Diputado Prendas evade referirse a criterio que lo obligaría a devolver cesantía
Por medio de vocero, indicó que espera conocer con más detalle resolución de la PGR
aaron.sequeira@nacion.com
El diputado Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República, evadió responder preguntas de los medios de comunicación sobre un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), el cual lo obligaría a devolver los ¢9 millones de cesantía que cobró al pasar de asesor legislativo a congresista, en el 2018.
A través de su encargado de prensa, el independiente aseguró este lunes que no se va a referir de ninguna forma al asunto “hasta conocer con más detalle el criterio de la Procuraduría”.
El congresista también respondió, por vía indirecta, que esperará conocer la posición de los departamentos administrativos de la Asamblea Legislativa antes de evacuar cualquier consulta.
En el criterio C-414-2020, con fecha del 22 de octubre, la Procuraduría confirmó una opinión que obligaría al diputado a retornar el monto que le pidió a la Asamblea Legislativa por concepto de cesantía.
A principios del 2018, el actual congresista era asesor legislativo. En abril de ese año, dejó dicha labor para pasar, de inmediato, a ser legislador y le pidió al primer Poder de la República el pago del auxilio de cesantía por el puesto que ya no ocupaba.
La Nación dio a conocer el criterio de la Procuraduría este lunes.
Se trata de una respuesta enviada al presidente de la Asamblea, Eduardo Cruickshank, a varias preguntas que hizo su antecesor Carlos Ricardo Benavides, el 31 de julio del 2019, para ampliar un criterio de la PGR de junio del año pasado.
El abogado del Estado respondió que no corresponde que un asesor cobre el auxilio de cesantía cuando termine su relación laboral con la Asamblea si, de inmediato, va a ejercer un cargo para el que fue elegido popularmente por un plazo determinado.
“No existe fundamento jurídico que autorice al Estado a pagar el auxilio de cesantía al servidor en el supuesto consultado”, argumentó la institución.
Además, el ente procurador advirtió a la administración legislativa de que “bajo ninguna circunstancia, una práctica anómala o costumbre administrativa contraria a la ley puede convertirse en fuente de derecho”.
Criterio en estudio. La primera secretaria del Directorio, la liberacionista Ana Lucía Delgado, explicó que la opinión de la Procuraduría no ha llegado a su despacho, pues lo recibió directamente de Cruickshank.
“Lo que procede es una lectura obligada de los contenidos, lo que resuelve la Procuraduría y revisar qué había consultado el anterior presidente legislativo”, subrayó Delgado.
La verdiblanca también argumentó que es necesario revisar el criterio de la Dirección de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa, que es básicamente contrario a lo dicho por la PGR.
Por su parte, la segunda secretaria, la socialcristiana María Vita Monge, respondió a través de su encargado de prensa que prefiere “no adelantar criterio, en aras de no viciar el proceso que eventualmente corresponderá resolver en el Directorio”.
Argumentos. Prendas fue asesor legislativo desde el 2011. Laboró para tres diputados del partido Restauración Nacional: Carlos Avendaño, Fabricio Alvarado y Alexandra Loría.
El 19 de abril del 2018, exactamente 11 días antes de asumir la curul, el involucrado presentó un reclamo formal para exigir el pago de los derechos laborales “en virtud de haber finalizado su relación de trabajo con la Asamblea”.
La administración legislativa le giró a Prendas dicho monto por prestaciones legales, integrado por ¢8,4 millones por 154 días de cesantía y ¢600.000 por vacaciones.
El pago fue aprobado cuando el fabricista ya era diputado y de ese modo se acordó cancelarle el aguinaldo y el salario escolar también.
No obstante, la Procuraduría insistió en que solo se deben pagar prestaciones cuando un trabajador quede efectivamente desempleado por el Estado. Si esa condición no se da o desaparece, entonces también se anula el supuesto que permitía el pago de la cesantía.
Además, como los legisladores no tienen derecho a cobrar cesantía, el criterio de la Procuraduría es que, al final de su ejercicio, no se le puede pagar ese rubro específico a la persona.
Como antecedente, la Dirección Ejecutiva del Congreso tenía el caso de Prendas congelado, a la espera de las respuestas de la Procuraduría General de la República. Ahora, el director, Antonio Ayales, aguarda por instrucciones del Directorio sobre el asunto.
“no EXISTE Fundamento Jurídico QUE Autorice AL Estado A PAGAR EL AUXILIO de CESANTÍA AL Servidor En EL SUPUESTO Consultado”. Procuraduría General de la República Criterio