Realismo trágico
Los acontecimientos de las últimas semanas son el desenlace de la falta de liderazgo de Carlos Alvarado, quien carece de políticas creativas y pragmáticas para afrontar la crisis.
Sus propuestas son bautizadas con nombres rimbombantes, pero son como las rosas, en palabras de Góngora, efímeras. Vivimos el realismo trágico costarricense. Alvarado da vueltas una y otra vez en sentido inverso al carrete para deshacer otras vueltas anteriores.
Un ejemplo doloroso de su comportamiento errático es el proceso de consulta para diseñar “democráticamente” el borrador para presentárselo al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con ese fin tuvieron lugar tres foros, del 26 al 28 de agosto, como parte de la iniciativa Costa Rica escucha, propone y dialoga; además, hubo una recepción de ideas a través de la página en Internet gobiernoabierto.go.cr. De acuerdo con la información en línea, recibieron 721 propuestas “desde el 16 de marzo hasta el 21 de agosto”, pues estaban trabajando en el problema de las finanzas públicas desde el inicio de la pandemia.
A través de gobiernoabierto.go.cr, la presidencia informa haber recibido 721 sugerencias sobre tres temáticas: ingresos y gastos, y la tercera fue denominada evasión, elusión, activos del Estado y condición de la deuda.
Ciudadanos y sectores diversos compartieron ideas y la mayoría se pronunció acerca de cómo aumentar ingresos; la administración recolectó un total de 301 recomendaciones al respecto; sin embargo, lo presentado al país el 17 de setiembre como borrador, a saber, un tributo del 0,30 % a las transacciones bancarias, el aumento temporal en las tasas del impuesto sobre la renta para empresas, personas y salarios; y pasar del 0,25 % al 0,75 % el impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles no aparecen en los 301 planteamientos.
Sí figura, por ejemplo, “generar impuestos sobre rentas y ganancias de capital”, pero también “reducción del impuesto a las empresas permanentemente”.
Fue sugerido un “impuesto de emergencia por una vez del 10 % al capital superior a un millón de dólares”; sin embargo, están dos ideas con respecto al IVA: suspensión del cobro y la reducción a un 6 % o un 7 %.
“No aprobar nuevas cargas tributarias”, “eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar progresivo” y “eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta a las cooperativas” pueden leerse igualmente como parte de lo que el pueblo piensa que ayudaría al Estado a allegar recursos a sus arcas (la lista completa abajo).
Gastos, palabra anatema.
En el apartado correspondiente a “gastos”, la gente dijo: reducir el Estado en un 20 %, fusionar o cerrar entidades, por ejemplo, unir el MEIC con el Mideplán, Recope con el Minae y las cinco universidades concentrarlas en una sola.
Los costarricenses pidieron eliminar viceministerios, vicepresidencias y oficialías mayores, y otras maravillas sin ninguna difusión posterior por parte del gobierno.
En cuanto a evasión, elusión, activos del Estado y condición de la deuda, surgieron las siguientes soluciones: publicar la lista de empresas morosas y que reportan cero utilidades, reforzar el cobro judicial y extrajudicial, imponer penas más fuertes por evasión y remplazar multas por incentivos al pago, entre otras. No obstante, se formuló asimismo vender Bicsa, Fanal, el BCR, Kölbi, el INS y Recope.
Conclusión: de la iniciativa Costa Rica escucha, propone y dialoga no salió el plan para negociar con el FMI. No es de extrañar, por ende, el rechazo generalizado, con las excepciones habituales. Según el documento Costa Rica escucha, propone y dialoga, del sector empresarial se recibieron 105 recomendaciones; del sindical, solidarista y cooperativista, 89; de los académicos, 86; y de otros grupos, 75.
La pregunta surge automáticamente: ¿Por qué no fueron tomadas en cuenta las opiniones recolectadas? Si el borrador de planteamiento para el FMI de todos modos iba a tener detractores, el gobierno por lo menos habría contado con un documento para demostrar de donde salió la propuesta.
Otros diálogos. Cuando Alvarado reculó y se presentó ante la opinión pública, el 5 de octubre, para reconocer “con humildad” el retiro del borrador y anunciar un segundo mecanismo de diálogo del cual él se encargaría personalmente, la situación en las calles empezaba a salirse de control.
Como tercer ejercicio de consulta, desayunó con los economistas José Luis Arce y Gerardo Corrales, y los abogados especialistas en impuestos Adrián Torrealba y Allan Saborío. El país no ha sido informado de lo conversado en esa pequeña “mesa de diálogo”, oficialmente.
El 7 de octubre José Miguel Corrales y el ministro de Seguridad, Michael Soto, reconocieron la infiltración del narcotráfico en los piquetes. El caldero empezaba a humear.
El 14 de octubre el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, reportó, cuando menos, ¢33.000 millones en pérdidas para los empresarios agrícolas durante dos semanas de protestas violentas, protagonizadas por apenas 2.700 personas, pero a ojos vistas muy bien pertrechadas.
La respuesta de Carlos Alvarado fue utilizar la misma fórmula de siempre: llamar a una mesa de diálogo, ya no con él involucrado personalmente, sino asignando la tarea al Programa Estado de la Nación (PEN). ¿Quién garantizaría que esta vez sí serían incorporadas las propuestas en un plan para salvar al país de la debacle económica?
Un rotundo fracaso de convocatoria, porque hizo lo mismo que con el borrador para el FMI, presentar un proyecto desequilibrado, inclinado más hacia intereses sectoriales que nacionales, y esta vez con poder de veto para el presidente si no estaba de acuerdo con el resultado: “En los asuntos en los que no haya sido posible una recomendación de la mayoría de los integrantes de la mesa, el Poder Ejecutivo tendrá la libertad y el deber de proceder según sus criterios. Lo mismo ocurrirá si con los acuerdos no se logran alcanzar demostradamente los objetivos de política que ambos presidentes de los poderes de la República propusieron”, explicó el mandatario.
Descartada la mesa de diálogo con el PEN a la cabeza, el país quedó como moros sin señor. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Alvarado? ¡Convocar otro diálogo nacional quién sabe con qué tipo de estructura esta vez!
Acefalia. Nada justifica los bloqueos, mucho menos poner en peligro la vida de una mujer embarazada y su hijo por nacer, o las vidas de humildes policías, enviados en desventaja numérica y sin equipo apropiado para repeler ataques de narcotraficantes. Nada justifica el cobro hasta de ¢30.000 a personas desesperadas por llegar a sus destinos.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) —y José Álvaro Jenkins particularmente— no debió negociar con Célimo Guido y sus secuaces. Su inexcusable intervención debe condenarse enérgicamente y exigir a sus miembros reconsiderar por respeto a la institucionalidad y para blindar nuestra democracia de elementos subversivos.
José Miguel Corrales, Célimo Guido y Óscar Campos no deben andar tan campantes y pasar enfrente de los tribunales como si aquí no hubiera pasado nada. Abrieron la caja de Pandora y las desgracias se suman a las debilidades administrativas de nuestro gobernante y su gabinete.
Llega un momento en que, decía Deng Xiaoping, no importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones es un buen gato. Ojalá no convirtamos a un líder de un régimen de partido único en referente para resolver los problemas de Costa Rica.