Iniciativa limitaría creación de nuevos destinos específicos
Un proyecto de ley impondría límites a la creación de nuevos destinos específicos.
Se trata del expediente número 22.527, presentado 8 de octubre por el diputado liberacionista Luis Fernando Chacón.
El texto, que consiste de un artículo único, pretende que toda iniciativa que implique gasto público debe “especificar y acreditar los fondos que garanticen su efectiva aplicación. Estos no podrán provenir del endeudamiento público, salvo que se trate de gastos de capital”
“Los proyectos de ley de presupuesto ordinario, extraordinario, o modificaciones presupuestarias, así como las proposiciones de reforma constitucional, se regirán por su regulación normativa específica”, explica el documento.
Entre los motivos para presentar el plan, el expediente señala que entre 1991 y 2014 más del 50% de las leyes promulgadas no contaron con un origen definido para su implementación, según el Programa Estado de la Nación.
Asimismo, entre 2015 y 2016, un 47% de leyes con mandato garantista especificaron una fuente de financiamiento, mientras que un 41% no incluyeron esta información.
Entre 2017 y 2018, la cifra de leyes sancionadas sin un origen definido subió de nuevo a la mitad, y entre 2018 y 2019, ya con la crisis fiscal en la mira, se mantuvo en un 22%.
“Con la presente reforma pretendemos extender el principio de responsabilidad presupuestaria a la tramitación de toda la legislación común y alinear el Reglamento de la Asamblea Legislativa a los principios de la Constitución Política”, dice el texto.
Chacón afirmó que en febrero del 2019, en una discusión para reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa, él presentó una moción para incorporar el principio de responsabilidad presupuestaria; sin embargo, esta fue votada en contra.
“Creo que es el momento de replantearlo como ley de la República y así lo vamos a promocionar, entendiendo que hay una patología en la cultura parlamentaria que es conocida como la promesa democrática sin sustento económico”, manifestó el jefe de fracción del PLN.
“Históricamente, se han generado legislaciones que no dudo que tuvieran una buena voluntad, pero la voluntad no basta, sino que debe sustentarse con fuentes identificables de financiamiento”, añadió.
La Contraloría General de la República (CGR) había reportado que 150 destinos específicos, originados por medio de leyes o mandatos constitucionales, consumirán ¢9 de cada ¢10 pagados en impuestos por los ciudadanos, según el proyecto de Presupuesto Nacional 2021.
El plan de gastos presentado por el Ministerio de Hacienda Hacienda al Congreso establece que más de ¢4,25 billones irán a destinos específicos, mientras que la recaudación de impuestos proyectada es de ¢4,56 billones.
La CGR advirtió de que esta rigidez presupuestaria agrava aún más el déficit fiscal del país, el cual llegaría a un 11,7% del producto interno bruto (PIB) a fines del 2020.
“En el contexto actual de crisis se vuelve imperioso revisar las asignaciones presupuestarias incluidas con motivo de la incorporación de los órganos desconcentrados, así como revisar las asignaciones existentes, incluidas las de rango constitucional, de manera tal que respondan a principios fundamentales de gasto público”, puntualizó el ente contralor.