Falta de controles del Estado impide cumplir contrato en megapuerto
››Jerarca de Japdeva dice que hay una unidad encargada de esa labor
La falta de controles en las instituciones estatales que deben fiscalizar las funciones y los servicios que brinda la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), impide garantizar que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato para la operación de dicho muelle, concesionado a la firma holandesa APM Terminals.
Así lo revela una informe de la Contraloría General de la República (CGR), según el cual, tanto el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) como la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva) ejercen una labor de supervisión “limitada”. Señaló que ambas entidades carecen de planificación a corto, mediano y largo plazo para llevar a cabo esa tarea.
De acuerdo con el órgano contralor, no existe un expediente administrativo actualizado del proyecto TCM en esta etapa de explotación, en formato digital o físico, ni tampoco “mecanismos formales que garanticen disponibilidad, confidencialidad y oportunidad en la información del proyecto”.
La CGR indica que, por ejemplo, las autoridades señalaron como limitaciones para realizar sus actividades, el hecho de que la Policía de Control de Drogas (PCD) no cuenta con un sistema automatizado para solicitar las revisiones de los contenedores, lo cual podría afectar la confidencialidad de dichos procedimientos.
Además, no existe un andén para la revisión fitosanitaria de la carga refrigerada, mientras que en Aduana el tiempo de respuesta del concesionario es lento, lo cual también afecta el proceso, pues no hay cámaras de enfriamiento.
En el documento, la Contraloría añadió que “la Unidad Fiscalizadora del contrato de concesión, no cuenta con acceso ágil, pleno y actualizado a la información del proyecto, ni cuenta con una planificación estratégica de la fiscalización en la etapa de explotación, pues carece de elementos básicos como monitores, cámaras y la disponibilidad de un operador de equipo móvil para las visitas al proyecto y pruebas de campo, así como falta de personal para cubrir razonablemente su alcance, según lo establecido contractualmente.
”También identificamos una carencia de mecanismos formales de coordinación que involucren a las diferentes instituciones que ejercen el control en dicha terminal y que coadyuve con una mejor coordinación entre esas instituciones y la administración concedente”, añadió Marcela Aragón, gerenta del área de Infraestructura de la CGR.
Secuelas.
Estas situaciones, concluye el estudio, no solo afectan la prestación óptima de los servicios del concesionario sino que aunado a las debilidades de fiscalización, podrían desencadenar riesgos de incumplimientos en el control que debe ejercer el Estado.
La CGR dio un año a la Secretaría Técnica del CNC para que implemente medidas de reforzamiento de la Unidad Ejecutora a su cargo.
En tanto, a la Presidencia Ejecutiva de Japdeva se le ordenó reforzar la gestión de la Unidad Supervisora a su cargo. Andrea Centeno, quien ejerce ese puesto, dijo que existe una unidad de supervisión constituida por Japdeva, la cual “cuenta con un equipo de profesionales dedicados a ello y se ha supervisado acorde con las responsabilidades, informes periódicos y especiales.
”El informe nos parece un insumo importante, entendiendo la relevancia de la concesión y de garantizar su correcta tutela. Tomamos con atención los señalamientos y se trabajará conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CNC en atenderlos”, apuntó Centeno a La Nación.
En tanto, la firma europea manifestó: “APM Terminals trabaja apegado a los términos establecidos en el contrato, con el objetivo de cumplir plenamente con las funciones y obligaciones adquiridas. Estamos siempre en la mejor disposición de colaborar con las instituciones del Estado para que puedan realizar los controles correspondientes”.