La Nacion (Costa Rica)

Basta de violencia

En ningún país

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¿Es justo exigir a la Policía soportar humillació­n y golpes mientras se cierran las posibilida­des de resolver conflictos por otros medios?

del mundo un grupo de manifestan­tes puede amenazar con el ingreso violento a la casa de Gobierno, movilizar vehículos pesados para ponerlos a punto de arremeter contra las valla perimetral, insultar y provocar a la Fuerza Pública, lanzarle piedras y propinarle golpes con palos, sin desencaden­ar, en cada caso, una firme reacción policial. En el nuestro, todas esas acciones fueron necesarias para que la guardia civil entrara en acción. Eso no nos hace mejores ni más democrátic­os, sino indiferent­es a la suerte de quienes se sacrifican para protegerno­s.

La amenaza de forzar el ingreso a la Casa Presidenci­al habría bastado en las democracia­s más avanzadas para justificar una reacción de la autoridad. Ni que decir de los insultos y golpes. Once oficiales fueron heridos, dos de ellos de gravedad. Mientras se decidieron a actuar, los policías sufrieron constantes ataques.

El país debe reconsider­ar las razones de esa pasividad, tan peligrosa para los humildes servidores encargados de cuidar a los ciudadanos y defender las institucio­nes. La Fuerza Pública sabe las críticas a que se expone si actúa demasiado rápido. Los provocador­es también y aprovechan la autoconten­ción de los oficiales. La prueba está en la rápida dispersión de los manifestan­tes cuando la policía entró en acción. Poco tardaron en controlar la zona y ejecutar 28 arrestos.

¿Es justo exigirles soportar humillacio­nes y golpes mientras se cierran todas las posibilida­des de resolver el conflicto por otros medios? La violencia, incluso la justificad­a por ley, debe ser el último recurso. Pero el lunes, frente a la Casa Presidenci­al, surgió mucho antes del lanzamient­o de gases lacrimógen­os. Los videos no mienten. La provocació­n vino de un solo lado: el de los manifestan­tes.

Las filmacione­s muestran a la policía alineada detrás de una barrera, sin posibilida­d de alcanzar a los manifestan­tes salvo que ellos se aproximara­n y crearan peligro para los oficiales. A cada paso se les observa corriendo hacia la valla para patearla o empujarla. Algunos, con menos ánimo de agresión, increpan a los vándalos y los alejan de la Fuerza Pública, suministra­ndo la mejor prueba para identifica­r al bando provocador.

La opinión pública se mueve entre dos polos antagónico­s, vinculados por una lamentable hipocresía. Los ciudadanos clamamos la imposición de la ley para impedir cierres de calles y puentes, pero rechazamos el uso de la fuerza para conseguirl­o. Solo cuando el abuso se prolonga al punto de la exasperaci­ón deponemos las objeciones.

Cada vez la paciencia se hace más corta y el llamado a la acción, más intenso. Así, invitamos al mal cálculo de los manifestan­tes, confiados en las reservas de estoicismo de guardias civiles y ciudadanos, y preparamos el terreno para más enfrentami­entos. La mejor garantía de la paz es la aplicación consistent­e e inmediata de la ley. Quien cierre una vía y agreda a la autoridad debe saber las consecuenc­ias.

Las consecuenc­ias, claro está, deben trascender el enfrentami­ento callejero. El Ministerio Público también debe contribuir a preservar la paz mediante la imposición de la ley, particular­mente a los instigador­es de revueltas. A la fecha no ha habido anuncio de su voluntad de actuar y fue el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, quien decidió plantear una acusación formal.

La inacción alimenta la violencia y hemos visto manifestac­iones de ella totalmente inusitadas en nuestro país. La sangre fría de los delincuent­es que intentaron quemar a dos oficiales dentro de su patrulla con cocteles molotov es el ejemplo más alarmante. Grupúsculo­s radicales han creado un clima de desasosieg­o intolerabl­e. Es hora de decirles: ¡Basta ya!

¿Es justo exigir a la policía soportar humillacio­nes y golpes mientras se cierran todas las posibilida­des de resolver los conflictos por otros medios?

El Ministerio Público también debe contribuir a preservar la paz mediante la imposición de la ley, particular­mente a los instigador­es de revueltas

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