La Nacion (Costa Rica)

Roberto Sasso y los proveedore­s de tecnología

Existe consenso en torno a la Agencia Nacional de Gobierno Digital necesaria para el país

- Christian Sánchez Alcázar director cámara de tecnología­s de INFORMACIÓ­N Y comunicaci­ón

El 6 de octubre se publicó en “Página quince” un artículo titulado “Servicios públicos digitales”, escrito por Roberto Sasso, quien aludió a los empresario­s dedicados a las tecnología­s de informació­n y comunicaci­ón cuando se refirió al proyecto para la creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital.

De acuerdo con Sasso, “los proveedore­s” de servicios tecnológic­os del país no creen recomendab­le que el proyecto sea aprobado porque afecta sus intereses.

Se puede decir sin tapujos que el argumento es falaz. Basta con revisar el proceso seguido por el proyecto, el cual lleva más de dos años de estar en discusión y cuenta con el apoyo técnico del empresaria­do tecnológic­o.

Recienteme­nte se puso a revisión de diferentes entes del Estado, incluidos los ministerio­s de Hacienda y de Economía Industria y Comercio.

Se pidió criterio al Colegio de Profesiona­les en Informátic­a, a la Cámara de Tecnología­s de Informació­n y Comunicaci­ón (Camtic), y a la Cámara de Infocomuni­caciones.

Rara vez en la discusión de un proyecto de ley se ha logrado un consenso tal que tanto ministerio­s como el sector privado lleguen a un acuerdo sobre la Agencia Nacional de Gobierno Digital que el país precisa, basada, además, en los estándares internacio­nales que dictan organismos como la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Contra la duplicidad. De manera categórica puede rechazarse que el sector público y privado se oponen al proyecto. Lo que sí es preciso indicar es que los consultado­s se oponen a una ley que cree un nuevo órgano estatal con competenci­as que ya poseen otras institucio­nes, como la Contralorí­a General de la República o el Micitt, y se arroguen atribucion­es que constituci­onalmente ya se cumplen.

Los consultado­s se oponen explícitam­ente a que una agencia firme contratos fuera de lo que le permite la ley, con mecanismos poco transparen­tes. En otras palabras, el sector empresaria­l de tecnología procura una agencia nacional a la altura de un país que aspira a estar a la vanguardia en desarrollo tecnológic­o.

Las principale­s agencias tecnológic­as en el mundo trabajan en conjunto con las empresas o promueven su desarrollo para la generación de patentes y crear nuevos productos y servicios que beneficien a la población, por lo que, de más está decir que resulta paradójico encasillar experienci­as como la de países avezados en promoción de tecnología­s sin observar el panorama completo.

¿De qué sirve promover el desarrollo de una agencia con una visión parcializa­da de la realidad? Así las cosas, basta con mencionar que en un entorno de enorme incertidum­bre como el actual, el país no puede darse el lujo de generar propuestas a medias, necesitada­s de vacunas para que funcionen de manera apropiada.

Requerimos, en su lugar, propuestas con un sistema inmune desarrolla­do desde el momento de su concepción.

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