Proxeneta más buscado del país ‘vendía’ menores
Sujeto operaba en hotel de Escazú y recibió condena, pero se dio a la fuga
Luego de pasar una temporada en Costa Rica, el español Joaquín Burgués Valera alquiló, en el 2014, el hotel Sueño Español, en Escazú. Pero su intención no era que dicho negocio operara de forma legal; su interés era ponerlo a funcionar como un prostíbulo.
Para conseguirlo, Burgués consiguió a cuatro menores de edades entre 13 y 17 años. Si un cliente quería un encuentro sexual con alguna de ellas, él le cobraba $200 (cerca de ¢120.000 al tipo de cambio actual). Por esa tarifa, los hombres podían tener sexo con las muchachas dentro del hotel.
Si querían sacarlas de ese negocio y llevarlas a otro sitio, debían pagarle a Burgués ¢20.000 adicionales.
“Las mujeres menores de edad (cobraban) $200 por mantener una relación sexual. (Eran) relaciones sexuales que se mantenían dentro del local, finalizando la relación cuando el hombre con el que se encontraran lograra eyacular.
”Además, (ellas) debían cobrarle ¢20.000 más, monto que era entregado al acusado, en caso de que el cliente quisiera salir con ellas del hotel, lo cual constituía el derecho de salida (no detalla cómo funcionaba ni por cuánto tiempo era brindado)”.
Este es un extracto de la sentencia 615-2018 del Tribunal Penal de Pavas, donde quedó en firme el procedimiento abreviado al que se sometió el sujeto y por el cual recibió una condena de tres años y 11 meses de prisión.
Sin embargo, tras recibir esa sentencia, Burgués se fugó y, actualmente, es el proxeneta más buscado del país. Tiene 63 años.
De hecho, ese sujeto figura desde junio pasado, como una las 10 personas más buscadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Lo único que se sabe es que en caso de que haya salido de Costa Rica, no lo hizo de forma legal, puesto que la Dirección General de Migración
y Extranjería no le registra salidas del país.
Se consultó desde hace cuánto se tuvo conocimiento de la fuga de este hombre y si la orden de captura también es internacional, pero al cierre de esta edición, el Poder Judicial no respondió al correo electrónico enviado.
Condones y camas.
Cuando buscaba a las menores que pretendía explotar sexualmente, Burgués seleccionaba a muchachas en claras condiciones de vulnerabilidad, tales como con un estatus migratorio irregular, se lee en el fallo emitido por la jueza Andrea Ramírez Solano.
Las víctimas eran una de 13 años, dos de 15 y otra de 17. Esa era la edad que tenían al momento de la detención de Burgués.
Ellas trabajaron en ese negocio escazuceño desde el 13 de abril del 2016 hasta el 10 de setiembre del mismo año.
La condición en que ellas se encontraban dentro de ese local tampoco se detalla en la sentencia. Lo único a lo que hace referencia la juzgadora es que el proxeneta las obligaba a cobrar los $200 a los clientes, más el derecho de salida.
Burgués les daba a estas los condones, las camas y las sábanas. “Él suministró a las menores ofendidas el espacio físico, los paños, sábanas, camas y los condones que utilizaron para la realización de actos sexuales remunerados con terceros, los cuales contactaban al acusado por medio de mensajes de Whatsapp o, bien, se presentaban al hotel subarrendado por el acusado.
”Una vez que elegían con quién tener relaciones sexuales, (los clientes) pagaban una suma establecida por el acusado (...). Burgués, de manera gratuita, proporcionaba a los clientes condones y, además, expendía de manera ilegal bebidas alcohólicas”, indicó la jueza.
Pese a que sus ingresos fuertes provenían de los encuentros sexuales que mantenían las menores con terceros, las autoridades pudieron comprobar que Burgués también prostituía a cinco adultas cuyas edades se desconocen.
Sin embargo, presumen que la cantidad de víctimas que sobrepasaban los 18 años era mucho mayor. Por ellas, el proxeneta cobraba $100 y ¢20.000 por el derecho de salida del hotel, recalca la sentencia.
Denunciado.
La madre de una de las víctimas (se desconoce cuál) se enteró de la situación y por ello interpuso una denuncia penal para que se investigaran los hechos.
La Fiscalía ordenó al OIJ hacer las investigaciones respectivas y, en medio de eso, un agente encubierto solicitó el servicio sexual con una de las mujeres presentes en el sitio, “a quien se le cobró por tales servicios la suma de ¢70.000”.
El policía pagó con dinero que fue previamente marcado.
Por ello, el hombre fue detenido el 10 de setiembre del 2016 y, poco menos de dos años después, se sometió a un proceso abreviado al aceptar su responsabilidad por los delitos de proxenetismo y proxenetismo agravado.
Por ello, se le condenó y, según dispuso la juzgadora en aquel momento, no se le concedió el beneficio de ejecución de la pena porque esta superaba los tres años de prisión.
“Ahora bien, en virtud de que el encargado ha cumplido parte de la pena en prisión, estando en prisión preventiva, será el juez de ejecución de la pena con el debido cómputo de la pena, quien realice los cálculos respectivos y valore la posibilidad de algún beneficio distinto como la libertad condicional, regulado en el numeral 64 del Código Penal”, dijo la jueza.
Se intentó conocer qué decisión tomó el Juzgado de Ejecución de la Pena respectivo, pero no se obtuvo respuesta.