundo, consistente en una actividad de ganadería extensiva.
”(...) Este Tribunal nunca ha desconocido las particularidades de la propiedad agraria indígena, por el contrario las ha reconocido y potenciado. Sin embargo, existen otros mecanismos para reclamar los derechos legítimos de posesión y propiedad (...). En este caso se trata de proteger la actividad productiva del empresario agrario.
”Se logra demostrar que la propiedad se encuentra inscrita a nombre de la actora y se logra determinar con el Informe técnico elaborado por el Instituto de Desarrollo Rural, que la finca en disputa no ha sido comprada o expropiada a la fecha, resultando ser uno de los fundos que se debe pagar”.
Sivar, al analizar el razonamiento de los jueces, subrayó: “Los jueces deberían de castigar al Estado, no castigar a los indígenas. Si ese señor (la sociedad dueña de la finca) tiene derecho a que le paguen, bueno que le paguen, pero por qué los jueces dicen que ese señor tiene derecho a ese pasto y los indígenas dónde quedamos. Por qué unas vacas valen más de que nosotros”.