Gobierno y varios sectores instan a diputados a reducir la deuda política en un 40%
›También coincidieron en impulsar la aprobación definitiva del plan de ley de Hacienda Digital
En el marco del diálogo multisectorial convocado por el Gobierno, los participantes acordaron este sábado instar a los diputados a que reduzcan la deuda política en un 40%, así como que aprueben el proyecto de ley de Hacienda Digital, para mejorar la recaudación de impuestos.
La decisión se tomó en la VI jornada en la cual intervinieron delegados del Poder Ejecutivo, empresarios, grupos de mujeres, sindicatos, cooperativistas, solidaristas, representantes religiosos u otros.
El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en Belén, Heredia.
Los asistentes también coincidieron en la necesidad de promulgar una nueva ley de aduanas que evite el contrabando y la evasión, así como impulsar la obligatoriedad, para todas las instituciones del Gobierno Central, de utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
El mandatario Carlos Alvarado
agradeció a los sectores el compromiso y la disposición de trabajo de quienes acudieron.
“Siempre dialogando y coordinando para, de manera conjunta, resolver los problemas que tenemos como país, en materia macroeconómica por la pandemia del covid-19, pero yendo también más allá, para resolver problemas como el desempleo, la pobreza y la reactivación económica. Quiero agradecer, sinceramente, a todas las personas que han participado en este esfuerzo”, expresó el jerarca.
Solicitud. El plan de reducción de la deuda política se da poco después de que los legisladores aprobaran, a finales de setiembre, ¢34.400 millones para financiar los gastos de los partidos políticos para las elecciones nacionales del 2022 y las municipales del 2024.
Esto a pesar de que tenían la posibilidad de ahorrarles a los contribuyentes hasta ¢13.800 millones con un fuerte recorte al gasto electoral.
Un segundo punto acordado por el Poder Ejecutivo y los sectores es la elaboración de una nueva ley de aduanas que el Ministerio de Hacienda tendría lista en diciembre de este 2020 y el gobernante convocaría en sesiones extraordinarias del Congreso.
Entre otros aspectos, la iniciativa planteará la creación de un sistema centralizado que facilite la recaudación y dificulte el contrabando de mercancías, el mecanismo más utilizado para la evasión de impuestos.
Para ello se implementará una red de escáneres y demás herramientas no intrusivas en puertos, aeropuertos y en puestos fronterizos, los cuales permitirían identificar el ingreso o salida de productos sospechosos del país.
“Esto lo que quiere decir es poder controlar no solo lo que entra y lo que sale del país por los escáneres, sino, además, qué pasa con la carga cuando se mueve dentro del país”, explicó Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos del Ministerio de Hacienda.
Adicionalmente, el Ejecutivo y los sectores coincidieron en impulsar la aprobación definitiva del proyecto de ley de Hacienda Digital para el Bicentenario.
Dicha iniciativa comprende la modernización, digitalización e integración de los 59 sistemas de información de esa cartera.
Para ello, es necesario el visto bueno de un crédito de $156 millones del Banco Mundial (BM) para modernizar los sistemas informáticos de ese ministerio.
La iniciativa está actualmente en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, con dictamen afirmativo.
Según explicó Hernández, el aval de los planes citados son acciones que están estrechamente relacionadas.
“¿Qué nos permite? Haciendo flujos de información, de trazabilidad entre los sujetos que están tributando y los sujetos que están importando o exportando y que están registrados en aduanas. Esa comunicación, ese perfil de personas obligadas tributariamente, se va a mejorar muchísimo con la información que podamos extraer del proyecto de Hacienda Digital”, subrayó la viceministra.
En cuanto a la obligatoriedad de que las instituciones públicas compren mediante el Sicop, dicha iniciativa establece que cualquier gestión que no se realice por esa vía, sería declarada como ilegal.
Hasta el momento, solo el 85% de las entidades públicas emplean ese sistema de compras, el cual permite mejores precios, menores costos de transacción en términos de tiempo y gestión, así como mayor estandarización de los procesos y mayor eficiencia dentro de la administración pública.
Sin embargo, el mecanismo de adquisiciones electrónicas todavía no ha sido del todo digerido por grandes compradores del Estado como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Los puntos discutidos forman parte de una lista de 223 propuestas, en materia fiscal, presentadas por los sectores.
Todas las iniciativas se sometieron a votación de los participantes, quienes las eligieron por orden de prioridad.
Posteriormente, estas fueron analizadas por los equipos técnicos del Gobierno y de los sectores.
Las mesas de diálogo ya abordaron asuntos de reactivación económica, pobreza, desempleo y fiscales.
Las próximas jornadas, que serán en las semanas venideras, se enfocarán en:
•Gestión de la deuda pública
•Evasión, elusión, fraude fiscal y eficiencia tributaria
•Activos del Estado
•Ingresos y exoneraciones
•Inversión, eficiencia y eficacia del gasto público