Parlamento de Nicaragua aprueba polémica ley de ‘agentes extranjeros’
MANAGUA. AFP. El Parlamento de Nicaragua aprobó este jueves una polémica ley de regulación de “agentes extranjeros”, dirigida a controlar los recursos externos que reciben personas y organismos de fuentes internacionales, contra la que ya se habían manifestado Estados Unidos y el Parlamento Europeo.
La normativa, impulsada por la bancada oficialista fue avalada con 70 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.
Criticada desde el exterior al considerarse un intento del gobierno de Daniel Ortega por controlar los fondos de las organizaciones civiles, el grupo parlamentario sandinista justificó la iniciativa como un instrumento para defender la soberanía de injerencias foráneas.
La legislación exige a entidades que operan en ese país bajo orden o supervisión de un organismo externo a registrarse como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación.
La iniciativa incluye a consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleadores de servicios de información y consultores políticos.
Fueron exceptuados los medios de comunicación social internacionales y los corresponsales, así como las agencias de cooperación, organismos humanitarios y entidades religiosas acreditadas.
Críticas. “No puede seguir sucediendo que un millón de dólares valgan más que un millón de votos”, argumentó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, quien sostuvo que organizaciones extranjeras financian entidades para hacer campaña contra el gobierno de Ortega.
El congresista acotó que la ley busca “evitar que recursos externos sean usados en injerencia” electoral.
“Nosotros no estamos agrediendo los derechos de nadie (...) Si esta ley le sirve a Estados Unidos para defender su soberanía e imperio, ¿por qué no podemos tener una ley parecida?”, cuestionó Gutiérrez.
El texto despertó fuertes críticas en la comunidad internacional, lo que el legislador sandinista calificó como un “vulgar rasero, con el que nos quieren medir a nosotros”.
EE. UU. y el Parlamento Europeo condenaron la semana pasada el proyecto por considerar que restringe las libertades públicas, y amenazaron con nuevas sanciones.
Los 14 diputados del derechista Partido Liberal Constitucionalista se opusieron a la norma porque “el concepto de soberanía no puede estar por encima del derecho de las personas”, sostuvo el legislador Maximino Rodríguez.
Su compañera Adilia Salinas manifestó, de su lado, que no es delito para las entidades obtener apoyo financiero en el exterior para realizar su trabajo organizativo.
La norma recibió el visto bueno casi un año antes de las elecciones presidenciales y legislativas en esa nación.