Un nuevo rumbo
El gasto público real per cápita se incrementó, en promedio, un 7,5 % entre el 2014 y el 2017, y los servicios no mejoraron. Este año se pagarán $3.100 millones solo en intereses debido a la monstruosidad de la deuda.
Estamos secuestrados por dirigentes sindicales en defensa de sus privilegios. En ocho años, los pluses se incrementaron un 57 %. En el 2019, la remuneración básica subió el 108 %.
Los salarios públicos más altos en relación con los ingresos en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los tiene Costa Rica.
El sector estatal no debe seguir inflándose. No es solo con más impuestos como se resolverá el problema. Tampoco se reducirá la deuda vendiendo activos, si no son controlados los disparadores del gasto, que están en las transferencias, los intereses, las pensiones y las remuneraciones.
Los efectos de la pandemia y la grave situación fiscal obliga sin dilaciones a grandes transformaciones y a ver el aparato estatal integralmente para darle sostenibilidad y evaluar su rumbo. Gobernabilidad, probidad, transparencia y rendimiento de resultados son claves.
La eliminación de los trámites en papel es la primera en la lista. Cambio que significa integración de programas, agilidad, rendición de cuentas, bajar costos, buena gobernanza, productividad, fortalecer la gestión y analizar las competencias.
Hay que manejar la tesorería de los recursos financieros que deriven en más eficiencia en los servicios públicos. El trabajo como islas no ha funcionado, una visión más integral y competitiva es urgente.
Hacienda debe contar con recursos humanos y tecnológicos para llevar un registro integrado de contribuyentes. Hacienda digital debe disponer de herramientas informáticas de última generación para combatir la evasión.
Diálogo. No es un buen mecanismo efectuar consultas multisectoriales infinitas a fin de solventar un problema de caja tan serio como el del gobierno.
En este último trimestre, las obligaciones del fisco crecerán por los aguinaldos y los vencimientos de deuda e intereses. La economía va en picada y la credibilidad del gobierno sigue erosionándose. La gente desesperada por falta de empleo requiere respuestas ya.
Los agitadores en las calles se lavan las manos irresponsablemente. El discurso es que el narcotráfico les arrebató el “movimiento”, pero alimentan la desobediencia civil y la violencia con engaños y discursos populistas.
La policía detiene a los agresores y las autoridades judiciales los dejan en libertad. Es increíble que un manifestante requise una radiopatrulla. ¿Dónde quedó el respeto por las autoridades? Nadie tiene derecho a dañar nuestra maltrecha economía ni a impedir que la gente circule libremente. Qué imagen más triste estamos proyectando al mundo. ¿Cuánto afectará al turismo y la inversión hechos reprochables?
Vivimos momentos de gran vulnerabilidad e incertidumbre. La fragmentación de los partidos en el Congreso complican más la gobernabilidad. Hay un enorme vacío de mando y un desgaste de los partidos tradicionales.
Es increíble que el Estado necesite endeudarse en un 55 % para cubrir sus gastos
Producción. La caída de la producción, que se pronostica será de entre un 5 % y un 6 %, y la disminución de los ingresos fiscales en ¢1,2 billones nos obliga a ser muy prudentes y eficientes en cómo se manejan las finanzas estatales.
En el 2021, el déficit primario será de ¢1,4 billones (4,1% del PIB), el déficit financiero superará los ¢3,5 billones (10%) y la deuda del Gobierno Central se ubicará en un rango del 70 % u 80 % del PIB.
No habrá recuperación económica a corto plazo, mucho menos debido a la falta de definiciones claras de cómo deben ser los ajustes estructurales necesarios.
El país merece una gestión financiera cuidadosa en todos los campos, tanto en la recaudación como en los disparadores del gasto.
Hay que parar la inflexibilidad en el uso de los recursos. No debemos expandir el gasto público y la inversión como lo están haciendo otros países que tenían una situación fiscal más sana.
Es preocupante que el gobierno no explique a los costarricenses la importante necesidad de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que debe corresponderse con alza de ingresos mediante el cobro de los impuestos, la reactivación de la economía, acabar con el contrabando, la readecuación de la deuda pública a más largo plazo y una tasa más baja, el recorte de gastos, la eliminación de duplicidades, el congelamiento de aumentos salariales, la suspensión de ascensos, la simplificación de impuestos, la racionalización de exoneraciones, la aprobación de una ley de empleo público que incorpore a los trabajadores actuales y futuros, la eliminación de nuevos incentivos, cerrar el tubo a extras, viajes y recepciones, y entrar en un programa de austeridad.
Costa Rica no debe renunciar al FMI cuando el hueco fiscal ronda los $11.000 millones. El acuerdo le dará un aval de buen comportamiento ante los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo. Los bonos del Gobierno están cayendo de valor desde el anuncio de que no está asegurada la negociación.
El colón comienza a perder valor y el Banco Central se verá obligado a intervenir. Está claro que el capital pierde confianza en las autoridades gubernamentales.
El apoyo del FMI no es solo por $1.750 millones a tres años e intereses del 3 %, es el acceso a fondos multilaterales con tasas más baratas y a largo plazo.
El acuerdo con el FMI es una carta de compromiso del país con los tenedores de deuda e inversionistas. Un escenario sin el FMI sería un desastre financiero y afectaría el tipo de cambio, y esto produciría inflación, desempleo, informalidad y más pobreza. Triste escenario si el gobierno y el Congreso no acuerdan una ruta clara con compromisos y fechas.
Locura. Usar las reservas del Banco Central no es viable. Son solo $3.000 millones porque el resto es de los bancos y otros compromisos. Son fondos para cuidar la estabilidad del sistema financiero y las fluctuaciones cambiarias.
Hagan la tarea que exige el país en el campo hacendario. Dejen de crear más gastos sin ingresos. La contralora señaló que los gastos crecen a un 5 % y los ingresos caen un 5 %, para terminar con un déficit fiscal de un 11,7 % del PIB y un aumento en el faltante de ¢31.000 millones.
¿Acaso nos volvimos locos? El presidente, Carlos Alvarado, tiene que asumir un compromiso claro con la estabilidad, la seguridad y el manejo responsable de las finanzas públicas.
Lo primordial es incentivar el sector productivo y la inversión, que son los responsables de la reactivación y el empleo.