MOPT prevé ‘cero posibilidad’ de más crédito para obras
Ministro ve alianzas público-privadas y concesiones como únicas alternativas
Las opciones de desarrollar una decena de proyectos viales que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) enlistaba a inicios de año se redujeron. No hay recursos propios para completar las obras planeadas y tampoco margen para solicitar nuevos financiamientos.
Así lo expuso el jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, durante el foro organizado por La Nación denominado “Efecto de la pandemia sobre el desarrollo de infraestructura”.
“Lo que veo que nos va a pasar en el sector, es que vamos a tener un límite de gasto restringido, y me parece que vamos a tener cero posibilidad de crédito público para nuevas obras. Van a pasar varios años sin que podamos disponer de mayores recursos”, advirtió el ministro, tras enlistar una serie de obras que ya fueron descartadas a causa de los recortes presupuestarios.
La radial a Desamparados, la radial a Heredia, la vía a Sarchí, el túnel frente a la fuente de la Hispanidad, la intersección entre Santa Ana y la ruta 27 (que sería considerada como aporte estatal para la ampliación de la vía), así como la extensión de los puentes en la ruta entre Limón y Sixaola se encuentran en aquella lista.
Tampoco se va a poder disponer de un crédito por $120 millones con el cual se pretendía atender más de 450 puentes en estado crítico, que fueron señalados por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), como de urgente reparación.
En su exposición, el funcionario apuntó que el presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) es el más golpeado. Este órgano empezó el año con un disponible de ¢185.000 millones y a mediados de julio, más bien hubo que correr para que no se paralizara su operación.
Según Méndez, entre los rebajos por la aplicación de la regla fiscal, impuesto al valor agregado (IVA) en construcción, facturas del año anterior que habían quedado sin pagar y las reducciones aprobadas por la Asamblea Legislativa en el presupuesto extraordinario, hubo una disminución de ¢57.000 millones.
“Estas rebajas se produjeron en julio y para entonces ya habíamos erogado los recursos del primer semestre, ¢90.000 millones, y teníamos más bien facturas por pagar de ¢12.000 millones. Tuvimos que correr para llenar un hueco porque si no nos hubiéramos paralizado totalmente y enviamos a la Asamblea Legislativa una transferencia presupuestaria tomando recursos prestados de dos carreteras: la carretera a Limón y la carretera a San Carlos, por ¢22.000 millones, que se lograron incorporar a nuestro presupuesto y con eso acortamos las rebajas a ¢35.000 millones, quedando con un presupuesto de ¢150.000 millones para este año”, detalló el superior del MOPT.
Desde su óptica, esos recursos deberán ser reintegrados en el presupuesto del próximo año y una parte en el 2022.
“Esa es la realidad que nos ha mantenido en congojas. En el Conavi hemos estado haciendo gestiones para no paralizar la atención de la red vial y las emergencias”, recalcó.
El ministro añadió que el próximo año dispondrán de ¢155.000 millones, aunque incluso ese monto es aún incierto.
Con ese presupuesto, subrayó, es “imposible” realizar la totalidad de las obras necesarias y la atención completa de la red vial nacional.
Camino a seguir. Méndez, Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), y el presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Esteban Acón, coincidieron, durante el foro de discusión, en que ante la imposibilidad de inversión con recursos propios, el camino a seguir debe ser enfocado en la atracción de capital privado.
Según el responsable de la cartera de transportes, la idea ahora es dejar al menos estructurados proyectos mediante alianzas público-privadas y concesiones. Además considera necesario valorar el reciclaje de activos, lo que consiste en ceder la administración de obras terminadas a empresas privadas que a cambio paguen al Estado un monto que pueda ser reinvertido en nuevos proyectos; lo que implicaría que los usuarios deban pagar peajes por vías que ya existen.
“En el crédito que se aprobó, recientemente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para las obras impostergables, la carretera a San Carlos y las obras en Cartago, se incorporaron $5 millones para el fortalecimiento de las concesiones y las alianzas público-privadas (...) Cualquier proyecto que realmente fortalezca la materia es bienvenido, sobre todo tomando en consideración que es la única vía que vamos a poder utilizar en los próximo años”, aseveró el funcionario público.
Mientras tanto, para Acón, es urgente mejorar la institucionalidad si se quiere atraer a socios privados.
“Las alianzas público-privadas se satanizaron por un tema meramente político y por un periodo muy grande, hablar de concesiones era mala palabra en el país; cuando está probado en diversos países que es la solución para hacer infraestructura sin que el estado tenga que aportar
”Como sector tenemos que juntarnos y ver cómo propiciamos mejoras a la ley actual, de manera que fortalezcamos a los entes y capacitemos a las personas en las instituciones que serían los llamados a ser el socio, ya que es fundamental para que llegue a buen puerto”, argumentó.
Por su lado, el director del CFIA, defendió el proyecto de ley que busca fortalecer este tipo de alianzas y que actualmente se encuentra en el Congreso.
En su criterio, dos de las principales fortalezas de la iniciativa de ley, que ya fue dictaminada, es que da un marco jurídico que vendría a quitar el temor que tienen los funcionarios públicos, pues es evidente que hay un faltante de capacitación entre quienes deben manejar estos temas en la parte estatal, pues durante años se ha trabajado únicamente con la ley de concesiones.
“El Consejo Nacional de Concesiones ha funcionado con una ley muy débil, con una Junta Directiva fuerte, con responsabilidades altísimas, pero sin soporte financiero y con una debilidad estructural que se ha visto en todos los problemas de las pocas concesiones que hemos llevado adelante.
”Se necesita una ley marco mucho más general que dé posibilidad a otras figuras de alianza público-privadas y que genere una fortaleza en la institucionalidad”, agregó.
Por último, Méndez reconoció la falta de institucionalidad en esa área para hacer frente a la tarea que se avecina e insistió en el apoyo al que acudieron del BID para fortalecer concesiones.
“Tendremos que producir reformas importantes a las leyes y a la modalidad de la contratación, no podemos ver las concesiones como obras de infraestructura, tenemos que verlo como negocios financieros. La capacitación que se requiere para el manejo de esas estructuras, todavía no se ha dado”, puntualizó.