BCR y Nacional apoyan quitar cargas parafiscales y pagar dividendo único
››conape e Infocoop temen que los recursos no les lleguen como hasta ahora
El Banco de Costa Rica (BCR) y Nacional ven con buenos ojos la idea de eliminar las cargas parafiscales del Estado y transformarlas en un dividendo único (un monto de sus utilidades que le darían a su dueño).
La idea la propusieron los gerentes de las mismas entidades en enero de este año y quedó incorporada dentro del plan al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Gobierno retiró.
Las cargas parafiscales son porcentajes de sus utilidades que las entidades deben entregar a distintas instituciones. Por ejemplo, a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), los bancos le aportan el 5% de sus utilidades.
En el caso de los bancos estatales, el de Costa Rica y el Nacional, deben aportar, además, 3% a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), 10% al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), 5% al Fondo de Financiamiento
para el Desarrollo (Fofide) y 15% al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
“En el Banco de Costa Rica, hemos tenido reuniones tanto con autoridades del Gobierno como con los señores Diputados, donde hemos propuesto la eliminación de las cargas parafiscales, a cambio de un pago de dividendos único anual para el Gobierno, y que sea el Estado quien decida cómo distribuir esos dineros”, dijo Douglas Soto, gerente del BCR.
“Asimismo, tiene la ventaja que eliminaría contingencias fiscales y judiciales, que generan en los bancos provisiones importantes que limitan los recursos para el crédito”, añadió Soto.
Las contingencias se refieren a interpretaciones de la ley que las instituciones hacen, y al no estar de acuerdo se dirimen en los tribunales.
Por su parte, Reinaldo Herrera, director de Finanzas del Banco Nacional, consideró que, independiente de la propuesta con el FMI, ven positiva esta iniciativa.
“En lo que concierne al tema de las cargas parafiscales, el Banco Nacional observa positivamente que se centralicen en un pago unificado al Ministerio de Hacienda (…). De esta manera, el Gobierno podría determinar sobre sus prioridades, cuáles deben ser los destinos de esos recursos, según la realidad del país en su momento”, indicó Herrera.
En la propuesta al FMI, el Ministerio de Hacienda explica que la intención del Gobierno es una reforma legal para cambiar la manera cómo se distribuyen las utilidades de los bancos comerciales del Estado, para que éste, como corresponde en su rol de propietario único de éstos, sea el beneficiario directo de las ganancias obtenidas, en lugar de entregarlas a otras entidades por medio de los destinos específicos.
Añade que la eventual modificación tiene la ventaja de generar mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los bancos comerciales; ya que se determinará la forma de cálculo de estas cargas parafiscales, pues en algunos casos los aportes se pagan antes de impuestos, pero en otros, se calculan luego de pagar impuestos.
“No se pretende la eliminación total de estos aportes parafiscales, sino su transformación en un único pago que sería entregado al Gobierno Central, el monto sería menor al actual, con lo cual ambas partes se ven beneficiadas: el Gobierno porque recibe recursos frescos adicionales al impuesto sobre la renta que pagan los bancos del Estado y los bancos pues pueden fortalecer su capital aumentando su capacidad de incrementar el crédito y bajando el margen de intermediación”, añade el documento.
Se consultó al ministro de Hacienda, Elian Villegas, sobre el monto que recibirían las entidades pues sería menor y prefirió no emitir opinión sobre los temas de esta propuesta. En ella, las cargas parafiscales destinadas al IVM se conservarían como están en la actualidad.
De acuerdo con este documento, los pagos realizados en parafiscales por los dos bancos del Estado en los últimos cinco años alcanzan los ¢112.458 millones; cerca de ¢22.500 millones por año.
En contra.
Conape e Infocoop, dos de las entidades consultadas sobre la propuesta de eliminar las cargas parafiscales manifestaron su rechazo a esta iniciativa porque temen que los recursos no les lleguen como hasta ahora.
“Tal y como estaba planteado el asunto en la propuesta retirada (del FMI), los recursos que recibiría en primera instancia el Gobierno, no garantizarían del todo el traslado de los mismos a la institución, dado que la redacción del apartado referido a este tema, hace presumir hasta la posibilidad de no recibir recursos, dependiendo de la situación fiscal que esté atravesando el país”, comentó Efraín Miranda, secretario ejecutivo de Conape.
“La posición de nosotros es negativa en torno a que nos dejen de seguir dando el 10% de las utilidades y esto radica en varias razones”, dijo, por su parte, Alejandro Ortega, director ejecutivo de Infocoop. Citó como la primera, que los recursos se prestan directamente a cooperativas que no tienen acceso al sistema bancario y la segunda que al pasar los recursos por la caja única del Estado, en lugar del traslado directo, habría más costos y se podrían desaprovechar parte de los recursos.▪