Presupuesto del 2021 tiene varios caminos luego de su rechazo en comisión
››Plenario podría incluso convertirse en foro para hacerle más ajustes
A las 11:30 p. m. del martes, luego de que los diputados oficialistas bloquearon la votación de mociones para reducir ¢150.000 millones en el gasto público, los partidos de oposición dictaminaron negativamente el Presupuesto Nacional del 2021.
Nueve diputados emitieron ese dictamen, mientras que las dos legisladoras del Partido Acción Ciudadana (PAC) se inclinaron por un dictamen positivo de minoría para el plan de gastos de ¢11,45 billones.
Ahora, el Presupuesto pasará al plenario de la Asamblea Legislativa, donde, el 2 de noviembre, el pleno de los congresistas deberá votar en primer debate alguno de los dictámenes, según lo establece el Reglamento legislativo.
Edel Reales, jefe de la Secretaría del Directorio legislativo, explicó en Parlamentocr, canal oficial del Congreso, el proceso que viene.
“Hasta el 25 de octubre (este domingo), los señores diputados tienen plazo para poder entregar sus dictámenes; hasta ese momento podemos saber qué tipo de dictamen es; si es un dictamen de mayoría o si son todos de minoría, y eso lo va a determinar la firma de los diputados que suscriban el documento”, dijo Reales.
El Reglamento legislativo señala que los dictámenes deberán entregarse antes de las 11 p. m. del 25 de octubre y tendrán que estar disponibles para consultas de los diputados.
Reales explicó que el dictamen en contra del Presupuesto deberá llevar una parte contable, que es donde, además del texto presentado por el Poder Ejecutivo, se le agregarán las mociones aprobadas por Hacendarios.
Primer debate. Tras la presentación de los dictámenes, el Presupuesto pasará a primer debate en el plenario, donde se le dará prioridad sobre cualquier otro asunto.
“Lo usual que establece la norma del Reglamento, es que se discute el dictamen que tiene más firmas”, comentó el jefe de la Secretaría del Directorio.
No obstante, mediante moción de orden, el plenario podría convertirse en comisión para ajustar el Presupuesto. En ese caso, la Presidencia de la Asamblea daría un plazo de cinco días hábiles para presentar mociones nuevas o mociones de reiteración de propuestas rechazadas en comisión.
Vencido este plazo, la Secretaría no dará curso a nuevas mociones.
Si el martes 27 de noviembre, a las 11:55 p. m. no se hubiera agotado la discusión del proyecto, se dará por terminada la discusión y también por aprobado el Presupuesto.
Reales afirmó que es posible votar el dictamen negativo de mayoría porque los congresistas estarían haciendo ejercicio del control político.
“La manifestación es: ‘Yo, la oposición, en mi ejercicio del control político, estoy votando un dictamen, que es el texto del Poder Ejecutivo con los rebajos que yo aprobé en comisión’ y esa sería la autorización del gasto para el 2021”, expresó.
Sin embargo, si los diputados no votan el dictamen negativo de mayoría, inmediatamente deberán someter a votación el afirmativo de minoría.
La votación del Presupuesto Nacional debe efectuarse cada año, según el artículo 178 de la Constitución Política pues, si no se aprueba, se corre el riesgo de que el Estado se quede sin dinero para funcionar.
Segundo debate. Luego de que alguno de los dictámenes sea escogido, discutido y aprobado en primer debate, el proyecto de ley para el ejercicio presupuestario ordinario del 2021 avanzará a la última etapa: el segundo debate.
La discusión del segundo debate deberá haberse concretado para el jueves 29 de noviembre; si no se ha cerrado la sesión a las 11:30 p. m., esta se dará por agotada y el proyecto se someterá a votación de inmediato, sin más discusión.
Antecedente. En el 2014, cuando se discutió el presupuesto ordinario del 2015, el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, exdiputado del PAC, decidió aprobar él, en solitario, el proyecto en su trámite de primer debate.
Esa votación resultó en una polémica, pues a pesar de la votación negativa de tres informes sobre ese plan de gastos presentado por el gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís, Mora decidió elegir por sí mismo la aprobación del proyecto tal como fue presentado por el Ejecutivo.
“El antecedente más cercano que tenemos en relación con este proceso fue en el 2015, con don Henry, cuando hubo tres dictámenes de minoría, y eso va a ser determinante para el proceso en el que nos encontramos actualmente”, recordó Edel Reales, en la entrevista de Parlamentocr .
Reales aseguró que, en el caso del 2014, hubo dictámenes negativos de minoría, pero no tenían la parte contable y solo el del Gobierno lo poseía, razón con la que Mora se justificó.
Al resolver una acción de inconstitucionalidad sobre lo ocurrido, la Sala IV le llamó la atención a Mora y lo acusó de “usurpar competencias” que poseía.
“El presidente de la Asamblea Legislativa, así como también las comisiones que nacen de esta, no pueden prevalecer sobre el plenario, de modo que, como órganos de la Asamblea (...), no pueden ni deben impedir la formación de la voluntad general”, indicó la resolución.
En esta, los magistrados indicaron que había vicios en el proceso y alertaron sobre un vacío normativo para resolver la situación, donde fueron desechados todos los informes y solo quedó el proyecto del Gobierno.
“Sobre esa situación, que pasó en el 2015, cuando se presentó una acción de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional partió de dos elementos fundamentales: (...) que los diputados tienen un control polí
tico y de rigurosidad del gasto público y, tienen todo su derecho a manifestar su negativa a esa autorización que se hace por parte del Poder Ejecutivo”, explicó el jefe de Secretaría del Directorio.
No obstante, Reales indicó que hay un criterio constitucional que obliga a la autorización de gasto porque, si no, el Estado entraría en crisis.
“Hace cinco años, la Sala señaló: ¿Es válido que los diputados se manifiesten en contra de la autorización de gastos? Sí es válido, pero hay un obligación constitucional de aprobar”, agregó.
Más recortes. Silvia Hernández, diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, indicó que, tras lo ocurrido este martes, el Presupuesto debe continuar su trámite previsto.
“Durante el trámite del plenario, seguiremos reiterando la imperiosa necesidad de atender con la mayor responsabilidad la situación fiscal que enfrenta el Estado costarricense; en esta oportunidad, en el presupuesto”, afirmó Hernández.
Por su parte, María Inés Solís, congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), manifestó su molestia por la actitud del PAC y las prácticas dilatorias que impidieron hacer ajustes al gasto.
“El plan sigue siendo realizar un verdadero recorte del gasto, que mande una señal a los organismos y a las calificadoras de riesgo, de que el país puede retornar al equilibrio fiscal. Estamos muy preocupados por el servicio de la deuda y la posibilidad de caer en situación de impago”, dijo.
La socialcristiana aseguró que aún no es posible adelantar criterio, pues la estrategia se debe acordar entre varias fracciones.
“Considero que debe unirnos la idea de presentar una moción de consenso en donde se realicen recortes bajo ciertos criterios que nos permitan priorizar los programas económicos y sociales que todos defendemos”, agregó.
Por su parte, el diputado oficialista, Enrique Sánchez, dijo que su compromiso en el PAC es que se presentará en el informe afirmativo de minoría con una propuesta de recorte.
“Ese recorte tendrá que garantizar, como no lo hacen algunos de los recortes propuestos en la Comisión, que el Estado tenga la capacidad de responderle a la ciudadanía cuando lo necesita”, manifestó.