PAC propone revisar los destinos específicos del presupuesto uno por uno
Laura Guido y Nielsen Pérez, diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), sugieren abrir la discusión para revisar, uno a uno, los 150 destinos específicos contenidos dentro del Presupuesto de la República, con el fin de sanear las finanzas públicas.
La idea de las legisladoras, integrantes de la comisión de Asuntos Hacendarios, es que el debate sobre la crisis fiscal también verse sobre la necesidad de mantener estas transferencias fijadas por ley y por Constitución, al igual que se discute sobre el manejo de la deuda y la reactivación económica.
Así lo expusieron en su informe de minoría sobre el Presupuesto del 2021, en el que recomiendan al plenario legislativo aplicar un recorte de ¢150.000 millones (1,3%), elaborado por el Ministerio de Hacienda, sobre la versión original de ¢11,45 billones presentado por el Gobierno.
El PAC optó por esta idea luego de bloquear, en la Comisión de Hacendarios, las mociones de recorte presentadas por los bloques de oposición, con el argumento de que dejarían en “cierre técnico” a muchas instituciones.
Las legisladores oficialistas alegaron que esa no es la vía para reducir el gasto público, sino que se debe recurrir a reformas legales.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el Presupuesto del 2021, reveló que 150 destinos específicos consumirán ¢9 de cada ¢10 que los contribuyentes pagan en impuestos. En total, estos rubros demandan ¢4,25 billones que deben ser girados a diversas instituciones.
Aunque no exista el dinero y el país esté en crisis, la Constitución Política y las leyes ordenan al Gobierno entregar determinadas cantidades de recursos a numerosas instituciones públicas, mecanismo que se conoce como destinos específicos.
La CGR recomendó revisar los destinos constitucionales.
Análisis. Al respecto, el informe de minoría del PAC dice: “La revisión de cada destino específico y su vigencia actual son solo parte de ese espacio ineludible de atención para un verdadero debate responsable sobre el gasto público, ese debate estructural”.
Según expresaron las diputadas, la discusión se debe encausar tomando en cuenta que el próximo presupuesto de la República tiene una rigidez del 92%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que Costa Rica tiene el segundo gasto más inflexible de América Latina.
Las oficialistas escribieron en su dictamen: “Es inevitable que, una vez agotado el espacio de aquello que resulta superfluo, el debate ya llegue al punto en que debemos decidir: ¿a qué estamos dispuestas y dispuestos a renunciar ante la insuficiencia de recursos, ante la necesidad ineludible de recurrir menos a la deuda y la realidad innegable de que los ingresos corrientes son insuficientes?”.
“¿Cuáles destinos específicos estará dispuesta la Asamblea Legislativa a afectar en la ruta de concretar más reducción del gasto primario vía presupuesto?”, reflexionan las legisladoras.
Acto seguido, añaden: “Educación, salud, pensiones no contributivas, niñez, atención a personas vulnerabilizadas, inversión social, Poder Judicial, infraestructura a través de Conavi, infraestructura a través de municipalidades, asociaciones de desarrollo, son algunas de las 150 opciones, pero pocas de estas representan montos sustanciales sobre los cuales sea posible, pero jamás deseable, recortar el gasto”.
Guido y Pérez señalan que el presupuesto del próximo año tiene una mayor rigidez si se analiza por partidas.