UCR ajusta anualidades a reforma fiscal mientras se resuelve proceso judicial
Mientras un juez resuelve si las universidades públicas deben aplicar la reforma fiscal, la Rectoría de la UCR resolvió reconocer a sus funcionarios una anualidad del 1,94% sobre el salario base, como ocurre en el resto del sector público y como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N.° 9635), aprobada en diciembre del 2018.
La Universidad de Costa Rica (UCR) pagaba a sus trabajadores un 3,75% de anualidad sobre el salario bruto (base más pluses). En el 2019, presupuestó cerca de ¢64.000 millones para ese incentivo.
Sin embargo, como reconoció en noviembre pasado el entonces rector, Henning Jensen, ya el pago de ese porcentaje era “insostenible” para la institución. Así lo admitió ante los diputados de la comisión que investigó el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
De acuerdo con la resolución de la Rectoría R-2632020, emitida este miércoles, dado que durante el año 2020 no se ha pagado el concepto de anualidad, se establece diciembre del 2019 como mes de referencia a partir del cual al trabajador se le constituirá un monto nominal fijo o congelado, con el monto de anualidad que esté devengando en ese momento.
Además, el empleado que se encuentre desempeñando un puesto de ascenso recibirá la anualidad nominal hasta que finalice dicho nombramiento y, cuando retorne a su puesto en propiedad, asumirá la anualidad nominal correspondiente a ese.
“La anualidad homologada se aplicará como un porcentaje sobre el salario base de la clase ocupacional correspondiente a las categorías salariales vigentes a julio del 2018. Dichos porcentajes serán de 2,54% a las clases ocupacionales administrativas de las categorías de 1 a 9, y de 1,94% a las clases ocupacionales administrativas de las categorías de 10 a 17, y a los salarios base de los puestos docentes, incluyendo en estos últimos los cargos de dirección académica y administración superior”, indica la resolución del rector, Carlos Araya.
Actualmente, se encuentra en trámite una acción de inconstitucionalidad interpuesta por los integrantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en febrero de este año, contra la Ley 9635.
En el caso de la UCR, la gestión fue firmada por el anterior jerarca.
Los rectores universitarios pidieron en la acción que se anulara un artículo y un inciso del reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los cuales ponen límite al pago de incentivos como anualidades, carrera profesional y dedicación exclusiva en todas las instituciones públicas, incluidas las universidades.
Ante la Sala Constitucional, los jerarcas de las casas de enseñanza superior alegaron que tal normativa viola las disposiciones de la Constitución Política sobre el financiamiento de la educación superior pública, como la autonomía universitaria y la obligación de que cada año se dedique el equivalente a un 8% del producto interno bruto a la enseñanza estatal.
La resolución emitida este miércoles señala que, de ser favorable el resultado de la acción, la UCR ejecutará las medidas que correspondan para pagar la anualidad según la normativa institucional y se efectuarán las actualizaciones del porcentaje de anualidad a cada funcionario y el pago de las diferencias.
“La homologación de anualidad es un cambio transitorio y temporal, que dependerá del resultado del proceso judicial que realizan las universidades públicas contra la aplicación de la ley 9635 a su sistema de remuneración salarial”, dice la resolución.